El Hito 38 estuvo casi diez años solo. Nosotros no, por Jamer López Agustín

*Presidente de la Organización Regional AIDESEP Ucayali (ORAU)

En el extremo oriental de Ucayali hay una piedra que separa dos países. De un lado está la comunidad asháninka de Sawawo Hito 40, en el Perú. Del otro está Apiwtxa, en el estado brasileño de Acre. Para los mapas son dos jurisdicciones distintas. Para nosotros son la misma familia extendida, con los mismos abuelos, la misma lengua y los mismos muertos. La frontera nos dividió en el papel; nunca nos separó en la vida.

Empiezo por ahí porque casi toda discusión sobre esta frontera empieza mal cuando empieza por el mapa. Para nuestros pueblos el territorio no es una parcela ni una propiedad: es el espacio donde vive nuestra cosmovisión, donde se transmiten el idioma y el conocimiento de la medicina, donde están enterrados nuestros antepasados y donde rigen normas propias de convivencia. El territorio es un cuerpo y es una historia. Por eso, cuando se decide algo sobre él sin consultarnos, no sentimos un trámite incumplido: sentimos una rotura.

Y en esa rotura han crecido otras cosas. El puesto de control fronterizo del Hito 38 permaneció abandonado durante casi una década. En ese tiempo, el Comando Vermelho y las economías ilegales aprendieron el camino de los ríos y de las trochas mejor que cualquier funcionario. Nadie ocupa un vacío con discursos: lo ocupa quien llega. Si nosotros no lo ocupábamos con organización propia, iba a ocuparlo otro. Ya estaba ocurriendo.

Por eso, desde ORAU, junto con ACONADIYSH y AIDESEP, impulsamos la restauración del Hito 38 y la instalación de la Guardia Indígena Transfronteriza Perú–Brasil. Quiero decirlo sin adornos: no lo hicimos porque quisiéramos reemplazar al Estado. Lo hicimos porque el Estado no estaba, y porque los apus y monitores que enfrentan a la tala ilegal y al narcotráfico reciben amenazas de "plata o plomo", sufren atentados y, en varios casos, han sido asesinados, a varios días de navegación del puesto policial más cercano.

Ese acto de emergencia es parte de una propuesta política ordenada. Hoy la Comisión Transfronteriza Juruá, Yurúa y Alto Tamaya reúne a 28 territorios indígenas de 13 pueblos de ambos países, con ORAU y ACONADIYSH del lado peruano y OPIRJ y APIWTXA del lado brasileño. No es un invento reciente ni la ocurrencia de una gestión: llevamos cinco años en esto, con asambleas comunitarias, congresos y encuentros binacionales. Lo que hicimos fue nombrar y ordenar un tejido territorial que ya existía antes de que existiera la línea de frontera.

Cada vez que presentamos esto nos preguntan lo mismo: si estamos reclamando un territorio fuera del control estatal. La respuesta es no, y conviene entenderla bien. Lo que estamos construyendo es una autonomía dentro del Estado: una autoridad territorial indígena que decida en asamblea qué se hace con el bosque, cómo se vigilan los ríos, cómo se resuelve la superposición de intereses entre pueblos distintos. Esas estructuras no sustituyen al Estado. Llenan el hueco que el Estado dejó y, al mismo tiempo, nos dan la fuerza organizada para exigirle que cumpla lo que firmó, empezando por el Convenio 169 de la OIT.

Lo digo con todas sus letras: la autonomía indígena es la garantía de la presencia del Estado, no su negación. Llevamos décadas pidiendo esa presencia con oficios y solo recibimos promesas. Hoy la pedimos con una plataforma binacional que puede recibir al Estado, coordinar con él y evaluarlo.

Hay una razón adicional para la urgencia. En esta misma franja está la Reserva Indígena Murunahua, de 470.305,89 hectáreas, creada para proteger a los pueblos Chitonahua y Mashco Piro en aislamiento y al pueblo Amahuaca en contacto inicial. Son los más vulnerables entre los vulnerables: un contacto no controlado, una epidemia o una invasión pueden significar su exterminio. Desde 2011 venimos sosteniendo ante el Estado la propuesta del Corredor Territorial Pano Arawak, en el marco de la Ley 28736, y seguimos esperando una implementación con fuerza real. Valoramos que en mayo de 2026 los ministerios de Salud del Perú y del Brasil se reunieran en Pucallpa con la OPS/OMS para avanzar en un plan de contingencia binacional; pero un plan sanitario para los PIACI que se diseña sin las organizaciones indígenas en la mesa nace incompleto.

El 28 de julio de 2026 asumió un nuevo gobierno en el Perú, y con él se abre una ventana que no deberíamos desperdiciar. La seguridad soberana en la Amazonía no se defiende con anuncios en Lima: se defiende con presencia efectiva en el Hito 38, en el Hito 40C y en cada punto donde hoy el crimen organizado transnacional entra y sale sin que nadie lo registre. Nosotros somos la primera información, la primera alerta, la única presencia y muchas veces la única muerte. Tratarnos como aliados estratégicos de la seguridad nacional, y no como una zona ingobernable que hay que administrar desde lejos, es exactamente la diferencia entre una frontera protegida y una frontera entregada.

Al Brasil le decimos lo mismo, porque el Comando Vermelho y otros grupos criminales cruzan la línea en ambos sentidos y ninguna estrategia unilateral va a funcionar. Hace falta coordinación binacional de inteligencia, patrullaje conjunto y persecución penal articulada, con las organizaciones indígenas fronterizas como socias reconocidas y no como observadoras invitadas.

Y hace falta entender que la ausencia de servicios no es un problema aparte del problema de seguridad: es su antesala. Donde no hay posta, ni escuela intercultural, ni energía, ni alternativa económica, la economía ilegal ofrece lo único que parece llegar rápido. Educación intercultural bilingüe con maestros formados en su propia cultura, salud itinerante que cruce la frontera sin condiciones, conectividad, transporte fluvial y economías indígenas sostenibles no son concesiones: son política de seguridad.

No pedimos privilegios. Pedimos que el Estado peruano y el Estado brasileño cumplan lo que les corresponde en un territorio donde, durante décadas, solo estuvimos nosotros. La Guardia Indígena Transfronteriza y la reapertura del Hito 38 ya demostraron que los pueblos indígenas sabemos organizarnos frente a la crisis. Falta que los gobiernos respondan con la misma determinación.  El Yurúa–Juruá–Alto Tamaya no es una frontera olvidada. Es un territorio vivo, binacional, defendido por sus propios pueblos. Lo único que esperamos es que deje de ser un territorio abandonado.