TC debe transparentar su gestión

La renuncia de Luz Pacheco Zerga a la presidencia del Tribunal Constitucional obliga a leer este episodio con toda su historia encima. El TC que actualmente enfrenta una crisis interna por presuntas redes de trabajadores irregulares es el mismo que avaló la excarcelación de Alberto Fujimori, el mismo que en noviembre de 2025 confirmó la constitucionalidad de la Ley 32107, que establece la prescripción de crímenes de lesa humanidad cometidos antes del año 2002. Es el mismo que lo hizo mientras la Corte Interamericana ordenaba expresamente al Perú no adoptar esa norma, calificando su aprobación como incumplimiento directo de sus disposiciones.

La propia Pacheco Zerga votó a favor de la constitucionalidad de esa ley. Su renuncia por razones de integridad administrativa llega cargada de una contradicción que el país tiene derecho a señalar: quien exige transparencia interna participó de decisiones que desacataron el orden internacional de derechos humanos.

Sin embargo, esto no resta gravedad a lo que denuncia. La existencia de trabajadores fantasmas y una presunta mafia de funcionarios protegida por una mayoría de magistrados es una crisis institucional de primer orden. Pero la coloca en su dimensión real: el TC acumula una deuda con la democracia que va más allá de su gestión administrativa. Es una deuda con las víctimas de La Cantuta, de Barrios Altos, de Pativilca, cuyos casos podrían quedar sin justicia si la Ley 32107 se aplica con el respaldo que este tribunal le otorgó.

Hay, no obstante, una lectura que merece atención. El próximo gobierno hereda un tribunal dividido en su interpretación del derecho, con una agenda propia sobre impunidad y derechos humanos.

Ante ello, el guardián de la Constitución se debe a ella en su totalidad. En ese sentido, y bajo el mismo principio de transparencia, que Pacheco Zerga reclama hoy con justa razón, es la misma que este TC le negó al país en más de una ocasión. Esto es el núcleo del debate que estas páginas editoriales seguirán exigiendo por parte del Estado y quienes lo administran que, en el caso del pacto corrupto, se trata de abusos contra la ley.