El poder real detrás del trono político, por Marianella Ledesma

La primera Constitución Política del Perú, que se dictó en el año 1823, afirmaba que el poder emana del pueblo y se ejerce a través de representantes. Se exigía, además, tener propiedades para no ser excluidos del ejercicio político. No es una novedad que el poder económico requiera del poder político para consolidarse; tampoco es una novedad que la élite dominante, instituciones y grupos influyentes que controlan el poder, quieran seguir conservando el establishment para que todo siga igual, pues, bajo su experiencia de vida, todo está perfecto.

En estas recientes elecciones generales, han buscado mantener el poder político; para ello se han preguntado: ¿cómo ser victoriosos en una contienda electoral con representantes políticos con poca o mínima aceptación ciudadana? Aquí algunas estrategias: a) dispersar el voto para diluir a la masa de votantes, propiciando la participación de 35 partidos políticos en la contienda; b) ampliar la oferta de escaños, de 130 a 190, repartidos en dos cámaras; y c) asumir la disputa entre dos grupos afines (Fujimori y López Aliaga), pues todo queda en familia. El plan parece haber salido muy bien para Fujimori, pues el establishment continuará. Según “Hildebrandt en sus trece” (11.05.26), el fujimorismo tendrá representación en Loreto con 890 votos, Pasco con 1688 votos, Tumbes con 1006 votos y Amazonas con 1181 votos, por citar algunos casos.

El tema central en la historia es el poder. No se trata de personas, de líderes políticos, sino de estructuras y de sistemas; por ahora aparece Keiko Fujimori como la representante del establishment económico; cuando ella no esté, vendrán otros que llegarán a cumplir la misma función, en el mismo lugar de la estructura en la que se les ubique, para aplaudir y defender el modelo económico que, desde hace casi tres décadas, mantiene al Perú bajo una economía extractivista que se reduce a exportar minerales. La bonanza del hoy está acompañada por su precio en el mercado internacional.

Ello es una variable coyuntural e incierta, frente a lo concreto: somos un simple país extractivista de minerales que no ha dado el salto hacia la industrialización de sus materias primas; a ello se agrega que la desigualdad estructural entre las provincias y el centralismo de la capital se siguen manteniendo. Según informe del INEI, se confirma una mayor concentración de la pobreza en áreas urbanas, destacando Lima con 3.2 millones de personas pobres, con mayores problemas de inseguridad alimentaria y manteniendo la pobreza por encima de los niveles previos a la pandemia.

Hay interés en mantener esta estructura de desigualdad y, para ello, las élites económicas financian partidos, candidatos, encuestadoras, periodistas, abogados, medios de comunicación, etc. Todo lo que se mueve es reflejo del interés económico del momento; si no cambia la estructura económica, difícilmente cambiará la estructura política.

Frente a ello aparece otra estructura insurgente, paralela, que genera desborde, desorden e informalidad. Mueve la economía extractivista del mineral bajo un escenario delictivo de extorsión y sicariato, por citar algunos ejemplos. Esta economía ilegal también busca operar con protección jurídica y perdurar en su rentabilidad ilícita y, para ello, busca el poder político para desarrollarse; si no, ¿cómo se explica que en el Congreso de la República el Registro Integral de Formalización Minera (REINFO) para la explotación minera continúe ampliándose hasta junio de 2026, con los votos de las bancadas de Fuerza Popular y Juntos por el Perú? ¿Cómo se explica que se haya debilitado la persecución y juzgamiento de las organizaciones criminales y que el resultado de la economía ilegal no pueda ser intervenido porque la ley de extinción de dominio ha sido debilitada con los votos de ambos grupos políticos?

En el libro de Moisés Naím, El fin del poder, se describe la lucha entre los grandes actores antes dominantes y los nuevos micropoderes que ahora les desafían en todos los ámbitos de la actividad humana, como es el caso de la minería ilegal y la criminalidad organizada en nuestro país. Para Naím, la energía iconoclasta de los micropoderes puede derrocar dictadores, acabar con los monopolios y abrir nuevas e increíbles oportunidades, pero también puede conducir al caos y la parálisis.

Lo que no se quiere ver

En estas elecciones nacionales estamos asistiendo a una confrontación que terminará con un ganador. En todo este torneo, el estadio ha estado lleno, las cámaras han enfocado a los jugadores y todos han discutido si hubo penal, si el árbitro cobró bien o mal. Pero el público se contenta con mirar la cancha (el árbol y no el bosque). Nadie nota que hace tiempo se cambió el reglamento, se agrandó un arco, se achicó el otro, se eligió a los árbitros, se decidió quién transmite el partido y quién puede entrar al campeonato.

El día del partido parece un ejercicio democrático porque hay público, hay balón, hay reglas y hay marcador. Lo increíble es que la gente pelea por una jugada puntual, sin darse cuenta de que el campeonato entero fue diseñado para que siempre ganen los mismos. El partido es un acto visible, pero las reglas —en su esencia— son invisibles; ello muestra cómo algo puede conservar apariencia de normalidad mientras el sistema, en su esencia, ya fue alterado. Y digo ello porque se ha buscado diluir la votación para seguir conservando el poder dentro de un escaso porcentaje de aceptación. El estadio está lleno, los hinchas animan y están eufóricos. El público grita, pero las decisiones no pasan por ellos, sino por los hilos invisibles que concentran el poder y que seguirán concentrándolo.

La barra brava en acción

La emoción del elector se explota con pancartas, guiones y consignas, todas provocadas bajo un diseño previo. Desde la gradería se vocifera: “¡Viva el golpe de Estado democrático!”. Aplaudir la propuesta de un golpe militar es socavar las bases de un sistema libre y participativo de democracia; por más que la retórica sostenga que será con fines democráticos, por la defensa de la voluntad popular o contra un fraude, no se puede admitir ello. La democracia se basa en el respeto al poder ciudadano y un golpe de Estado rompe ese acuerdo. No hay punto de coincidencia entre este binomio: democracia y golpe de Estado. Uno excluye al otro.

Es cierto que a muchos les gustan los militares, a muchos les gusta bailar esa polka, pero no todos pueden participar de ese baile ni permitirlo. Los militares no son deliberantes, dice el artículo 169 de la Constitución; esto significa que no intervienen en el debate público. Su libertad de deliberación individual está restringida por tener un rol jerárquico y disciplinado en su labor militar. Los militares acatan las órdenes sin mayor debate y están subordinados al poder civil constituido, por lo que no pueden participar en debates políticos, tomar postura pública sobre decisiones políticas ni interferir en la marcha del Estado; así lo estableció en 2004 el Tribunal Constitucional (STC 0017-2003-AI/TC).

Lo vivido en la ficción de este estadio de fútbol me hace recordar lo que, hace más de una década, Moisés Naím advertía: el poder está cambiando de manos. De grandes ejércitos disciplinados a caóticas bandas de insurgentes; de gigantescas corporaciones a ágiles emprendedores. Pero también el poder está cambiando en sí mismo: cada vez es más difícil de ejercer y más fácil de perder.