Abogada. Excomisionada de la CIDH
Camila, una niña de Apurímac, tenía 9 años cuando su padre empezó a violarla y a los 13 quedó embarazada. Cuando solicitó el aborto terapéutico al que tenía derecho, no solo se lo negaron sino que empezó a ser hostigada por las autoridades. Al poco tiempo sufrió un aborto espontáneo y la Fiscalía la acusó por el delito de autoaborto. Este caso llegó al Comité de Derechos del Niño (CDN) que en el 2023 dictaminó que se habían violado los derechos a la vida y la salud de Camila y pidió al Estado la despenalización del embarazo infantil.
Mila es una niña de Iquitos, tenía 6 años cuando su padrastro la violó por primera vez y cuando cumplió 11 años resultó embarazada. El Hospital Regional de Loreto se negó a brindarle el aborto terapéutico y fue gracias a una medida cautelar del CDN que lo consiguió. En el 2024, la Guía del Instituto Materno Perinatal reconocía el daño a la salud mental por un embarazo producto de violencia sexual en niñas y adolescentes como una de las causales que ameritaban la interrupción del embarazo. Sin embargo, esto se eliminó en junio del 2025, lo cual fue reivindicado con entusiasmo por la Congresista Milagros Jauregui quien sostuvo que este hecho fue producto de su “ardua labor de fiscalización.”
Dos meses después, en Huánuco, una niña de 13 años embarazada producto de una violación, falleció luego de dar a luz en su casa. Ella seguiría viva si esa modificación no se hubiera dado. Mientras hoy el Perú celebra el Día de la Madre con flores, mensajes y homenajes, a diario 12 niñas son violadas y forzadas a la tortura de una maternidad forzada que daña su salud física y mental e incluso les cuesta la vida.
Solo en el 2026 se han dado 614 partos en menores de 14 años. Si hay una niña en su familia, piense en ella e imagine que haría si sufrieran lo que Camila o Mila. De su respuesta y de su nivel de humanidad depende que su indignación no se limite a su entorno y se extienda a impedir que más niñas peruanas sigan siendo torturadas a diario