
Si algo nos está dejando este proceso electoral es una retahíla de insultos y comentarios en redes sociales que apelan al racismo y la discriminación para descalificar la votación realizada por un sector de la población. Asimismo, la campaña incluyó ataques a la orientación sexual de los candidatos y se han producido reacciones inaceptables como una amenaza de violencia sexual contra las autoridades. Sin embargo, algunas personas están justificando estas expresiones con base en la libertad de expresión, lo cual es erróneo.
Si bien es cierto que la libertad de expresión es fundamental en una democracia y, como tal, está recogida tanto en la Constitución como en los diversos tratados internacionales de los que el Perú es parte, esta libertad no es ilimitada y tiene un vínculo indisoluble con el principio de no discriminación. Por ello, se considera que el discurso discriminatorio tiene un efecto negativo ya que limita precisamente el ejercicio de la libertad de expresión en los sectores históricamente discriminados y en situación de vulnerabilidad.
Al respecto, recomiendo leer el último informe de la Relatoría de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el cual define el discurso de odio como “aquellas expresiones que, de manera intencionada, incitan a la violencia, la discriminación, la intolerancia u otras acciones ilegales similares”. Además, este tipo de expresiones están dirigidas “contra un grupo o una persona basándose en características o estatus personales considerados motivos prohibidos de discriminación”, como la raza, el origen, el idioma, entre otros.
Sin duda, lo que estamos viviendo no es aislado ni motivado solo por la coyuntura sino que responde a la situación de discriminación estructural que perdura en el Perú, independientemente de la ideología política o del partido de turno. Y, mientras la lucha contra la discriminación no sea la prioridad, no habrá modelo económico ni partido político que nos convierta en un mejor país.

El fiscal reconoció que se configuraron elementos de crímenes de lesa humanidad, pero decidió archivar el caso, a pesar de la demanda de inconstitucionalidad presentada en 2024.

La aplicación del control de convencionalidad no solo es obligatoria, sino que nos protege contra la impunidad

Desde amenazas a parejas gays hasta agresiones sexuales, distintos casos demuestran cómo la violencia se alimenta de concepciones rígidas de masculinidad.

" Con sencillez y claridad, sin gestos grandilocuentes y con la serenidad que se logra cuando se lucha por lo correcto, Navi Pillay nos recuerda que sin derechos humanos no hay paz y, sobre todo, que aún podemos tener esperanza"

"En el reciente caso Ramos Durán, la Corte ordenó al Estado que investigara las circunstancias de la muerte de la señora Ramos y sancionara a los responsables".