La persecución judicial en campaña

Durante los últimos años, el llamado “pacto corrupto” ha desplegado desde el Congreso una estrategia sostenida de ocupación institucional. Este proceso ha tenido como eje la captura de organismos clave para el equilibrio democrático, en particular aquellos encargados de controlar y sancionar a los poderes del Estado. Entre ellos, la Junta Nacional de Justicia se ha convertido en una pieza central de esta arquitectura abusiva del poder.

En ese marco, el desempeño de quienes hoy integran este órgano constitucional autónomo se caracteriza por decisiones marcadas por criterios políticos antes que por una estricta sujeción al principio de legalidad. La función disciplinaria, diseñada para garantizar idoneidad y probidad, ha adquirido así un cariz distinto: de correspondencia a correlaciones de poder de la coalición parlamentaria antes que a estándares jurídicos objetivos. En otras palabras, se prescinde de los principios constitutivos de un Estado de Derecho.

Es en este contexto que la denuncia disciplinaria con pedido de destitución presentada por el congresista, hoy a la reelección por el partido Sí Creo de Carlos Espá, el almirante Jorge Montoya contra el juez Jorge Luis Chávez Tamariz cobra pleno sentido. La acción se inserta en una dinámica en la que el control institucional se orienta hacia la intervención directa en el sistema de justicia.

El efecto inmediato de este tipo de iniciativas recae sobre el conjunto de magistrados. La activación de procesos disciplinarios desde un órgano con capacidad de remoción redefine el marco en el que jueces y fiscales ejercen su función. Introducen un factor de presión que intenta incidir en sus decisiones.

En particular, el uso del control de convencionalidad por parte de magistrados adquiere relevancia en este escenario. Este principio, que exige la adecuación de las normas internas a los estándares internacionales de derechos humanos, constituye una herramienta fundamental para preservar la supremacía de los derechos frente a eventuales excesos legislativos. Su aplicación, sin embargo, se convierte en punto de fricción cuando colisiona con los intereses de la mayoría parlamentaria que busca liberar a aquellos que cometieron crímenes a nombre del Estado.

Quedan dos semanas de campaña. El 12 de abril, con el voto ciudadano, definirá si quienes hoy buscan convertir al Estado en un instrumento de blindaje y en una agencia de empleos continúan ampliando su control o encuentran un límite. La dirección del país se juega en esa elección, y con ella, el tipo de relación entre poder político, instituciones y ciudadanía.