Cada elección moviliza por un lado candidatos, campañas y debates públicos. Por otro lado, y en el centro del proceso electoral se encuentra la ciudadanía: la que vota y la que asume el rol de miembro de mesa.

Es desde ese lugar de la demanda electoral en el Perú que, a pocos días de una nueva jornada electoral organizada por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), surge una oportunidad clara para fortalecer la democracia desde la acción directa de los ciudadanos.

El servicio como miembro de mesa representa una de las formas más concretas de participación cívica. Quien ocupa ese puesto resguarda el voto y cuida el orden del proceso para que los resultados reflejen con fidelidad la voluntad popular. Cada mesa de votación se convierte así en un espacio donde la democracia se practica de manera responsable y transparente.

Hoy, quienes han sido seleccionados como miembros de mesa poseen un papel decisivo. Su participación activa eleva la confianza pública en las elecciones y asegura un desarrollo ordenado de la jornada electoral. La capacitación ofrece herramientas claras para cumplir esta labor con seguridad y eficacia. Por ello, resulta fundamental que los ciudadanos convocados asistan a las jornadas de formación y aprovechen también las plataformas disponibles.

Es una alerta la cifra de ausencias en las capacitaciones para cumplir con esta tarea. Es menester republicano recordar que capacitarse fortalece el proceso electoral desde su base.

El país vive un momento político complejo. En este contexto, los miembros de mesa pueden convertirse en protagonistas de una jornada electoral ejemplar contra los que buscan un proceso con mediación ciudadana debilitada.

El Estado ha desplegado jornadas de capacitación, herramientas tecnológicas y espacios de orientación ciudadana para acompañar esta tarea. Estas iniciativas abren una oportunidad para que cada miembro de mesa llegue al día de la votación con preparación y confianza.

La democracia crece con acciones concretas. Asistir a la capacitación, cumplir el rol asignado y participar activamente en la jornada electoral representa una contribución directa al desarrollo del país

Editorial

La responsabilidad democrática de los miembros de mesa

Más de 70% de miembros de mesa no se han capacitado, según ONPE.

La responsabilidad democrática de los miembros de mesa | Editorial

La República

El Perú llega a las urnas en un momento de profunda crisis en el sistema político, pero con un valor extra que se precisa puntualizar. Los resultados más recientes del Barómetro de las Américas revelan una ciudadanía consciente de la magnitud del desafío político y atenta a la necesidad de impulsar transformaciones de fondo.

Que el 93% de los peruanos demande reformas profundas habla de un país que quiere renovar las bases de su vida democrática y abrir un nuevo ciclo de gobernabilidad.

Este proceso electoral ofrece una oportunidad para canalizar esa voluntad que según las estadísticas es claramente colectiva. El respaldo a la democracia convive con una firme convicción de respeto a los resultados electorales. El mismo estudio concluye que el 82% sostiene que los resultados deben respetarse, independientemente del candidato o partido que resulte vencedor. En ese punto se sostiene una base cívica valiosa para orientar el rumbo del país.

En paralelo, el país convive con un entramado de poder que ha encontrado en la crisis un terreno fértil para reproducirse. Un pacto de intereses desde el Congreso ha convertido a diversas instituciones públicas en espacios funcionales a la impunidad y en plataformas de distribución de empleos sin rédito de gestión eficiente de lo público.

La extendida percepción de corrupción expresa con claridad esta fractura. El 82% de los ciudadanos considera que la mitad o la totalidad de los políticos está involucrada en corrupción, mientras que el 76% cree que muchos reciben financiamiento de organizaciones criminales.

En este escenario, el voto adquiere un significado mayor. Representa una decisión sobre el tipo de sistema político que el país quiere construir. Cada elector tiene en sus manos la posibilidad de evaluar, comparar y elegir con criterio, atendiendo a propuestas concretas, trayectorias verificables y compromisos con la reforma institucional. Informarse, contrastar y deliberar se vuelven actos centrales de responsabilidad cívica.

La elección convoca a respaldar propuestas que impulsen reformas institucionales y aseguren mecanismos efectivos de rendición de cuentas. Ese horizonte se construye desde una ciudadanía activa, vigilante y comprometida con el interés público.

El Perú tiene ante sí la posibilidad de convertir esta elección en un verdadero punto de inflexión, en una crisis cuesta arriba. El próximo voto puede expresar una voluntad de cambio que abra paso a una etapa de restitución de la integridad del Estado. Ese camino comienza con una decisión informada y consciente, a la altura del momento que vive el país.

El próximo voto debe ser un mandato de cambio

Una campaña electoral, sobre todo cuando se trata de la presidencia, debería abrir camino para que la candidaturas presenten propuestas que proyecten al país hacia el mediano y largo plazo, por supuesto con claridad, responsabilidad y sentido de dirección. Sin, embargo parece no haber sido así en lo que va de las presentaciones de los postulantes a la más alta investidura de la República, hoy venida a menos en manos del pacto corrupto que gobierna desde el Congreso.

Esta demanda cobra sentido dado que en el foro sobre el Índice de Progreso Social, organizado por República Sostenible, académicos y líderes empresariales vinculados a la sostenibilidad han puesto en valor la importancia de incorporar una mirada más amplia del desarrollo, una que conecte el crecimiento económico con la vida cotidiana de las personas.

Como señaló el director ejecutivo de ComexPerú Jaime Dupuy, es fundamental que los debates presidenciales incorporen “prospectivas de mediano y largo plazo”, capaces de orientar decisiones sostenidas en el tiempo.

Esa perspectiva encuentra sustento en un diagnóstico compartido. Tal como explicó el economista y exdirector del Banco Interamericano de Desarrollo, Kurt Burneo, el crecimiento económico y la prosperidad son dimensiones complementarias que deben avanzar de la mano.

Lo que constata los valores resultantes de la evaluación del IPS en el Perú es que si bien cuenta con capacidad de generar riqueza y genera un crecimiento económico a ritmo lento, no ocurre de la misma manera en mejores condiciones de vida para las grandes mayorías de peruanos.

Ante ello, el contexto electoral debe ofrecer, además, una oportunidad para renovar el compromiso con una visión de país compartida, al menos en valores universales mínimos de bienestar. Como se señaló en el panel, en referencia a las empresas, también los que ocupan temporalmente la presidencia deben generar impacto que trasciendan los gobiernos.

Aunque esto ha estado ausente los días anteriores, los próximos días de debate representan una oportunidad que puede ser valiosa. Los candidatos pueden aprovechar este espacio para ofrecer una visión de país clara, con metas, prioridades y horizontes definidos que empiecen con la recuperación democrática y del Estado de Derecho.

Si no sucede, la ciudadanía podrá optar por quienes sí lo hagan y tengan garantías de hacerlo, como el no haber sido de ninguna organización política que conforme el actual pacto corrupto parlamentario.

Candidatos deben dar rutas de largo plazo al país

En medio del ciclo electoral, la política fiscal vuelve a inclinarse hacia el corto plazo, como ha sucedido en los últimos cinco años. El Congreso ha aprobado normas que amplían beneficios a sectores productivos y consolidan gastos permanentes; el Ejecutivo, en lugar de contener, las refrenda. Pero el problema no se agota en el aumento del gasto. También se expresa en el otro lado de la ecuación básica de sostenibilidad de un Estado: la renuncia sistemática a recaudar.

Según un reporte de la OCDE, el Perú deja de percibir alrededor de S/27.000 millones al año por beneficios tributarios aprobados en el Congreso, muchos de los cuales favorecen a grandes empresas. En un país que ya recauda menos que sus pares en la región —hasta US$14.000 millones por debajo—, esta política profundiza un sistema desigual y limita de manera estructural la capacidad del Estado. Más aún en un contexto de altos precios de los minerales de exportación, donde el margen para fortalecer ingresos existe, pero no se aprovecha.

Si bien algunas de esas leyes que extienden beneficios laborales o elevan pensiones recogen demandas atendibles, como el de los contratos CAS en el Estado, el problema está en su tramitación. En otras palabras, han sido decisiones sin planificación ni estudios de impacto socioeconómico claro. Lo mismo ocurre con los beneficios tributarios. Se aprueban sin una evaluación rigurosa de su eficacia ni de su costo fiscal. En ambos casos, el resultado es el mismo: obligaciones que se acumulan o ingresos que se pierden, sin una estrategia de conjunto.

Ante los próximos comicios, vale la pena recordar que gobernar implica ordenar. Cada gasto permanente reduce el margen de acción del Estado, y cada exoneración tributaria lo estrecha aún más. El efecto combinado es un espacio fiscal cada vez más limitado, donde se desplazan prioridades como la inversión pública, los servicios básicos o la capacidad de respuesta ante crisis.

En lo que hoy sucede, la dinámica es conocida. El Congreso impulsa medidas que incrementan el gasto o reducen ingresos; el Ejecutivo evita el costo de oponerse. Se trata de una lógica similar a la de un festín, que prioriza la rentabilidad política inmediata. Es, además, una expresión más del pacto que hoy gobierna, en el que este Ejecutivo actúa sin autonomía, alineado con intereses que exceden la gestión pública.

Las brechas sociales exigen respuestas, pero también consistencia: reglas claras, decisiones que vinculen derechos con financiamiento sostenible y una política tributaria que deje de operar como mecanismo de privilegios. Sin ese equilibrio, el Estado no solo gastará mal sino que también recaudará menos de lo que debería.

El escenario electoral acentúa esta deriva. El gasto fácil ofrece réditos inmediatos; las exoneraciones también. Ambos trasladan los costos hacia adelante. El costo de evitar decisiones hoy es trasladarlas, intactas, al siguiente gobierno.

El festín fiscal antes de las elecciones

Los datos públicos orientan la acción del Estado. Permiten identificar problemas, asignar recursos y evaluar resultados. En seguridad, las cifras de homicidios muestran dónde intervenir y cómo medir lo que funciona. Con información clara, la autoridad decide mejor y la ciudadanía puede exigir respuestas.

En el caso peruano, las cifras disponibles trazan una tendencia grave. El país registraba alrededor de 1.500 homicidios en 2023 y cerró 2025 por encima de los 2.200 casos. Hace menos de una década, el número anual se situaba por debajo de los 700. En términos diarios, el salto resulta imposible de ocultar. De poco más de cuatro asesinatos al día en 2023, hoy está por encima de seis muertes diarias.

Lo cierto es que el país ha cruzado un umbral. La violencia se ha instalado como un problema público altamente prioritario.

En ese sentido, la restricción de información aparece en un contexto de captura institucional y época electoral. En ese escenario, retirar datos del espacio público dificulta el debate sobre la evidencia, por lo que complica la capacidad de la ciudadanía para evaluar lo que ocurre.

La Policía Nacional del Perú, como toda institución estatal, tiene obligaciones precisas. El artículo 2 de la Constitución Política del Perú garantiza el acceso a la información pública, y la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública exige su difusión activa, por lo que las cifras de homicidios forman parte de ese deber que ningún general ni autoridad institucional temporal puede rechazar arbitrariamente. Para eso la ley está siempre por encima.

Según las últimas cifras, la evidencia arrojaba que el país enfrenta más de seis homicidios al día. Esa realidad exige claridad, no silencio. Publicar las cifras constituye una obligación legal.

En un contexto electoral, esta discusión adquiere un sentido adicional. El voto ciudadano se nutre de información clara para evaluar trayectorias, discursos y responsabilidades. En plenas jornadas de debates presidenciales es fundamental advertir que la seguridad no se mide en promesas populistas, sino en resultados verificables. Por eso, exigir transparencia también forma parte de la decisión en las urnas: elegir implica premiar o sancionar la forma en que el poder administra la verdad que debe ser pública.

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