Congresista Jáuregui debe responder ante la justicia
La parlamentaria que busca la reelección por Renovación Popular no puede continuar al frente de la Comisión de la Mujer del Congreso.
El caso del presunto centro de refugio La Casa del Padre compromete de forma directa a Renovación Popular, organización que impulsa la candidatura presidencial de Rafael López Aliaga y presenta a la reelección a Milagros Jáuregui, como número dos al Senado. La denuncia penal ingresada al Ministerio Público se refiere a hechos supuestamente ocurridos en ese espacio, que recibe a niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual, varias de ellas con embarazos producto de violaciones, con un condicionante: que parieran.
El establecimiento mantiene vínculos ahora informales con los pastores evangélicos pertenecientes a la familia Aguayo Jáuregui. Según la imputación, en el centro se aplicaron prácticas que afectaron derechos fundamentales. La atención priorizó la continuidad del embarazo y la maternidad, mientras, al parecer, se omitieron evaluaciones médicas independientes y acompañamiento psicológico especializado. A la vez, el acceso a información completa sobre prestaciones de salud reproductiva reconocidas plenamente por la normativa peruana quedó limitado.
A ello se sumó la exposición pública de las niñas junto a hijos nacidos de agresiones sexuales. Esa exhibición vulneró la intimidad, la reserva de identidad y la protección de datos personales.
La jurisprudencia del Tribunal Constitucional establece el interés superior del niño como eje de toda actuación estatal. Ese estándar incluye la salud mental, la integridad emocional y la adopción de medidas acordes con contextos de violencia sexual. De la misma manera, la Corte Suprema fija la prohibición de toda forma de revictimización en delitos sexuales. En ese sentido, la exposición de niñas violentadas y la imposición de la maternidad contradicen esos criterios y vulneran compromisos asumidos por el Estado peruano en la Convención sobre los Derechos del Niño.
Este caso exige respuestas institucionales inmediatas. En primer lugar, las autoridades deben informar el paradero, la situación legal y las condiciones de cuidado de los niños nacidos de violaciones sexuales contra niñas. Asimismo, corresponde esclarecer las decisiones adoptadas, el seguimiento realizado y las responsabilidades asumidas.
Por otro lado, la función pública exige responsabilidad. Por ello, una representante denunciada por vulneración de derechos de niñas no puede integrar la Comisión de la Mujer y Familia del Congreso. Su retiro de ese espacio corresponde a una medida ética fundamental.