
La gestión del territorio en el Perú republicano se construyó desde una relación frágil con la geografía y el clima. A diferencia de los antiguos pobladores de estos mismos espacios, que comprendían las dinámicas de las corrientes marinas, los ciclos de lluvias y la variabilidad climática como condiciones aprovechables, el proyecto republicano heredó una mirada que separa sociedad y naturaleza y lo interpreta como amenaza impredecible o sanción divina inevitable. Basta comparar a la milenaria civilización de Caral, construida en pleno desierto y sin la tecnología ni capacidades que existen hoy para entender que hay un problema de fondo que no se trata en serio por las autoridades.
Lamentablemente, cada temporada de lluvias extremas confirma a un Estado que actúa tarde e interviene de manera fragmentada.
El reportaje publicado por La República sobre la brecha en la gestión del riesgo ante lluvias intensas depende de la capacidad para anticipar escenarios y sostener políticas en el tiempo. En la práctica, esto último ha sido prácticamente imposible, como la gran mayoría de políticas públicas en el país, durante este régimen gobernado por el pacto autoritario.
El asunto es ahora atender el inminente peligro y disponer de presupuestos en zonas críticas.
La ciudadanía que hoy vive bajo amenaza tiene el deber de incorporar esta experiencia a su memoria política y trasladarla al espacio electoral. En ese sentido, vale recordar que el voto funciona como mecanismo de evaluación de quienes representaron estos territorios y de las organizaciones políticas que los albergaron. Por lo tanto, las próximas elecciones añade una razón más para que los peruanos residentes en las regiones afectadas por la inacción gubernamental exijan representación comprometida con este prioridad para el desarrollo elemental de sus proyectos de vida.
Además, este riesgo interpela al Gobierno nacional. La población demanda conocer qué plan existe para enfrentar este peligro latente, con prioridades claras y resultados verificables. Aún se está a tiempo de prevenir pérdidas mortales y situaciones de peor precariedad.

El 84% de los peruanos sabe que el país es gobernado para unos pocos y esa constatación es el primer paso para exigir mayores espacios de participación ciudadana en las decisiones públicas.

El Senado promulgó la ley de facultades excluyendo a la Cámara de Diputados del refrendo y se negó a corregirlo.

El Perú acumula 71 mil casos y 75 fallecidos antes de que El Niño alcance su punto más crítico.

El pleno aprobó la delegación de facultades incluyendo siete puntos distintos a los enviados por Diputados.

El gobierno de Keiko Fujimori firmó el decreto que dejó sin fondos a la FAP para combatir incendios forestales.