La persistencia antiprensa del régimen
Ejecutivo plantea ley que limita el ejercicio periodístico en el país.
Desde hace 5 años, la relación entre el poder político y la prensa en el Perú ha transitado por un deterioro acelerado. Cuando los periodistas publicaron investigaciones sobre reuniones clandestinas en Pasaje Sarratea, presiones para ascensos irregulares en las Fuerzas Armadas o las redes de operadores enquistadas en distintas entidades del Estado, la respuesta del castillismo no fue esclarecer los hechos, sino convertir a la prensa en enemigo político. Se instaló la narrativa de que los medios “golpeaban” al Gobierno, no porque existieran evidencias graves, sino porque “defendían intereses”. Ese discurso permitió justificar el cierre de puertas, el cerco comunicacional y el uso de conferencias controladas para evitar preguntas incómodas.
El régimen de Dina Boluarte continuó la misma dinámica. Ante las investigaciones sobre su responsabilidad política en las muertes de las protestas, las inconsistencias sobre relojes, joyas y presuntos regalos, y las denuncias sobre presiones en el Ministerio de Cultura, la estrategia se repitió. El Gobierno respondió con hostilidad mientras se negaba a dar explicaciones claras.
Hoy, el régimen de José Jerí recoge ese legado y lo profundiza mediante instrumentos legales. El proyecto de ley que busca sancionar la difusión de información reservada, sin definir con claridad qué constituye reserva, quién la determina y bajo qué criterios, forma parte de una continuidad antiprensa que se ha venido consolidando desde 2021.
Contrariamente a lo que el oficialismo arguye, no se trata de una medida técnica para proteger investigaciones. En realidad es una respuesta política a la incomodidad que generan las filtraciones, las investigaciones periodísticas y el escrutinio público. En los hechos, sigue abriendo la puerta a la criminalización del trabajo periodístico.
La persistencia del discurso antiprensa del régimen es, en un sentido, una forma de gobernar. Un modelo que busca reducir el escrutinio público y aumentar la discrecionalidad del poder en un contexto de crisis permanente. Es, en esencia, una ruta de autoritarismo progresivo, donde no se cierran medios ni se encarcela periodistas, pero se construye un entorno legal y político que desalienta el periodismo libre. Y, eso, en un periodo electoral, debe ser bien conocido por los peruanos que deberán elegir qué fuentes usar para su discernimiento político.