La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) se ha convertido, en los últimos años, en uno de los rostros más visible del abuso parlamentario. Bajo la actual mayoría de bancadas, este órgano se ha transformado en un instrumento de hostigamiento y blindaje. El primero mediante denuncias inconstitucionales y, el segundo, a través de la protección de los aliados que garantizan la continuidad del proyecto autoritario, como lo fue más de una vez la expresidenta Dina Boluarte.
Al respecto, basta revisar los casos del expresidente de la República Francisco Sagasti y el expresidente del Consejo de Ministros, Salvador del Solar, para entender la magnitud del abuso.
Frente a esta deriva, el Poder Judicial ha emergido como uno de los últimos reductos del Estado de derecho. Desde diciembre de 2022, cuando la alianza parlamentaria-gubernamental consolidó su dominio al someter a la institución presidencial, la judicatura ha sostenido una defensa firme de la legalidad constitucional. A pesar de sufrir amenazas de todo tipo por parte del Parlamento.
A través del control de convencionalidad y de la aplicación estricta de los plazos y procedimientos, el sistema judicial está impidiendo que las arbitrariedades del Congreso se consoliden en fallos de más antijurídicos.
Es por ello que la resolución emitida por la Primera Sala Constitucional de Lima, que declaró nulas las acusaciones de la SAC contra Salvador del Solar, sienta un importante precedente para el futuro de la democracia en el Perú. En términos sustantivos, la resolución le otorga la razón plena al ex primer ministro y desmonta, de paso, el andamiaje antijurídico con el que el Congreso pretendía legitimar su persecución.
Además, lo que se desprende inmediatamente es que el Congreso no solo violó la norma, sino que lo hizo con plena conciencia de su abuso.
Más allá de su efecto inmediato, el fallo constituye una reivindicación de la justicia como límite al poder. En un tiempo en que el Parlamento actúa con la soberbia de quien confunde mayoría con derecho, el Poder Judicial ha recordado que la democracia se sostiene en la vigencia de las leyes.