Leyes del crimen: el blindaje de la impunidad, por Diego García-Sayán

Un país al borde del abismo, llevado a esa situación “límite” por el Pacto Corrupto que nos ha venido rigiendo, tiene ahora la posibilidad —en teoría— de salir adelante. Es prematuro, sin embargo, cantar victoria, ya que está intacto el Congreso del Pacto. La gran interrogante es si, en las nuevas condiciones políticas e institucionales, habrá el coraje patriótico y la honestidad republicana para cambiar el rumbo de las cosas.

Empezando por lo primero: desmontar el andamiaje legal e institucional que el Pacto Corrupto le ha abierto al crimen organizado en el Perú. No es la única pieza, pero sí ha sido —y sigue siendo— fundamental el conjunto de leyes dictadas por el Congreso del Pacto. Congreso que está allí, intacto, que es donde reposa buena parte de la responsabilidad en el actual desmoronamiento republicano. Es el crimen organizado desde donde se marca el ritmo y curso de las cosas en el país.

No hay —aún— señales en las esferas del poder político de voluntad política firme para cambiar radicalmente las cosas. Empezando por desmontar el andamiaje legal generado por el Congreso del Pacto Corrupto y avalado por el ejecutivo ídem, que rigió hasta la semana pasada.

El “Código del crimen”

En menos de tres años, el Congreso del Pacto Corrupto —aún “vivo”— ha aprobado un conjunto de leyes que no fortalecen la seguridad ni la justicia, sino que las desmantelan desde adentro. Es el nuevo “Código del crimen” que debilita la persecución penal, favorece la impunidad política y judicial, y garantiza que las redes de corrupción y violencia sigan operando con total libertad.
En eso hemos estado… y seguimos.

Desde el Congreso y con la anuencia del Ejecutivo, se han revertido pilares esenciales del Estado de derecho, a vista y paciencia de todos. Cumpliendo a cabalidad su papel como pieza medular del Pacto Corrupto. El resultado: un país más indefenso frente al crimen organizado y un Ministerio Público cada vez más atado de manos.

Algunas de las leyes más graves adoptadas vorazmente por el Congreso del Pacto en el curso del “intenso” año 2024 lo dicen todo:

• Ley N.º 31990 (octubre de 2024): golpe directo al sistema de colaboración eficaz, herramienta vital contra el crimen organizado. Ahora se ha limitado la posibilidad de acuerdos con delatores y restringido los beneficios para quienes aportan pruebas contra redes criminales. En los hechos, se ha desactivado una herramienta que permitió desarticular mafias políticas y empresariales desde los años noventa.

• Ley N.º 32108: modifica la definición de “organización criminal” y dificulta los allanamientos. Introduce conceptos ambiguos —como “control de cadena de valor”— y reduce la capacidad fiscal para perseguir estructuras delictivas complejas. Su aplicación ya ha frenado varias investigaciones sobre corrupción y tráfico de armas.

• Ley N.º 31989: deroga una parte del Decreto Legislativo 1607, que facultaba a la Policía Nacional a incautar explosivos a mineros ilegales. Con esta norma, se abrió la más peligrosa puerta: miles de operadores en el REINFO suspendido pueden manejar dinamita sin sanción. El efecto ha sido inmediato: más explosivos, más violencia y menos control estatal.

• Ley N.º 32054: exime de responsabilidad penal a los partidos políticos por los delitos cometidos por sus dirigentes o financistas. En un solo artículo, borró una de las pocas herramientas para sancionar el lavado de dinero en campañas electorales.

• Leyes N.º 32107 y N.º 32419: establecen una suerte de fuero de impunidad para policías y militares, blindándolos ante eventuales violaciones de derechos humanos que cometan o excesos en operaciones. La justicia penal queda sepultada y subordinada a la versión oficial de las fuerzas del orden.

• Ley N.º 32130: le quita al Ministerio Público la conducción de la investigación preliminar en varios delitos, transfiriendo ese control a instancias políticas o administrativas. Un paso atrás —de veinte años— en la autonomía de los fiscales.

• Leyes N.º 31751 y N.º 32104: acortan los plazos de prescripción penal, lo que ha generado el archivo de procesos emblemáticos por corrupción y enriquecimiento ilícito. Las causas duermen y los culpables celebran.

Ah, otra cosa

No hay —ni habrá— transición si no pasamos a otra cosa. Desmontar este andamiaje del crimen organizado es ineludible. Y es, por eso, entre otras cosas, que la gente volvió a salir a la calle este miércoles 15.

Y, por supuesto, no para retroceder más en materia de respeto a los derechos humanos, con posiciones como la del gobierno saliente o la sostenida por el actual PCM en el pasado como integrante del TC o en sus controversiales posiciones retardatarias en redes sociales.

*Expresidente de la Corte IDH