
*Director de Asuntos Públicos del Instituto de Criminología
Calles bloqueadas y paraderos abarrotados en paros de transportistas son el síntoma visible de barreras violentas que frenan nuestra economía: la extorsión y el sicariato. Cuando un conductor se detiene por miedo a ser asesinado por no pagar un "cupo", el motor que se apaga es el del desarrollo del país.
PUEDES VER: Mi decálogo para elegir, por Maritza Espinoza

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) señala que la delincuencia le cuesta al Perú cerca de 19,800 millones de soles al año, un 1.7% de nuestro PBI. Esta cifra no es un dato más; es una sangría económica. Es el dinero que las empresas dejan de invertir en innovación, en contratar personal o en tecnología, para gastarlo en rejas, cámaras y seguridad particular.
Debemos dejar de ver la seguridad como un gasto y empezar a tratarla como la inversión más rentable para remover una de las principales barreras para el desarrollo. La inseguridad funciona como un impuesto criminal y destructivo que grava a quienes más necesitamos para crecer: emprendedores, transportistas, comerciantes y todo aquel que intenta operar en la formalidad.
La política de seguridad no debería medirse solo en número de patrulleros o policías, sino en su capacidad para reducir esa pérdida de 19,800 millones de soles. Necesitamos trazar metas que nos permitan reducir progresivamente este impacto. Un objetivo de esta naturaleza nos obliga a ser estratégicos, a dejar la simple reacción para pasar a la protección focalizada.
Esto implica identificar los sectores económicos clave y diseñar para ellos servicios de seguridad específicos. Un buen ejemplo es Águila Negra para la protección de bancos. Se trata de crear sistemas de respuesta rápida para la emergencia de estos sectores, canales de denuncia seguros y anónimos que sí funcionen, y patrullaje de inteligencia en las rutas y polígonos comerciales más afectados.
Esto no significa descuidar la reducción de homicidios o la victimización, sino de complementarlo con objetivos estratégicos para el desarrollo del país. Lo importante es que las adquisiciones que hagamos permitan generar impacto y no solo reducir brechas. Que los policías tengan radios para comunicarse, vehículos para patrullar y chalecos para protegerse, debe apuntar a destrabar nuestro crecimiento.
El retorno de esta inversión no solo se medirá en puntos del PBI. El horizonte es lograr que cada transportista, cada comerciante y cada trabajador pueda llegar a casa a salvo con un sustento digno para su familia. En eso consiste la seguridad con enfoque ciudadano.

Este tratado, que entrará en vigor el 17 de enero de 2026, es vinculante y aborda aspectos críticos como la gestión de recursos genéticos marinos y áreas protegidas.

Por qué importa y qué puede hacer el Estado peruano

La educación en Perú enfrenta graves desafíos, con ocho millones de ciudadanos sin secundaria completa y una alta tasa de trabajadores informales.

La candidatura de Rafael López Aliaga a la alcaldía municipal de Lima confronta la no reelección inmediata para los alcaldes conforme al artículo 194° de la Constitución. Ante tal prohibición, la regla de sucesión debe interpretarse a la luz de la Constitución. El primer regidor debe estar jurídicamente habilitado para ejercer el cargo de alcalde, sin vulnerar la prohibición constitucional de reelección inmediata.

Con un 60% de participación de COSCO Shipping Ports, el puerto genera oportunidades económicas para Perú, mientras que plantea interrogantes sobre implicaciones geopolíticas y riesgos en su relación con EE. UU.