Vacancia presidencial debe abrir paso a la justicia
Dina Boluarte fue vacada por el Parlamento que la sostuvo en el poder.
El Congreso de la República, finalmente, votó a favor de la vacancia presidencial de Dina Boluarte. Tras tres años de desgaste, protestas, denuncias y un creciente hartazgo ciudadano, el Parlamento decidió poner fin al mandato de una presidenta que, desde sus primeros días en el poder, gobernó de espaldas al país.
Sin embargo, esta decisión no es más que un cálculo electoral. El mismo Congreso que hoy la destituye es el que la sostuvo contra viento y marea; la defendió pese a la evidencia de su incapacidad ética y de gestión para atender las demandas del país.
La demanda popular por su salida fue clara desde el inicio. Miles de peruanos en todo el país exigieron su vacancia luego de la represión brutal que cobró decenas de vidas. Pero el Congreso, lejos de escuchar al pueblo, selló con Boluarte un pacto de conveniencia que permitió al régimen usar la fuerza indiscriminadamente, silenciar las voces disidentes y profundizar el deterioro institucional.
Hoy ese pacto autoritario se rompe, no por convicción democrática, sino porque los vientos electorales empujan a los mismos que ayer la defendían a desmarcarse para sobrevivir políticamente.
La vacancia de Boluarte, no obstante, debe abrir un nuevo capítulo que priorice la justicia y la verdad. Quienes asuman el poder de manera interina tienen el deber de garantizar el resguardo del proceso electoral, hoy amenazado por fuerzas antidemocráticas que buscan capturarlo y despojarlo de su autonomía.
Boluarte debe responder ante la justicia por las violaciones a los derechos humanos cometidas bajo su mandato y por los actos de corrupción que hoy la investigan. El país no puede permitir que su salida sea el fin de la historia.
Debe quedar claro, no solo a la presidenta vacada, sino también a quienes la sostuvieron desde el Congreso, que la vacancia no borra las responsabilidades penales ni el sufrimiento causado. Es solo el inicio de un proceso que debe conducir, por fin, a la rendición de cuentas y a la recuperación ética que exigirá de la participación ciudadana vigilante.