Columnista invitado. Autor de contenidos y de las últimas noticias del diario La República. Experiencia como redactor en varias temáticas y secciones sobre noticias de hoy en Perú y el mundo.
por Yonhy Lescano Ancieta, Excongresista peruano, abogado y magíster en Derecho
El Congreso aprobó la Ley 32123, llamada de Modernización del Sistema Previsional Peruano, que ha sido reglamentada mediante D.S. 189-2025-EF. Esta ley ha entrado en vigencia el día 8 de septiembre del año en curso, 2025. ¿Qué ha conseguido esta ley, entre otras cosas? No la modernización, como dicen o pensiones justas, sino retrocesos en grave perjuicio de más de 4 millones de trabajadores afiliados a las AFP.
En efecto, se ha derogado la Ley 30425, de mi autoría, que permitía que cualquier trabajador retirara el 95.5% de sus fondos cuando cumpliera la edad de jubilación, es decir, los 65 años de edad. Esta ley fue una reivindicación del derecho de propiedad de los trabajadores y benefició a millones de personas que tienen su dinero en las AFP para enfrentar la vejez.
Era una alternativa que se daba al afiliado si no aceptaba percibir las míseras pensiones que paga el sistema previsional privado. Con ese 95% de los fondos retirados, el trabajador podía adquirir un bien o invertirlo para tener mejores ingresos antes de percibir una pensión totalmente insuficiente.
La ley vigente 32123 prescribe que solo los afiliados que tengan, a la fecha de la vigencia de la ley (8 de septiembre de 2025), 40 años o más podrán retirar el 95.5% cuando cumplan los 65 años, y, por tanto, los trabajadores más jóvenes y los nuevos afiliados no tendrán este derecho.
Esta ley es inconstitucional, confiscatoria y abusiva, porque ocasiona que el dinero de millones de trabajadores quede en manos de las AFP de por vida a cambio de pensiones irrisorias. Además, es discriminatoria porque los afiliados jóvenes y los nuevos trabajadores que se afilien no gozarán del derecho al retiro de su dinero, lo cual vulnera el derecho a la igualdad y, por tanto, no tiene sustento alguno; por el contrario, solo beneficia a las empresas que se apoderan sin límite de tiempo de los aportes de los trabajadores.
El año 2016, hace casi 9 años, se satanizó la Ley 30425, ahora derogada. Dijeron que el sistema de pensiones iba a colapsar, lo cual fue absolutamente falso, dado que las AFP incrementaron el número de afiliados y sus inversiones no se vieron afectadas.
De la misma manera, por mandato del artículo 15 de la vigente Ley 32123, se ha derogado el retiro del 95.5% de los fondos cuando el afiliado haya perdido su trabajo, esté desocupado por más de un año y sea mayor de 55 años (jubilación anticipada). Es decir, se han recortado derechos constitucionales solo para beneficiar a grupos económicos que administran nuestras pensiones. Este Congreso es culpable de estos abusos y muchos más.
Es urgente exigir que se reponga la vigencia de las normas derogadas para tener un sistema de pensiones que permita vivir con dignidad a los peruanos.

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