La desvergüenza, por Paula Távara

“Necesitamos que ser mala persona vuelva a ser condenado socialmente y que alardear ignorancia dé vergüenza”, afirmaba no hace mucho el historiador español Daniel Aquillué.

Firmo yo cada una de sus palabras, y las reafirmo con más ahínco cuando se trata de la política y, más específicamente aún, de la política nacional.

Nuestros políticos —y sobre todo nuestros representantes del Ejecutivo—, sin embargo, suelen ir en sentido contrario a esta necesidad. De hecho, en las últimas semanas han hecho un gran despliegue de crueldad y han dado clara muestra de la total desvergüenza desde la que gobiernan.

Según el filósofo Higinio Marín, “sinvergüenza es quien hace algo que, de ser conocido, merecería el reproche público”; sin embargo, la persona sinvergüenza “obra ocultándose y fingiendo no serlo, lo que implica que teme el reproche social”, lo cual supone al menos una noción de moralidad sobre los actos que comete, un reconocimiento de su incorrección.

La desvergüenza implica, en cambio, “conducirnos en público persiguiendo nuestros intereses o placeres sin consideración alguna a los demás” y sin que ello genere reparo alguno. “De ahí que la desvergüenza no sea solo hacer algo vergonzoso, sino el ánimo desinhibido de quien se desenvuelve con vileza ante otros sin ningún reparo”.

“Así que, mientras que el sinvergüenza hace algo deleznable, el desvergonzado además lo hace sin temer ni considerar el reproche del que pudiera ser objeto”.

El 13 de agosto, la señora Boluarte firmó, sin miramiento ni temblor de un solo dedo, la ley que da amnistía a policías y miembros de las Fuerzas Armadas que cometieron crímenes de lesa humanidad durante el conflicto armado interno. Al día siguiente se conmemoraba un año más de la masacre de Accomarca, en la cual 69 personas —24 de ellas niñas y niños— fueron asesinadas por personal del Ejército dirigido por Telmo Hurtado, quien, gracias a esta amnistía, ahora podría quedar libre e impune.

Que Boluarte aprobaría esta norma con tal de mantener las alianzas que la sostienen en el poder lo sabíamos largamente. Que se trata de garantizarse una amnistía por sus propios crímenes de lesa humanidad (la matanza de 50 personas durante las protestas en su contra), tampoco es novedad. Pero que invitase a la ceremonia de promulgación a Juan Rivero Lazo, uno de los líderes del grupo Colina y responsable de algunos de los peores crímenes de Estado cometidos en nuestro país, lo adulase y se hiciese fotos junto a él con sonrisa amplia, resultó en un agravio más y una muestra de su desvergüenza absoluta.

La frase que introduce esta columna vino a mi recuerdo solo unos días después, cuando oí a los abogados representantes del Estado peruano pretender defender dicha norma en la audiencia pública de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Socarronería, contradicciones, cuasi aceptación de la inconstitucionalidad de la norma. Supina ignorancia de la que no solo no sentían vergüenza, sino que parecían vanagloriarse.

Y hace apenas una semana, con sorna desvergonzada, Boluarte juramentó como ministro de Justicia a Juan José Santiváñez, exministro del Interior censurado por sus nulos resultados a cargo de la cartera ministerial y sus múltiples vínculos con presuntos delincuentes y corruptos.

Que la ley hoy en día permite volver a nombrar a un ministro censurado es verdad, así como que no es la primera mandataria en hacerlo. Pero en la política hay una esfera aún mayor que la de la legalidad: la de la legitimidad. Y lo cierto es que Boluarte, una presidenta con casi nula aprobación ciudadana, le ha regresado el fajín ministerial a una persona bajo cuya gestión se vieron los peores números de asesinatos diarios que el país ha tenido en años y que enfrenta 18 meses de impedimento de salida del país por las investigaciones en su contra. De legitimidad, ni un ápice. No les importa, no les preocupa. Su poder no se sustenta en el respaldo de la ciudadanía, sino en sus contubernios.

Pero la desvergüenza no está solo en el nombramiento. La desvergüenza de Boluarte se grafica nuevamente en el gesto: manos entrelazadas y arriba (gesto de complicidad y de triunfo), sonrisa emocionada.

Además, no tardamos mucho en terminar de conocer sus intenciones. En unas pocas horas, Santiváñez publicó fotos con el jefe del INPE e informó que trasladaría a Martín Vizcarra de regreso al penal de Barbadillo; no fuese a ser que lo de los penales comunes se haga costumbre y Boluarte terminase, mañana o más tarde, en Santa Mónica.

Y para seguir con el camino de la impunidad desvergonzada, Boluarte anunció lo que hoy ya es realidad: la conformación de una comisión del Poder Ejecutivo que elaborará un proyecto de ley de “defensa de la soberanía nacional”, pomposo nombre para su intención de retirar al Perú de los alcances de la Convención Interamericana de Derechos Humanos (como Venezuela y Cuba, a las que tanto dice rechazar). No vaya a ser que un día Boluarte terminase juzgada en tribunales internacionales.

Dejarlo todo atado y bien atado, con total desvergüenza, para garantizarse impunidad y riqueza. Esa es la consigna de Boluarte y compañía para los meses que les quedan en Palacio de Gobierno.

Sin embargo, es preciso recordar que tal desvergüenza no sería posible si no supiese ella que no tendrá mayorías opositoras entre los actores políticos predominantes, quienes, con desvergüenza, miran a un costado mientras Boluarte hace y deshace. A todos conviene que Boluarte sea el centro de nuestro rechazo, no solo porque lo merece, sino porque su figura será desechada en breve y permitirá paso limpio a quienes vengan.