Censura, terrorismo y los peligros de la narrativa única, por José Ragas

En poco más de diez años de actividad pública, el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) llevó a cabo una serie de actos violentos contra el Estado peruano y sus conciudadanos, bajo la supuesta bandera de la liberación y de la búsqueda de justicia social. Para ello, desplegó una serie de tácticas, cada cual más brutal que la anterior, que incluyeron el secuestro de personalidades, la ocupación de poblaciones, el enfrentamiento contra fuerzas del orden y la ejecución de quienes se oponían a sus planes o no encajaban en su estrecha y distorsionada visión del mundo.

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Si bien su accionar quedó en ocasiones eclipsado por otro grupo más violento y sanguinario, como lo fue Sendero Luminoso, es necesario recordar que el MRTA tuvo una presencia importante en la violencia que asoló al país entre 1980 y 2000. Fue un anacronismo destructivo, que buscaba replicar las guerrillas surgidas en Cuba y que, aun cuando quedó descolocado con el fin de la Unión Soviética, continuó en un enfrentamiento contra un país que no era cercano a sus proclamas. Solo con el fallido intento de canjear a compañeros suyos en prisión con aquellos mantenidos como rehenes en la residencia del embajador de Japón y la eliminación (en combate y extrajudicial) de sus líderes es que llegó a su fin.

Sabemos más sobre la historia de esta organización gracias al trabajo del historiador Miguel La Serna y su libro Con las masas y las armas. Auge y caída del MRTA (traducido por el Instituto de Estudios Peruanos en 2023). La Serna ha logrado reconstruir de manera excepcional una historia interna del grupo terrorista, luego de un paciente trabajo de investigación que significó entrevistar a varios de sus dirigentes, hoy en prisión, así como a mandos medios y militantes ocasionales. Tuvo acceso no solo a sus versiones, sino también a archivos personales de autoridades involucradas en el combate antisubversivo y de instituciones policiales y de las Fuerzas Armadas. Es el trabajo más completo sobre esta agrupación.

Pronto se van a cumplir treinta años de la Operación Chavín de Huántar, que significó la estocada final a un movimiento debilitado, errático y que arriesgó todo en dicha acción. De vez en cuando, alguna noticia sobre el MRTA aparece en los medios. ¿La más reciente? Un incidente ocurrido en la Feria Internacional del Libro, que involucró a la Dirección Contra el Terrorismo (Dircote) y su intervención en el stand de la editorial Achawata, que ha reeditado el libro Revolución en los Andes, escrito por uno de los fundadores del MRTA, Víctor Polay Campos. El libro es una reedición de un texto que escribió entre 2012 y 2013 mientras se encontraba en el penal Ancón 1 cumpliendo sentencia en la Base Naval del Callao.

El amedrentamiento oficial ocurrido en la FIL Lima fue tan torpe como improductivo: lo que debió ser una presentación con cierta notoriedad terminó por atraer más atención hacia el libro y su autor, al punto que los rumores señalaban que la edición se había agotado. El libro circula desde hace mucho por internet y es de acceso libre para cualquiera, de modo que la intervención poco o nada obtuvo de manera efectiva, salvo darle más publicidad de la que esperaba (y merecía). Revolución en los Andes es el testimonio de un líder derrotado, que prefiere refugiarse en una visión nostálgica de la Guerra Fría, pero que le cuesta trabajo lidiar con el presente y con el legado que ocasionó.

La publicación de testimonios de actores vinculados al Conflicto Armado Interno ha sido un factor muy importante en la comprensión de uno de los episodios más violentos de nuestra historia republicana. Varios familiares de exsubversivos decidieron escribir sus propios relatos y reflexiones sobre lo que significó formar parte de una familia vinculada con la lucha armada, como José Carlos Agüero y Rafael Salgado, desde Sendero y el MRTA, respectivamente. Asimismo, la aparición de testimonios de los líderes encarcelados de Sendero y recogidos por Antonio Zapata engrosó esta literatura, brindando material y herramientas para poder discutir abiertamente la complejidad del periodo y de su legado.

Cerrar el periodo 1980-2000 es particularmente difícil, pero va a ser más complicado de la manera en que este gobierno lo viene haciendo. Al censurar un texto, se elimina la posibilidad de que este circule en la esfera pública y pueda ser interpretado y discutido. Si bien eso podía funcionar en una época analógica o impresa, en la actualidad tiene un factor adverso. Lo problemático es que se decide de manera arbitraria qué se puede (o debe) leer y qué no, bajo la figura de un denunciante “anónimo” y de promover “apología al terrorismo”. Estamos de acuerdo en que al terrorismo se le debe combatir, pero ¿cuál es la señal que envía el gobierno cuando, de un lado, censura y, de otro, favorece judicialmente a quienes tienen procesos judiciales por cometer actos criminales contra los ciudadanos? ¿O que maltrata a las víctimas y deudos de desaparecidos al intentar establecer plazos para la búsqueda de restos?

La manera en la que el Estado ha buscado preparar al país para el posconflicto es la menos indicada posible, al buscar extender y manipular el concepto de terrorismo según sus propósitos, limitándolo al periodo 1980-2000 y extendiéndolo convenientemente contra quienes se oponen al actual régimen.

Al imponer una visión unilateral de que las violaciones de derechos humanos dependen de quién las comete, cualquier intento por denunciar un acto como apología al terrorismo pierde legitimidad. Si libros como los de Polay adquieren notoriedad en los próximos años, no será porque estos digan algo novedoso. Todo lo contrario: será porque las autoridades han saboteado cualquier posibilidad de promover espacios críticos que rechacen la violencia sin importar de dónde venga, únicamente con el objetivo de quedarse un tiempo más en el poder.