Economista por la Universidad de Lima. Ex Gerente de Campo de Cofopri y ex Jefe de la Dirección de Coordinación...
Determinar la conveniencia de hacer o no un proyecto de inversión pública es una decisión a la que se enfrentan cotidianamente las autoridades. Recursos limitados ante múltiples necesidades hacen que esta evaluación deba ser lo más racional y objetiva posible.
El estudio de preinversión sistematiza y analiza información para tomar las decisiones de inversión —es decir, hacer o no hacer el proyecto—; se sopesan los costos y los beneficios que trae el proyecto a la sociedad.
Una vez tomada la decisión de inversión, se elaboran los expedientes técnicos. Esto permite contar con información detallada de ingeniería, adecuados dimensionamientos y realizar una estimación de costos precisa. Así, los contratos de ejecución de obra tendrán menor riesgo de errores técnicos o costos equivocados.
Los estudios de preinversión y los expedientes técnicos son estudios que se utilizan en todo el mundo.
Ante la incapacidad o falta de voluntad para realizar estudios serios que permitan el uso eficiente de los recursos públicos, muchas autoridades cuestionan los estudios de preinversión y los expedientes técnicos.
Existen mecanismos para agilizar las inversiones, como los contratos “concurso oferta” (sobre todo para obras de menor cuantía y baja complejidad), la estrategia de ejecución “fast track”, el uso de metodologías como el Building Information Modeling (BIM), o la implementación de Oficinas de Gestión de Proyectos (PMO).
Los contratos “concurso oferta” en nuestro país enfrentan riesgos de sobrecostos y alto potencial de corrupción, debido principalmente a: (i) los estudios de preinversión tienen un diseño de ingeniería muy referencial y, por ende, los costos presentan un margen de error alto, y (ii) los elevados niveles de corrupción en la gestión pública implican mayor riesgo de firmar contratos sin contar con la información necesaria.
Es falsa la disyuntiva entre hacer proyectos de inversión a tiempo o hacerlos con seriedad. Es obligación de nuestras autoridades hacer las cosas seriamente, honestamente y a tiempo.

Economista por la Universidad de Lima. Ex Gerente de Campo de Cofopri y ex Jefe de la Dirección de Coordinación Territorial de la Defensoria del Pueblo. Actualmente, es Gerente General de un conglomerado inmobiliario dedicado al saneamiento, gestión de tierras y habilitación urbana. Es presidente del Partido Político Libertad Popular.