Ciudadanos pro éticos, por José Luis Gargurevich

En la teoría, avivamos en los fueros públicos el castigo a la corrupción, pero entre amigos, donde estudiamos, en el trabajo o en la calle, hacemos trampa. Somos fieros anticorrupción, pero no somos convencidos pro éticos.

Y eso tiene que cambiar. Una nación verdaderamente saludable se hace de ciudadanos íntegros, no sólo de gobernantes honestos. La gobernabilidad no se hace sin los gobernados, y es desde estos últimos que emergen los políticos que hoy nos traicionan. La semilla de la corrupción no se importa: se cocina como producto nacional, vive en la incoherencia de los actos no observados por la lupa de la vigilancia pública, en el atajo, en la coima, en el favor que rompe reglas, en la criollada que hacemos un lunes cualquiera.

La corrupción es un enemigo común porque siempre está asociada a la putrefacción de los malos, que son siempre los Otros, y a los que exijo cuentas y sanciones. No a mí. A lo más, me persigue la culpa de la irresponsabilidad. La vara de la ética se dobla y se ablanda cuando pretende medirme a mí y a los míos.

Pero la corrupción no es sólo un lío entre criminales, es el vacío que deja el no haber formado en generaciones un sistema de valores alrededor de la integridad. Si ser honesto me rindiera réditos e incentivos de prestigio, justicia y progreso, no valdría la pena ser corrupto. Nadie opta por aquello que no asegure un beneficio concreto.

Y miren lo irónico de esa premisa con respecto a la percepción ciudadana. En la última Encuesta Nacional sobre Percepción de la Corrupción que organizó Proética el 2022, el 86% de los peruanos manifestaba que la corrupción les perjudicaba en su vida cotidiana. Y es asombroso, pero la Corrupción pasó de considerarse uno de los principales problemas del país para el 29% de los peruanos el 2002 a pasar al 62% el 2022.

El Índice de Percepción de la Corrupción que realiza Transparencia Internacional desde 1995 en 180 países mostró este año una brutal caída en el Perú (somos el infame puesto #127). Se mide soborno, desvío de fondos, abuso de poder, corrupción estructural, nepotismo, transparencia, protección a denunciantes y acceso a la información. En un rango de puntaje donde 0 es “muy corrupto” y 100 es “muy limpio”, hemos caído al subterráneo puntaje de 31. Entre los 39 países que ya están o van en camino a la OECD, somos el #38, sólo arriba de México.

Y el triunfo de la corrupción es un fenómeno global: más de dos tercios de los países evaluados obtuvieron menos de 50 puntos sobre 100. No estamos ganando esa batalla, y si queremos que nuestros esfuerzos superen la frustración insistiendo en la misma senda sin giros de gran envergadura, no veremos la tendencia virar demasiado. Y se nos acaba el tiempo, para las generaciones que vienen, para las poblaciones vulnerables, para los más pobres y los que están perdiendo la democracia y una justicia que los defienda. No hay tiempo.

La corrupción se roba 24 mil millones de soles al año en nuestro país, de acuerdo con la última medición que hizo la Contraloría General de la República el 2023. Se come las oportunidades de los más desfavorecidos, precariza cualquier opción de inversión en servicios de calidad, subordina los votos y las firmas de los políticos a los que compra, vulnera derechos y cual Midas convierte en impune el delito que toca, protege a las mafias que hacen de sus negocios y sus mercados escandalosos -pero silenciosos- crímenes organizados, y (tomo oxígeno para decir esto último) se cobra las vidas de quienes la persiguen, de quienes investigan, denuncian y jalan la madeja de esas economías ilícitas que endosa y todos los delitos asociados que pervierten nuestra salud social y económica: la trata de personas, el narcotráfico, los crímenes ambientales. La corrupción no afecta las cosas a larga distancia, protagoniza nuestra debacle mientras miramos la película en primera fila. Y aun así, creemos que no jugamos un papel en esto.

Lo cierto es que mediremos mejor la anti corrupción cuando llevemos a la toma de decisiones a los honestos, cuando la maquinaria del Estado y los servicios públicos sea transparente, impecable y de calidad, cuando la verdad sea un estándar valorado en la opinión pública. Cuando haya una generación de pro éticos en los lugares correctos. El giro es ahora y nos compromete a todos: de la lupa que hace visible el delito, de la indignación que queremos escuchar de la voz de las instituciones, a pasar a ponerle ganas a la acción con propuesta, a las soluciones y al compromiso de involucrarnos en ellas.

La lucha anti corrupción no es sólo combatir el virus, es impedir que la cepa brote en sus huéspedes: nosotros y los que vienen: los aspirantes a maestros, los que quieren ser emprendedores, los que se preparan para ser servidores públicos. Si los que vienen naturalizan la trampa porque ven a sus profesores, a sus padres, a sus referentes hacerla y salir bien premiados, sólo estaremos batallando contra nuestras propias contradicciones. 

Por eso, mi llamado a convocarnos como pro éticos y no solo como anti corruptos. Son dos consignas igualmente valiosas y con sus propias urgencias. La primera nos emplaza a ti y a mí; la segunda es más exigible a los sistemas de justicia, la defensa de los derechos y las políticas públicas. Con la corrupción, toca visibilizarla sin tregua y ser implacable contra ella. Con la ética, toca contagiarla, entrenar el músculo de la integridad y convocar con pluralidad. Darle sentido a ser correcto, cumplir las reglas, aplaudir el valor, cultivar el mérito tiene que ser agenda de los ciudadanos, no sólo exigencia a los políticos.

Es agenda de la educación. Es agenda de las familias. Es agenda de la empresa, de la prensa y de la academia. Si queremos destronar la corrupción de nuestras instituciones, hagámonos de la autoridad moral para desalojarla de nuestros hábitos.