Gestora Cultural con más de diez años de experiencia en el diseño y ejecución de proyectos sociales, políticos y culturales en el sector público y privado. Con experiencia en docencia cultural e investigación.  Actualmente, miembro del Consejo Directivo de la Asociación Civil Transparencia. Reside en Cajamarca

¿Puede un pueblo configurar su comportamiento, gestionar sus emociones y determinar su actitud frente al gobierno sólo por lo que come? Efectivamente, una alimentación rica en nutrientes y proteínas es fundamental para el desarrollo físico, cognitivo y emocional de las personas. Este tema se ha vuelto tendencia después de que una actriz peruana sugiriera que el peruano “se queja por todo” debido a su mala alimentación, y de manera específica por el alto consumo de carbohidratos.

<blockquote class="wp-block-quote">PUEDES VER: <a href="https://chatgpt.com/c/68632fa5-e21c-8008-b739-c51d907e5cbb" target="_blank" rel="nofollow">EDITORIAL | El endeudamiento histórico en Lima</a></blockquote>

Lo cierto es que, en el Perú, la alimentación no es un tema resuelto. Sigue siendo una deuda histórica. Al 2024, casi dos millones de peruanos son pobres extremos, es decir, pasan hambre.

La desigualdad que atraviesa el país hace que diversas realidades coexistan: mientras algunas personas buscan opciones para comer sano, otras, simplemente, no saben si comerán durante el día; mientras unos pueden acceder a un plan nutricional, otras familias comen menos y comen mal: no pueden decidir libremente cómo alimentarse, tanto en cantidad como en calidad.

La FAO ha establecido que Perú es el país con mayor inseguridad alimentaria en América del Sur, con más de 17,6 millones de personas afectadas. Y mientras Lima acoge al mejor restaurante del mundo, donde una “experiencia” puede costar 1,880 soles por persona, una familia de la zona rural de Puno no puede cubrir los 256 soles mensuales para acceder a una canasta básica de alimentos, la cual incluye, entre otros productos, pan francés, galletas de soda, bizcochos y arroz corriente (INE, 2024).

Con este panorama, la queja se vuelve un recurso sano e indispensable a disposición de la ciudadanía. Es casi obligatorio, en estos tiempos, construir discursos donde se exponga la inconformidad colectiva hacia temas que siguen sin ser resueltos, y hacia los graves retrocesos que venimos viviendo.

Hace poco, el congresista Alejandro Muñante presentó un proyecto de ley que criminaliza a las víctimas de violencia de género; y el 25 de junio se eliminó la causal de violación sexual para acceder al aborto terapéutico, promovido por la congresista Milagros Jauregui. De esta manera, el Estado institucionaliza el embarazo en niñas y adolescentes, obligándolas a ser madres. Por supuesto que necesitamos quejarnos.

Cienfuegos

Carbohidratos, por Cynthia Cienfuegos

La desigualdad alimentaria genera contrastes extremos. Mientras algunos disfrutan de experiencias culinarias caras, otros luchan diariamente por acceder a una canasta básica de alimentos. La queja se vuelve necesaria ante estas injusticias.

Carbohidratos, por Cynthia Cienfuegos hnews

La República

En los últimos días, el anuncio de la construcción de un bypass en la ciudad de Cajamarca para el descongestionamiento vehicular en las zonas de la avenida Atahualpa y la Vía de Evitamiento Sur ha acaparado y dividido el debate público. El proyecto, gestionado bajo la modalidad de obras por impuestos y proyectado con más de 60 millones de soles, viene recibiendo el respaldo público y abierto del alcalde provincial, Joaquín Ramírez, quien ha anunciado la obra como un símbolo de modernidad y desarrollo.

<blockquote class="wp-block-quote">PUEDES VER: <a href="https://larepublica.pe/opinion/2025/07/10/la-violencia-del-abandono-ante-los-friajes-editorial-316380">EDITORIAL | La violencia del abandono ante los friajes</a></blockquote>

Por su parte, el Gobierno Regional de Cajamarca, instancia que tiene la competencia para brindar la certificación ambiental de los proyectos del sector transporte, acaba de dar la no conformidad a la ficha técnica socioambiental (FITSA) presentada por la municipalidad provincial. La razón: la FITSA es una herramienta utilizada para proyectos con impactos no significativos, mientras que el bypass presenta impactos socioambientales con significancia moderada a severa–crítica. Es decir, desde ya se alerta de una grave incoherencia entre los impactos sociales, ambientales y económicos reales de la obra y lo presentado en la ficha técnica.

El problema del transporte público en Cajamarca no es reciente, y tampoco se reduce únicamente a la infraestructura vial. Aquí convergen problemas de informalidad, contaminación ambiental y sonora, planificación urbana, corrupción, entre otros. Y a todo esto le agregamos que las intervenciones son siempre pensadas para el vehículo y no para el peatón o para el ciclista.

El diálogo en torno al bypass debiera ser una oportunidad para que el gobierno local, la empresa privada y la ciudadanía pongan sobre la mesa la importancia de contar con un sistema de movilidad urbana inclusiva, sostenible y de calidad. Sin embargo, preocupa que, ante la no conformidad emitida por el gobierno regional, la respuesta de la municipalidad provincial no haya sido técnica, sino reducida a un mero cálculo político. Y preocupa también que uno de los argumentos del alcalde para justificar la construcción del bypass sea la comparación con Dubái.

Y aquí viene un punto importante. El problema de fondo no es el bypass, sino la manera en cómo se gestionan los proyectos de inversión pública en las regiones: sin análisis de la realidad; sin transparencia y claridad desde el inicio. El problema de fondo es la desconfianza ciudadana hacia las autoridades. El problema de fondo es la ausencia de mecanismos de socialización y consulta previa que permitan convocar, oportunamente, a todos los actores involucrados, incluyendo a la ciudadanía de a pie y a los vecinos directamente afectados.

El problema de fondo son las obras de pavimentación inauguradas que, al poco tiempo, ya empiezan a mostrar fallas, como el caso reciente de la avenida Los Patos. El problema de fondo es el mal manejo ambiental y ecológico de gestiones municipales que, en nombre de la modernidad, mandan a talar árboles nativos, como ocurrió en la prolongación Tayabamba en 2024. No hay opositores al desarrollo. Hay ciudadanos y ciudadanas que han decidido ejercer su derecho de acceso a la información y no ser simples espectadores.

Cynthia Cienfuegos. Foto: difusión

Cajamarca: el problema no es el bypass, por Cynthia Cienfuegos

Por diez años consecutivos, Cajamarca lidera el ranking de los departamentos más pobres del Perú. Según el último reporte del INEI, Cajamarca tiene el nivel de pobreza monetaria más alto, con un 45% por encima de Loreto, Puno, Pasco y Huánuco. Pero no sólo eso, al 2024, Cajamarca también se posiciona con la tasa de pobreza extrema más alta a nivel nacional (entre 15,1% y 20,3%), junto a Loreto.

Esto significa que, desde hace más de una década, una gran parte de la población de Cajamarca no tiene los suficientes ingresos para acceder a una canasta básica de alimentos y cubrir necesidades esenciales como vivienda, vestido, educación, salud. Mientras otro tanto, ni siquiera puede cubrir su alimentación, es decir: pasan hambre.

Pero hay otro hecho más grave. Cajamarca ha normalizado la pobreza. No hay reacciones. Ya no hay indignación. Las cifras no son noticia de alerta en el ámbito regional y menos es un tema de discusión en los espacios locales, rurales y comunitarios donde, precisamente, la pobreza se ha instalado. Pareciera que hay una resignación colectiva, empezando por las autoridades, los medios de comunicación y las instituciones públicas. Los datos y las evidencias juegan un rol clave en la toma de decisiones. Hoy, contamos con las cifras, pero no con la voluntad política ni con el recurso humano y técnico que utilice esta información para (re) diseñar políticas públicas más efectivas que promuevan, por ejemplo, empleos dignos con amplia cobertura territorial, un mayor acceso a educación, un sistema de cuidados, el fortalecimiento de capacidades para el impulso de la agricultura familiar, entre otros.

Cajamarca requiere un esfuerzo multiactor y un plan estratégico a largo plazo que priorice el tema desde un enfoque técnico, pero también desde la mirada social, profesional y académica. Esto significa un cambio de prioridades que pueda ser compartido y sostenido por todos los actores sociales y políticos de la región. Los montos por canon minero que ha recibido Cajamarca durante décadas, las millonarias inversiones públicas anuales y las iniciativas lideradas por el gobierno nacional demuestran esfuerzos dispersos y desarticulados con muy poco impacto.

Por otro lado, la separación entre el campo y la ciudad en un territorio donde más del 64% de la población se encuentra en zona rural, y un centralismo regional no han permitido lograr un desarrollo inclusivo y en igualdad de oportunidades.

Cynthia Cienfuegos. Foto: Andina/difusión

Cajamarca ha normalizado la pobreza, por Cynthia Cienfuegos

Ya son quince días desde que el Perú recibió la noticia del secuestro y asesinato de 13 trabajadores mineros en Pataz. Esta tragedia refleja el fracaso del gobierno, y haber llegado hasta aquí es una absoluta responsabilidad política e institucional.

El estado de emergencia, y el conjunto de iniciativas anunciadas por el ejecutivo para combatir la inseguridad en los territorios, son apenas elementos superficiales y fallidos en medio de un complejo tejido de incompetencia, complicidad e impunidad a favor del crimen organizado. Las mafias y redes criminales se mantienen y se extienden, lamentablemente, porque hay un sistema político y social que las sostiene. El gobierno ha perdido el control, y no ha sido capaz de responder con inteligencia y sentido de urgencia ante una crisis que hoy nos desborda. Al contrario, ya diversas organizaciones, medios de comunicación y actores sociales venían alertando sobre un conjunto de leyes que favorecen intereses particulares y fortalecen la minería ilegal.

Lo suscitado en Pataz ya no es un signo de alerta. Es la evidencia que hemos fallado en todos los niveles, y una muestra clara de la ausencia del Estado en diversos territorios. Lo peligroso aquí es solo asumir un papel de observadores, perder la capacidad de reaccionar e iniciar un proceso donde normalicemos vivir en la criminalidad. Si bien este problema, que es la suma de otros problemas estructurales, nos afecta a todos, no nos afecta a todos por igual. Las comunidades indígenas, los pequeños emprendedores, el trabajador informal, las mujeres, o el joven migrante que sale en busca de mejores oportunidades son los grupos más desprotegidos. Echemos un vistazo a las víctimas de las mafias, del sicariato o de las extorsiones: ¿quiénes son? ¿Qué aspiraciones tenían? ¿Por qué las olvidamos?

A puertas de las elecciones 2026, iniciar un proceso de reflexión colectiva y descentralizada sobre la reconstrucción de la democracia y la recuperación de nuestras instituciones no solo es una tarea para los partidos políticos, sino también para la ciudadanía en su conjunto. Porque algo que tampoco podemos normalizar es ser gobernados por una clase política incapaz de defender lo fundamental: la vida.

Cynthia Cienfuegos

Trece vidas, y muchas responsabilidades, por Cynthia Cienfuegos

En un contexto donde las redes criminales toman el control de los territorios con impunidad, y donde las instituciones han abandonado a las comunidades indígenas y a sus ecosistemas, dos buenas noticias llegan desde la comunidad Kukama Kukamiria en Loreto, y desde Puno: el río Marañón y el Lago Titicaca han sido reconocidos como sujetos de derechos.

Si bien el primer reconocimiento se ha logrado a través de una sentencia histórica de la Corte Superior de Loreto en 2024, y el segundo es producto de una ordenanza regional aprobada por el Consejo Regional de Puno en 2025, en ambos, el hito ha sido reconocer y visibilizar a la naturaleza como un ente vivo, dinámico y en constante relación con los procesos sociales comunitarios. Esto es fundamental en un país, cuya historia ha estado y está marcada por la explotación indiscriminada y la contaminación de sus recursos naturales.

Por otro lado, son dos las particularidades que marcan estos logros. El primero es el rol de las comunidades indígenas, y especialmente de las mujeres como protectoras, guardianas y gestoras de la conservación de sus ecosistemas. Que el río Marañón y sus afluentes tengan el derecho a “fluir libremente de toda contaminación”, y que el Lago Titicaca tenga derecho a “ser representado por entidades que velen por su protección y conservación” han sido luchas lideradas por mujeres organizadas, quienes han actuado, muchas veces, sin tener las condiciones mínimas de seguridad ni la protección de sus instituciones. El fallo que le otorga al río Marañón ser sujeto de derechos, por ejemplo, le valió a Mari Luz Canaquiri, de la Asociación de Mujeres Huaynakana Kamatahuara Kana, el Premio Goldman 2025.

Y la segunda particularidad es el reconocimiento del valor espiritual y de la cosmovisión que gira en torno al río Marañón y al Lago Titicaca. Ambos son entes sagrados, portadores de memoria ancestral, con quienes se convive en la cotidianidad. Reconocer estos principios es también reconocer los derechos de los pueblos indígenas y amazónicos, quienes hoy sufren persecución, acoso, discriminación, y con quienes se mantiene una deuda histórica.

Esperemos que estas iniciativas sean un llamado de atención sobre cómo nos hemos venido relacionando con el medioambiente, y también un llamado a la acción para promover un modelo de gobernanza inclusiva, donde las comunidades indígenas puedan tener participación real y vinculante en los espacios de toma de decisiones respecto a sus entornos y procesos de desarrollo.

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