Este mes de junio, el Poder Judicial notificó al Congreso la admisión de mi demanda laboral. Es decir, después de un año de proceso interno y de varios meses de espera, finalmente estoy en juicio contra el Parlamento al haber sido injustamente sancionado por publicar unos tuits en defensa del Estado Constitucional, lo cual será resuelto judicialmente en el mes de agosto de este año.

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El endeudamiento histórico en Lima

En esta semana, el Área de Desarrollo y Bienestar del Parlamento emitió un comunicado exigiendo “fidelidad y solidaridad” a los trabajadores en torno a las acciones institucionales. Es decir, amedrentan a los funcionarios bajo una lealtad mal entendida, que se traduce en complicidad a todo nivel. De igual forma, el Oficial Mayor compartió un memorando para recordar que los trabajadores no pueden expresarse sobre asuntos del Congreso para proteger la “dignidad parlamentaria”.

A partir de mi experiencia, las amenazas o el inicio de estos procesos disciplinarios contra quienes se oponen a la destrucción del Estado Constitucional o quienes advierten irregularidades, buscan intimidar a los trabajadores, desgastarlos y maltratarlos a efectos de que no denuncien las arbitrariedades que se dan dentro del Parlamento.

En mi caso estuve cerca de un año en un proceso disciplinario completamente hostil. Esto no solo porque incumplieron todos los plazos reglamentarios, sino también porque me citaban para dar mis descargos y luego la Comisión no aparecía o ya, desde un plano más institucional, comenzaron a restringirme el ingreso a diferentes áreas del Congreso en mi condición de trabajador y ponerme trabas para todo.

Fue tanto el ensañamiento en mi contra por denunciar las acciones temerarias del Congreso contra la Junta Nacional de Justicia y la educación de calidad, que a pesar de que decidí renunciar por motivos de estudios doctorales, optaron por suspenderme con una resolución pésimamente motivada los últimos 4 días de labores e inscribirme en un registro de funcionarios sancionados.

El camino de enfrentar el abuso es cuesta arriba, pero no imposible. He enjuiciado al Parlamento ante el Poder Judicial para hacer respetar mis derechos y a efectos de que se marque un precedente para que, sobre asuntos de interés público, nunca más se busque silenciar a los trabajadores del Congreso que buscan denunciar arbitrariedades.

Diego Pomareda 29-06

Congreso enjuiciado, por Diego Pomareda

&nbsp;El inicio de estos procesos disciplinarios contra quienes se oponen a la destrucción del Estado Constitucional o quienes advierten irregularidades, buscan intimidar a los trabajadores, desgastarlos y maltratarlos a efectos de que no denuncien las arbitrariedades que se dan dentro del Parlamento.

Congreso enjuiciado, por Diego Pomareda hnews

La República

Mientras el Parlamento avanza sin titubeos en iniciativas que concentran su propio poder, vuelve a quedarse corto cuando se trata de fortalecer al Estado y proteger a los ciudadanos. Esa contradicción quedó nuevamente expuesta al negarse a otorgar rango constitucional a la institución encargada de vigilar la libre competencia, en un país donde los abusos de posición de dominio y las concertaciones encubiertas siguen afectando a millones de peruanos.

La entidad que regula la competencia cumple un rol decisivo en la vida diaria: elimina barreras burocráticas ilegales, protege la libre iniciativa privada, garantiza la competencia en los mercados y defiende los derechos de los consumidores. Cuando estas funciones no se ejercen con firmeza, los ciudadanos enfrentan precios más altos, menos opciones y mercados dominados por unos pocos. La economía deja entonces de responder a reglas claras y pasa a moldearse según los intereses de quienes detentan más poder.

Por eso, darle rango constitucional a esta institución no es un mero trámite ni un detalle técnico, sino una necesidad fundamental para garantizar que sus decisiones se basen en criterios profesionales y estén libres de presiones políticas o empresariales. En la región, países como México han avanzado en esta dirección hace más de una década, otorgando mayor autonomía a sus autoridades de competencia para enfrentar prácticas anticompetitivas con independencia económica, política y administrativa.

La urgencia se vuelve aún más evidente con la entrada en vigencia de la Ley 31112, que exige revisar fusiones y adquisiciones de alto impacto. Determinar si dos empresas pueden integrarse o si una puede comprar a otra no es una cuestión administrativa: define si un mercado seguirá siendo competitivo o no. Sin embargo, la autoridad encargada de estas evaluaciones sigue dependiendo del Poder Ejecutivo para la designación de su presidente y de las más altas autoridades de la institución, lo que abre la puerta a presiones y decisiones sesgadas por intereses coyunturales.

Lo más preocupante es que esta reforma, una de las pocas realmente útiles y trascendentes que el Congreso tenía al alcance, no obtuvo los votos necesarios y hoy permanece detenida. Una vez más, el Parlamento nos priva de fortalecer las instituciones, aunque nunca falla cuando se trata de consolidar su propio poder. Así, la posibilidad de asegurar un mercado competitivo y proteger el bienestar de todos los peruanos vuelve a quedar, por ahora, en la congeladora.

indecopi

INDECOPI: otra reforma a la congeladora del Congreso, por Diego Pomareda

Hay momentos en la vida de un país en los que la comodidad de la observación crítica deja de ser suficiente. Durante mucho tiempo hemos permanecido en una suerte de cueva colectiva: un espacio útil para pensar, debatir y resistir, pero insuficiente para transformar la realidad. Y en un contexto como el que vive hoy el Perú, de erosión institucional, autoritarismo parlamentario y reducción de libertades, ya no basta.

Durante años, la resistencia democrática ha encontrado refugio en la academia, en organizaciones civiles, en colectivos ciudadanos y en espacios de encuentro que han mantenido viva la discusión pública. Ese trabajo es valioso y necesario, pero el país enfrenta una crisis tan profunda que requiere algo más que activismo, diagnósticos y debates.

Hace falta que personas con trayectoria, preparación e integridad asuman responsabilidades en la conducción del Estado, no para salvarlo desde el heroísmo, sino para ofrecer alternativas reales frente a un panorama político empobrecido.

Hoy la ciudadanía parece atrapada entre opciones que nacen de la notoriedad mediática, de las canchas deportivas o de plataformas de contenidos para adultos, mientras la política se queda sin ideas, sin técnica y sin visión. El Perú merece mucho más.

Necesita representantes que eleven el nivel del debate, no que lo degraden; que entiendan la urgencia de reformar instituciones clave como la Policía; que conozcan el diseño constitucional y sepan ejercer su rol de fiscalización sin convertirlo en instrumento de persecución o castigo; que promuevan una participación ciudadana sólida y que actúen desde convicciones ideológicas y programáticas claras.

El país necesita políticos que tengan el sueño de seguir luchando por el Perú y enfrentar el abuso, dispuestos a asumir el costo de salir de la caverna, enfrentar la intemperie y disipar las sombras cuando la historia lo exige.

Si queremos un Perú en el que valga la pena quedarse, uno en el que se pueda construir futuro, familia y una comunidad política, debemos entender que nadie vendrá a hacerlo por nosotros. Que el deterioro institucional solo se frena con compromiso y participación. Que no basta con indignarse; hay que dar un paso adelante. Salgamos juntos de la política de las cuevas y los&nbsp;cuevos, para construir el país que todos soñamos.

Diego Pomareda 16-11

Salir de las cuevas y los cuevas, por Diego Pomareda

Ni la Constitución es la culpable de todos los males, ni la solución a todos nuestros problemas. Sin embargo, en el contexto preelectoral rumbo al 2026, se vuelve a promover el viejo fetiche: la idea de que un nuevo pacto social resolverá los males históricos del país. Este discurso populista, que reaparece cada cierto tiempo en nuestra vida política, pretende hacernos creer que los defectos del Estado, de la gestión pública o de la clase dirigente se corrigen simplemente cambiando el texto constitucional.

Tan inadmisible resulta hoy la promoción de una Asamblea Constituyente, al suponer una aparente solución fácil a problemas complejos, como lo fue el modo en que el Parlamento 2021-2026 ha trastocado la Constitución para su propio beneficio. Lo que hemos presenciado en los últimos años es una reforma total encubierta, impuesta desde un Congreso autoritario que ha utilizado las normas constitucionales como instrumento de control político.

El primer argumento en contra de esta apuesta constituyente es que no existe una relación causal directa entre los problemas del país y el texto constitucional. La corrupción, la inseguridad ciudadana, la desnutrición, la baja calidad educativa o la ineficiencia en el gasto público no nacen de la Constitución, sino de la falta de liderazgo, planificación y profesionalismo en la gestión estatal. No será una nueva Constitución la que haga más eficiente al Estado, sino instituciones que funcionen y autoridades que rindan cuentas.

El segundo argumento radica en la forma misma en que se pretende impulsar este cambio. Las constituyentes promovidas desde el poder, sin deliberación seria ni garantías de pluralidad, suelen nacer con una lógica de concentración. Su propósito termina siendo cambiar las reglas para perpetuar un proyecto político, no para fortalecer una comunidad democrática. En nombre del pueblo, terminan socavando el Estado constitucional, como ha ocurrido en diversas partes del mundo.

El tercer argumento apunta a una salida responsable. La Constitución sí necesita reformarse, especialmente en su parte orgánica, para reequilibrar la relación entre los poderes del Estado y modernizar la administración pública. Ello exige un proceso transparente, plural y con ratificación popular, encabezado por especialistas con integridad y sin intereses políticos posteriores. Solo así podremos fortalecer las instituciones y garantizar la estabilidad política y económica que el país tanto necesita.

Diego Pomareda 09-11

El retorno del fetiche constitucional, por Diego Pomareda

En el Perú se viene configurando una forma inédita de autoritarismo que, como señaló The New York Times, se asemeja a una “dictadura sin dictador”. The Economist también advirtió que la expresidenta se mantenía en el poder porque “no estaba a cargo”, algo que hoy se evidencia con un gobernante que no proviene de las urnas, sino del Congreso.

Este fenómeno puede definirse como un autoritarismo parlamentario: un proceso mediante el cual el poder se concentra progresivamente en el Legislativo, erosionando la democracia desde los márgenes formales de la ley y abusando de la Constitución. Ello resulta especialmente peligroso, pues, en palabras de Montesquieu, “no hay peor tiranía que la que se ejerce a la sombra de las leyes”.

El primer rasgo de este autoritarismo es la concentración del poder como han señalado los politólogos Sosa-Villagarcia, Incio y Arce. El Congreso ha dejado de ser un órgano de control para convertirse en el eje de un poder casi absoluto que captura instituciones, destituye a quien resulte incómodo y neutraliza cualquier intento de fiscalización nacional o internacional. Lo que alguna vez fue un mecanismo de balance hoy actúa como un instrumento de dominación política.

El segundo rasgo es la captura del Estado al servicio de intereses particulares, que fomenta economías ilegales y clientelismos con impacto directo en la vulneración de derechos fundamentales. La legislación reciente, no solo las llamadas leyes “procrimen”, ha favorecido a grupos con intereses propios, creando condiciones que perpetúan la autocratización y consolida lo que Acemoglu y Robinson describen como instituciones extractivas.

El tercer elemento es el debilitamiento de los organismos electorales. Los ataques al JNE, la ONPE y el RENIEC no son hechos aislados, sino parte de una estrategia de demolición institucional. A ello se suman las múltiples normas que buscan inclinar la cancha a favor de los partidos en el poder.

Como advierte Bermeo, “al igual que la democracia se construye pieza por pieza, también puede ser desmantelada de esa forma”. La erosión democrática en el Perú no responde a medidas aisladas, sino a una vorágine parlamentaria que avanza de manera sistemática y progresiva. Quienes analizan el problema solo desde leyes puntuales terminan ignorando su naturaleza estructural y la consolidación de un autoritarismo parlamentario.

Diego Pomareda 02-11

Autoritarismo parlamentario, por Diego Pomareda

En tiempos en que la política parece haberse acostumbrado al ruido y al enfrentamiento, cuando el espectáculo reemplaza a las ideas y el agravio se disfraza de valentía, resulta casi un acto de rebeldía creer que aún es posible hacer las cosas de otro modo.

Mi reciente participación en El valor de la verdad me permitió comprobarlo. En ese espacio, al contrastar las prácticas políticas de una congresista que creyó que su cargo le daba licencia para ningunear a los demás, quise demostrar que se puede responder con argumentos, serenidad y respeto.

Frente al abuso, la respuesta no fue el grito, sino la palabra. Esa actitud, lejos de pasar desapercibida, fue reconocida por miles de ciudadanos que vieron en ella algo distinto: la posibilidad de defender una posición sin caer en el juego de la provocación, de sostener el debate con altura y sin perder el foco en lo esencial.

Vivimos en una sociedad del espectáculo, donde muchos creen que el único camino hacia la notoriedad política es el escándalo, la etiqueta o el agravio. Sin embargo, esta experiencia demostró que incluso en medio de la polarización todavía hay espacio para una política diferente: una que se construya sobre principios, ideas y el respeto.

<a>La manera más efectiva de desenmascarar a esta clase política es debatiendo con ideas y conocimiento. Ese es el rol del ciudadano: estar permanentemente informados. Esa es nuestra principal herramienta contra el abuso. Solo una ciudadanía activa puede ponerle límites a la manipulación y exigir rendición de cuentas a quienes detentan el poder.</a>

Lo más valioso de todo este proceso ha sido constatar que, aunque parezca contraintuitivo, gran parte de la ciudadanía ha valorado la serenidad por encima del show, el argumento sobre el insulto y la propuesta antes que el ruido. Ese respaldo no se traduce solo en aplausos momentáneos, sino en una convicción compartida: la de que sí se puede hacer política con propósito, sin renunciar a los valores ni caer en los extremos y etiquetas vacías que tanto daño han hecho al país.

Hoy, más que un reconocimiento personal, esto representa una oportunidad colectiva. Una invitación para quienes creen que vale la pena involucrarse y construir desde la política. Que esta experiencia en El valor de la verdad sirva como ejemplo de que es posible cambiar la forma de hacer las cosas, inspirar a nuevas generaciones y demostrar que el Perú todavía puede ser un país en el que valga la pena vivir y en el que podamos elevar el nivel del debate.

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Catarsis

Congreso enjuiciado, por Diego Pomareda

El inicio de estos procesos disciplinarios contra quienes se oponen a la destrucción del Estado Constitucional o quienes advierten irregularidades, buscan intimidar a los trabajadores, desgastarlos y maltratarlos a efectos de que no denuncien las arbitrariedades que se dan dentro del Parlamento.

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