Abogado constitucionalista

Las const(ilusiones) de Pedro y Petro, por Diego Pomareda

Si Petro opta por tácticas de presión política y enfrenta rechazo del Parlamento o la Corte Constitucional, podría seguir el mismo camino que Castillo, poniendo en riesgo la estabilidad institucional en Colombia.

A los peruanos nos suena familiar lo que está ocurriendo en Colombia con la consulta popular y la asamblea constituyente que promueve el gobierno de este país. La lógica de Petro y Pedro Castillo es la misma: apelar al “poder originario” del pueblo, desconocer la decisión de las instituciones y apostar por un fetiche constitucional que está adornado de mucha forma y de poco fondo.

El populismo tiene este rasgo característico: aparentes soluciones fáciles a problemas complejos y apelar a que ellos son “el pueblo”, desarraigando de esta categoría a cerca del 50% de la población que no los votó en la segunda vuelta. Esto lo único que genera es la banalización de la asamblea constituyente y su utilización como instrumento de poder más que como medio de transformación.

A este fenómeno lo he denominado constilusiones, que consiste en imponer de arriba hacia abajo (desde el poder hacia la ciudadanía) un sueño aparentemente común de una nueva Constitución, pero que excluye a gran parte de la población, basado en una artificial “ruptura del pacto social”, que no surge en un momento constituyente y que se da ante la imposibilidad de hacer viable esta apuesta por los medios democráticos.

El problema de este calco y copia sin creación histórica (a la inversa de lo que decía Mariátegui) es constitución, como ocurrió en el Perú, sirve de excusa perfecta para tapar las ineficiencias y actos de corrupción de los gobiernos; polariza y divide a la población y, en definitiva, pretende la destrucción de la democracia constitucional.

Si Petro se mantiene en la narrativa schmittiana de utilizar una Asamblea Constituyente como forma de presión política y persiste en el fetichismo constitucional, en caso de que reciba una negativa del Parlamento o de la Corte Constitucional, el camino será el mismo que siguió Castillo: un autogolpe que lo llevó a la cárcel y a procesos de inhabilitación política.

Colombia nos ha dado lecciones institucionales como el exitoso proceso que trajo consigo la Constitución de 1991, producto de un auténtico momento constituyente, o la entereza de la Corte Constitucional ante los intentos de la reelección del expresidente Uribe. Esperemos que lo mismo ocurra en este caso y sus instituciones frenen los arrebatos de quien cree que lo político prevalece sobre lo constitucional.