Perú, un país solidario, por Laura Almirall

(*) Laura Almirall, Representante de ACNUR Perú

Cada año, el 20 de junio se conmemora el Día Mundial del Refugiado, una fecha en la que se honra a las personas que han sido forzadas a huir. El Día Mundial del Refugiado es un día internacional designado por las Naciones Unidas para exaltar la fuerza y valentía de aquellas personas que abandonaron sus hogares huyendo de persecuciones, conflictos, violencia generalizada, y violaciones de derechos humanos.

Con la conmemoración de esta fecha, ACNUR, la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, busca generar empatía y solidaridad con las necesidades y las esperanzas de las personas refugiadas y desplazadas para que cuando reconstruyan su vida en un nuevo país o una nueva comunidad no solo sobrevivan, sino que también prosperen y contribuyan a las comunidades que los acogen.

Este año, el Día Mundial del Refugiado aspira a fomentar la solidaridad con quienes han sido desplazados de sus hogares. Esto implica honrar a los refugiados no solo con palabras, sino también con acciones concretas, escuchando sus historias, respetando sus prioridades y defendiendo su derecho a solicitar protección y a encontrar soluciones a largo plazo a su situación. Esta solidaridad debe estar fundamentada en el entendimiento que las personas refugiadas pueden prosperar, aportar e integrarse en las comunidades que les han dado acogida.

En la última década, el número de personas desplazadas por la fuerza en el mundo ha alcanzado una cifra insosteniblemente alta que trágicamente crece cada año.  Según el informe de ACNUR sobre Tendencias Globales publicado el 12 de junio, al cierre de abril de 2025 se contabilizan 122.1 millones de personas desplazadas, superando los 120 millones registrados en 2024. Esta crisis mundial de desplazamiento tiene un fuerte impacto en las Américas, donde 21.9 millones de personas han sido forzosamente desplazadas y reciben asistencia o protección de ACNUR. De ellas, el 67 % permanece en países vecinos, principalmente en Colombia, Perú, Brasil, Chile y Ecuador.

El Perú ha sido siempre un país solidario y generoso con las personas refugiadas. Desde 2017, con la llegada de 1.6 millones de refugiados y migrantes venezolanos, el Peru se posicionó como segundo país receptor de población venezolana en la región. La llegada de refugiados y migrantes venezolanos coincidió con la preexistencia de retos estructurales que fueron agravados por los efectos del COVID-19. En este contexto, tanto la población peruana como la población venezolana enfrentan retos comunes como el acceso a la salud, la educación, la vivienda y el empleo.

Sin embargo, a pesar de los retos, el Perú ha impulsado respuestas innovadoras frente a la movilidad humana creando un retorno positivo para la sociedad peruana y brindando oportunidades para los nuevos miembros de la comunidad. En este sentido, varios estudios publicados por instituciones financieras internacionales destacan las contribuciones sociales y económicas positivas de las personas refugiadas y desplazadas en sus países de acogida, como por ejemplo el impulso al crecimiento del producto interior bruto (PIB), la creación de empresas formales, la contribución a la recaudación fiscal y el fortalecimiento de los sistemas de seguridad social.

En el caso del Perú, un estudio publicado por el Banco Mundial y ACNUR en el año 2024 señala que entre los años 2018 y 2022 el ingreso fiscal neto estimado generado por la presencia de personas venezolanas en el Perú sería de 882.1 millones de soles, lo cual corresponde al 0.108 por ciento del PIB. El estudio destaca que el alto nivel educativo de la población venezolana y su juventud constituyen un potencial clave para impulsar el crecimiento productivo y el fortalecimiento de los servicios públicos en el Perú.  Al mismo tiempo, sus contribuciones fiscales superan ampliamente su consumo de servicios públicos. 

Otros ejemplos de impactos positivos incluyen la validación de credenciales académicas por parte de diversos profesionales de la salud, lo que les permitió contribuir activamente a las campañas de vacunación contra el COVID-19. Además, numerosos educadores lograron insertarse como docentes en escuelas públicas, fortaleciendo el sistema educativo. Al mismo tiempo, cientos de emprendedores iniciaron nuevos negocios, impulsando el crecimiento de la ya dinámica economía peruana.

Mientras el Perú continúa trabajando para consolidar su gestión de la movilidad humana, la integración legal y socioeconómica de la población refugiada y migrante es el primer paso para que se materialice esta oportunidad de desarrollo para el país. Y aunque la población venezolana enfrenta desafíos en el acceso a documentación y servicios, más de un 75 por ciento desea permanecer en el Perú y aportar al país que tan generosamente los ha acogido y donde, cada vez en números más crecientes, han visto a sus hijos e hijas nacer, convertidos ya en ciudadanos y ciudadanas peruanas.    

En este sentido, y más allá de las reflexiones sobre lo que puede aportar la población refugiada en materia económica o profesional, es importante recordar que la solidaridad empieza en las comunidades que los acogen. Son los grupos vecinales y las asociaciones comunitarias quienes viven el día a día con los refugiados compartiendo retos y desafíos comunes, y sin cuya generosidad, una integración efectiva no sería posible. Es allí en donde niños peruanos y extranjeros van juntos a la escuela, forman equipos deportivos, acuden al mismo centro de salud, mercado municipal y actividades sociales y culturales. 

Los refugiados quieren ser autosuficientes, y sentirse parte de las comunidades que los acogen. Reconociendo estas aspiraciones como las propias de todo ser humano, todos y cada uno de nosotros debemos seguir expresando nuestra solidaridad con las personas refugiadas. En un mundo de incertidumbres, crispación, y discursos excluyentes, todos podemos contribuir con nuestras acciones y voces a un mundo más solidario. Así, el Día Mundial del Refugiado nos invita a transformar nuestras ciudades en espacios de solidaridad y empatía. Llama a las instituciones, empresas, escuelas y hogares a reflejar, en todo momento, el valor de la inclusión. También nos recuerda que, con cada acción, podemos demostrar que las personas refugiadas no están solas y que el Perú sigue siendo un país solidario, fiel a su tradición de acogida.