Durante un acto de campaña en la tarde del último sábado, un sicario de 14 años le disparó directamente en la cabeza al candidato presidencial colombiano Miguel Uribe. Si bien sobrevivió al ataque, lo que sucedió genera inevitables repercusiones.

Este atentado evoca al asesinato del periodista y candidato presidencial ecuatoriano Fernando Villavicencio, quien fue abatido en pleno mitin de campaña en 2023.

No obstante, lo que hoy vive Colombia también remite a uno de los episodios políticos más lamentables de su historia reciente. El 30 de abril de 1984, un sicario de 15 años, enviado por el narcotraficante Pablo Escobar, asesinó al entonces ministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla. Dicha tragedia dio inicio a una serie de asesinatos que acabaron con la vida de cinco candidatos presidenciales entre 1984 y 1990.

Hoy, 41 años después, un adolescente vuelve a despertar en la memoria colectiva el temor que marcó a la sociedad colombiana durante décadas. Este tipo de sucesos deben generar una profunda reflexión en toda la clase política, no solo en Colombia, sino en toda la región.

Estas amenazas no se limitan al riesgo físico que enfrentan los candidatos al ejercer su derecho ciudadano de postularse a cargos públicos. También somete a una sociedad al miedo, ante el poder del hampa y las mafias.

Como es claro también en el contexto peruano, el crimen organizado es capaz de cualquier cosa para alcanzar sus objetivos.

Más allá de las conjeturas sobre el intento de asesinato, cuya verificación corresponde ahora al sistema fiscal y judicial colombiano, lo que es claro es que este hecho tiene una naturaleza profundamente política y desestabilizadora. Su objetivo es radicalizar el actual proceso electoral.

Es alentador que todos los partidos políticos colombianos hayan reaccionado al unísono, condenando con firmeza este ataque. En el Perú, y sin distinción de banderas políticas, el compromiso con la no violencia debe ser igualmente un principio irrenunciable para quienes aspiren a ocupar cargos públicos en las próximas elecciones.

La paz, como hemos visto, es vulnerable si no cuenta con el compromiso activo de todos los actores involucrados en la vida pública. Y lo ocurrido en Colombia nos lo recuerda con crudeza.

Editorial

Atentado contra candidato en Colombia genera alerta en América Latina

Un sicario disparó contra postulante a la Presidencia, del Centro Democrático, en pleno evento de campaña.

Atentado contra candidato en Colombia genera alerta en América Latina | Editorial

La República

El Perú ha ingresado a un momento político distinto. No solo porque se aproximan las elecciones, sino porque el poder corrupto actual percibe que su continuidad ya no está asegurada.

El pacto parlamentario autoritario que ha gobernado sin contrapesos efectivos en los últimos años enfrenta, por primera vez, una alta probabilidad de perder el mando que ha ejercido con abuso institucional. Cuando el poder presiente su final, actúa con prisa. Y suele hacerlo sin escrúpulos.

Ese es el contexto en el que deben leerse las decisiones recientes del régimen que sostiene a José Jerí. Decisiones tomadas antes de que la ciudadanía vuelva a pronunciarse en las urnas.

Mientras el Ejecutivo promete respeto por la regla fiscal, el propio Consejo Fiscal advierte que las iniciativas impulsadas van en sentido contrario.

El régimen ha optado por debilitar al Estado desde su propia tributación. La preparación de una ley que reduce el impuesto a la renta de los agroexportadores —con la amenaza de extender el beneficio a sectores industriales ya consolidados— es fiscalmente irresponsable.

Reduce ingresos permanentes, favorece a grupos económicos concentrados y no demuestra impacto real en empleo ni productividad. De hecho, el propio MEF ha advertido que se perderían aproximadamente 20 mil millones de soles.

En términos simples, el Estado pierde y siguen ganando los de siempre, pero más.

Y las formas agravan el fondo. Entre gallos y medianoche, mediante un decreto publicado a las diez de la noche de la noche de año nuevo, se aprobó una norma que prepara la privatización de Petroperú. Todo ello sin un plan integral conocido, sin estudios técnicos y financieros públicos y sin que el Presidente asuma la responsabilidad de explicarlo al país. El silencio, en ese sentido, comunica temor al escrutinio.

El Perú tiene derecho a saber quiénes serán los posibles adjudicatarios, bajo qué criterios se evaluará la empresa y qué intereses están en juego.

Este pacto parlamentario no gobierna con visión de Estado. La ciudadanía deberá medir esta amenaza de desfalco que además aprieta económicamente a los que menos tienen, porque los pequeños y medianos empresarios seguirán enfrentando la excesiva burocracia, muchas veces, diseñada y aplicada con arbitrariedad. Así como a los trabajadores que tienen que atenderse en un sistema de salud de deplorable servicio y del que es responsable el pacto gobernante que ha copado esas instituciones.

EDITORIAL

Pacto parlamentario autoritario prepara desfalco final

Los últimos años han consolidado una mutación inquietante en la vida pública: el desorden ha dejado de ser una anomalía para intentar convertirse en regla. Ese clima es el que captura la más reciente edición de The Economist dedicada a lo que fue el 2025. La revista describe un mundo que continúa operando, pero lo hace bajo una lógica de agotamiento: guerras prolongadas que ya no conmueven, tecnologías que avanzan más rápido que cualquier marco normativo y una política crecientemente emocional, dominada por el espectáculo y la reacción inmediata.

En ese escenario, las bravatas se han convertido en instrumentos de gobierno. Los políticos del último quinquenio han intentado sustituir el debate por la provocación y los consensos por la confrontación permanente. En ese sentido, bajo la lógica del todo vale, obtienen réditos individuales, en muchos casos,&nbsp; hipotecando los derechos de los más pobres. El resultado no es mayor capacidad de decisión, sino una erosión silenciosa de los derechos conquistados durante los últimos 100 años, entre ellos, los derechos humanos.

El caso peruano expresa esta deriva. En pocos años se ha vacado o forzado la salida de presidentes con una facilidad que habría resultado impensable décadas atrás. Sin embargo, esa sucesión de rupturas no ha producido mejoras en la materia más prioritaria para la ciudadanía: la inseguridad. Cambian los gobiernos, pero la violencia cotidiana persiste. La inestabilidad, lejos de ser un costo, se ha convertido en una rutina sin consecuencias políticas visibles.

Esta normalización del caos tiene efectos profundamente corrosivos. Se gobierna en presente continuo, sin proyecto ni responsabilidad de largo plazo. Y una sociedad habituada a ese vacío oscila entre el desencanto cínico y la tentación de soluciones autoritarias.

El proceso electoral que se abre hacia 2026 adquiere, por ello, una relevancia que excede la mera alternancia. En un contexto marcado por el retorno al parlamento bicameral y la renovación presidencial, se juega algo más que la elección de nuevos rostros. Se disputa la posibilidad de recomponer un sentido mínimo de orden democrático y,&nbsp; con ello, la mirada de Estado.

Superar la normalización del caos exige más que indignación. Requiere ciudadanos dispuestos a exigir programas antes que gestos, responsabilidad antes que estridencia, y reglas antes que atajos cortoplacistas. En el Perú, el desafío de 2026 será decidir si seguimos administrando ese agotamiento o si somos capaces, desde la política y la ciudadanía, de imaginar nuevamente un horizonte de convivencia posible que nos lleve a una república superior.

2026 y el reto de superar la normalización del caos

En una sociedad que aspira a ser democracia, el orden jurídico opera como el límite estructural del poder. Su razón de ser consiste en asegurar que toda autoridad actúe dentro de reglas, principios y controles que preservan la continuidad del Estado, más allá de las naturales diferencias. En ese sentido, la primacía del derecho sostiene la vida republicana y le da sentido más allá de los gobiernos de turno.

El Perú atraviesa hoy un proceso de cooptación autoritaria del Estado. Un pacto parlamentario, articulado en función de intereses de autopreservación, ha convertido al Congreso en el eje de una estrategia sistemática de captura institucional. Su propósito consiste en retener el poder a cualquier costo y proyectarlo más allá de las elecciones de 2026.

En este escenario, el derecho adquiere un carácter decisivo. La Constitución fija límites, ordena el ejercicio del poder y protege a los ciudadanos frente al abuso. Al mismo tiempo, los tratados internacionales que el propio texto constitucional incorpora como parámetro interpretativo forman parte del bloque de constitucionalidad y de la lógica de la convencionalidad. Esta decisión expresa una voluntad civilizatoria que consiste en inscribir el poder estatal en un horizonte normativo que prioriza la dignidad humana, el control del poder y la vigencia de derechos fundamentales.

Toda carta magna que aspira a organizar una sociedad política moderna asume ese compromiso como parte de su naturaleza.

La gravedad del momento político se expresa en que más del 80% de los actuales congresistas buscan la reelección. Esta cifra revela una estrategia colectiva orientada a la permanencia. Para sostenerla, el pacto parlamentario impulsa reglas electorales funcionales a sus intereses, promueve el debilitamiento de autoridades autónomas y presiona a un sistema de justicia que debería actuar de espaldas a los compromisos jurídicos internacionales.

Por ello cobra relevancia lo aseverado por el magistrado César San Martin. La primacía republicana del orden jurídico afirma que ninguna mayoría se sitúa por encima de la Constitución. Allí reside el núcleo del constitucionalismo democrático.

Defender hoy la primacía republicana del orden jurídico constituye un acto de afirmación democrática. La ciudadanía se sostiene sobre la ley. La república se consolida con justicia independiente. La democracia adquiere densidad cuando el poder reconoce límites. Las sociedades se civilizan cuando el derecho gobierna al poder y no al revés. Ello debe marcar la vigilancia ciudadana hasta los comicios del 2026.

La primacía republicana del orden jurídico

Venezuela encarna hoy una de las más hondas desgracias de nuestro tiempo en la región. Ello está materializado en el éxodo de millones de venezolanos, el mayor desplazamiento humano en la historia contemporánea de América Latina, es el resultado directo de un régimen que ha abusado de su poder.

En ese escenario, las acciones emprendidas por Estados Unidos y otros actores de la comunidad internacional para respaldar a los sectores democráticos venezolanos no pueden ser leídas, sin más, como gestos de injerencia ilegítima.

La legitimidad de esa asistencia descansa en un principio que antecede y fundamenta todos los demás: el derecho a la libertad. El argumento angular es que sin libertad política no hay ciudadanía, sin ciudadanía no hay soberanía popular, y sin soberanía popular el Estado de derecho no existe. Es bajo es criterio que las constituciones democráticas lo consagren en sus disposiciones iniciales, en todo el mundo.

&nbsp;La Carta Democrática Interamericana, al afirmar que la democracia representativa y el respeto a los derechos humanos constituyen condiciones esenciales del orden interamericano, abre la posibilidad a que sea la comunidad internacional el actor que adopte mecanismos de presión y solidaridad activa con aquellos ciudadanos que han sido despojados de ese derecho primigenio.

Pero este reconocimiento tiene un límite infranqueable. Nada de lo anterior puede servir para legitimar la apropiación, expropiación o uso abusivo de los recursos soberanos de un país. El derecho internacional es claro al respecto.

La soberanía permanente sobre los recursos naturales pertenece a los Estados, en cuanto expresión jurídica de sus propios pueblos. Así lo consagra la Resolución 1803 de la Asamblea General de la ONU.&nbsp; El derecho internacional no hace referencia a gobiernos de facto ni, mucho menos, a actores externos.

Nada de esto implica indulgencia alguna con Maduro. Su régimen merece una condena sin atenuantes, ya que ha empobrecido a su nación, ha expulsado a millones de ciudadanos, y ha convertido al poder en un ejercicio cínico de supervivencia autoritaria. Pero hacerlo sin dinamitar los principios que dicen defenderse.

El derecho internacional existe para resguardar a las sociedades frente a la arbitrariedad, interna y externa. Jamás para proteger tiranos. Defender la libertad exige coherencia. Y por principio, incluso cuando el adversario es indefendible, hay que saber distinguir entre lo legítimo y lo inaceptable.

En defensa de la libertad y soberanía de los venezolanos

Las democracias no se quiebran únicamente mediante golpes de Estado o la suspensión de elecciones. Muchas veces se degradan de forma más silenciosa, cuando los mecanismos creados para fiscalizar el poder son usados para excluir, castigar o silenciar adversarios políticos. Eso es lo que hoy ocurre en el Perú con la figura de la inhabilitación impulsada desde la subcomisión de acusaciones constitucionales.

El control político es una función legítima del Congreso, pero solo lo es cuando se ejerce dentro de los márgenes del Estado de derecho. Sin debido proceso, sin pruebas consistentes, sin imparcialidad y sin proporcionalidad, la sanción deja de ser un acto de responsabilidad constitucional y se transforma en un acto de fuerza.

Esta práctica se inscribe en un contexto más amplio de deterioro institucional. Esta degradación es el resultado de un ejercicio del poder cada vez más arbitrario, concentrado en un Congreso que actúa sin contrapesos efectivos, y con instituciones clave progresivamente subordinadas, como la misma presidencia de la República.

La manera en que se viene aplicando la potestad sancionadora del Parlamento es uno de los síntomas más graves de este proceso.

El problema alcanza un punto crítico cuando quienes votan las inhabilitaciones son, al mismo tiempo, competidores electorales de las personas sancionadas. Que sean quienes buscan la reelección quienes proponen y votan por retirar a candidatos de la contienda rompe cualquier estándar mínimo de imparcialidad.

El Congreso deja de ser un órgano de control y pasa a funcionar como un actor electoral con poder punitivo, capaz de decidir quién puede competir y quién debe ser excluido. Esa es una línea que ninguna democracia puede cruzar sin consecuencias.

Para el pacto parlamentario autoritario la inhabilitación política sin debido proceso corresponde a un acto de fiscalización y de una lucha contra la corrupción. Normalizar este comportamiento abusivo en plena campaña electoral implica aceptar que la competencia política sea reemplazada por la exclusión y que la ciudadanía deje de ser el árbitro final del poder.

En un año decisivo para el país, defender el debido proceso es la condición indispensable para preservar el vestigio democrático que permitirá retomar la senda del proyecto republicano.

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