Propuestas de medidas laborales para el Perú, por Fernando Cuadros Luque

En mi columna previa analicé la principal problemática del mercado laboral nacional. En la presente, cumpliendo lo prometido, expongo un conjunto de propuestas para comenzar a solucionarla:

Política monetaria expansiva y funciones del BCRP:ya controlada la inflación dentro del rango meta del BCRP, resulta clave disminuir gradualmente la tasa de interés de referencia con el fin de reducir el costo del crédito y con ello incentivar la reactivación de la demanda interna, vía el incremento de la inversión y el consumo privado, lo cual llevará a una mayor generación de empleo formal.

A la vez, se debe modular la tendencia del tipo de cambio, sobre todo para evitar que incrementos desmedidos en el mismo conlleven inflación y morosidad. El BCRP cuenta con las RIN necesarias para dicha labor.

Por otro lado, se podría evaluar la posibilidad de incluir metas de empleo formal en la política monetaria del BCRP, tomando como referencia lo que hace la FED de USA a través de las metas de desempleo.

Política fiscal expansiva: de la mano de la política monetaria reactivadora, el MEF debería liderar una política fiscal expansiva que, fundamentalmente, acelere la inversión pública en infraestructura productiva, lo cual, además de impulsar la demanda interna, permitiría incrementar el PBI potencial del país vía mejoras en la productividad.

Para retomar el orden en las finanzas públicas, ello debe ir acompañado de una reforma tributaria para incrementar la recaudación. Dicha reforma debe buscar ampliar la base tributaria, pero también que quienes generen más rentas contribuyan con mayores tasas impositivas.

Políticas activas de empleo: ampliar recursos presupuestales del programa Trabaja Perú para generar una mayor cantidad de empleos/ingresos temporales para los más vulnerables, a nivel urbano y rural, considerando el significativo incremento de la pobreza; aplicar un subsidio temporal a la seguridad social en salud y pensiones para incentivar la contratación formal y estable en MYPEs, sobre todo de jóvenes, segmento al que le cuesta acceder a empleos formales; y dotar de mayores recursos presupuestales al programa de mejora de la empleabilidad del MTPE para ampliar significativamente su cobertura a nivel nacional, así como fortalecer el impacto de sus intervenciones (dicho programa incluye tres componentes: capacitación laboral para el empleo dependiente y autónomo, certificación de las competencias laborales adquiridas durante la trayectoria ocupacional de las personas y gestión de la inserción laboral de los beneficiarios vía la bolsa de empleo del MTPE y una mayor articulación con el sector productivo).

Es clave vincular los programas de generación de empleo temporal y de mejora de la empleabilidad del MTPE, con el fin de potenciar sus efectos.

Diversificación productiva: planificar, estructurar e implementar un conjunto de incentivos económicos (que no impliquen el recorte de derechos laborales y tampoco promuevan la subdivisión empresarial) para contribuir al desarrollo de sectores con potencial de generación masiva de empleo asalariado formal, tales como la agroindustria, textiles y confecciones, metalmecánica, turismo y sus ramas vinculadas (alojamiento, restaurantes, servicios recreativos y transporte), etc.

Fortalecimiento de la fiscalización laboral: implica otorgarle más competencias (como la facultad de incorporar directamente en planilla a los trabajadores encontrados fuera de ella y declarar como estables a aquellos con contratos temporales desnaturalizados) y presupuesto a la SUNAFIL (para incrementar el personal que integra el proceso inspectivo), con el fin que pueda ampliar su cobertura y mejorar su efectividad. Asimismo, se deben generar sinergias entre la SUNAFIL y SUNAT.

Fomento del crecimiento de la productividad: requiere diseñar y aplicar un conjunto de mecanismos articulados para el acceso masivo de MYPEs a crédito barato, capacitación laboral, innovaciones, nuevos mercados, compras estatales, articulación productiva, simplificación administrativa, medidas tributarias promocionales, etc.

Reforma laboral integral: que genere equilibrio en las relaciones laborales, y promueva el empleo formal, estable y productivo. Implica aprobar, vía el CNTPE y el Congreso, una nueva Ley General de Trabajo, que limite la contratación temporal y tercerización laboral con destaque de personal, vincule el despido a causas objetivas con un procedimiento adecuado, fomente el ejercicio de derechos colectivos como la sindicalización y la negociación colectiva (para que los trabajadores estén en capacidad de convertir el crecimiento económico y los incrementos de su productividad en mayores remuneraciones y mejores condiciones laborales), precise la regulación aplicable a los trabajadores de aplicaciones (que sería aquella correspondiente a los trabajadores dependientes), etc.

Nueva ley agraria: que equipare derechos laborales y de seguridad social de los trabajadores agrarios con los del régimen general, brinde estabilidad laboral (continua o discontinua, según corresponda), fomente la negociación colectiva y reduzca progresivamente los beneficios tributarios otorgados a la agroexportación.

Institucionalización de un mecanismo técnico de revisión de la remuneración mínima: vía una norma del Poder Ejecutivo, previo paso por el CNTPE. Debe ser aplicado anualmente de manera vinculante, considerando variables como la inflación total efectiva, la variación de la productividad media laboral, la canasta básica de consumo familiar, el desempeño económico y la trayectoria de la informalidad laboral de los asalariados privados, el desempleo y la relación remuneración mínima/remuneración promedio en el sector privado formal. 

Aplicando dicho mecanismo, la remuneración mínima debió haberse incrementado de S/ 1025 a S/ 1330 a inicios del 2025. 

Políticas pasivas de empleo: reforma integral de la seguridad social que implemente un seguro de desempleo en lugar de la CTS, así como un sistema previsional con componentes complementarios: pensiones no contributivas y pensiones generadas a través de la capitalización colectiva con aporte tripartito, complementadas por la capitalización individual. También se debe reestructurar EsSalud para una gestión más eficiente, lo cual requiere incluir la nivelación a 9% de la tasa de aporte en todos los sectores económicos, así como la uniformización de la base contributiva.

Relanzamiento de la reforma del servicio civil:destinando el presupuesto necesario, actualizando las escalas salariales para hacerlas atractivas, acelerando el tránsito al nuevo régimen (sobre todo de los CAS) vía cursos de suficiencia en la ENAP y fortaleciendo la negociación colectiva en materia económica y de condiciones laborales. Además, se debería crear un Consejo Nacional del Empleo Público donde se discutan las principales políticas del servicio civil entre representantes de los trabajadores y los empleadores con poder de decisión; e incluir la fiscalización del cumplimiento de la normativa laboral en el Estado entre las competencias de la SUNAFIL.