
La Amazonía se encuentra en un grave riesgo de vida. De acuerdo con el último informe presentado por Amazon Watch, con el apoyo de AIDESEP, además del impacto de la minería ilegal, el narcotráfico sigue aumentando su presencia. Según el documento, al menos 278 pueblos originarios han sido afectados directamente.
Y como lamentable muestra de esta escalada violenta, han sido 27 dirigentes ambientales han sido asesinados en los últimos cinco años. Dicha tragedia cobra sentido con el incremento del 163% en las hectáreas comprometidas con el cultivo ilícito de coca desde el 2018. No es en gratuito que los investigadores aseveren que los narcotraficantes se han convertido en aliados estratégicos de los invasores de tierras y de las organizaciones criminales dedicadas a la tala ilegal, la minería ilegal y la trata de personas. Todos ellos, disfrazados de colonos.
Si bien la amenaza más fuerte se concentra en las regiones de Huánuco, Junín, Loreto, Madre de Dios, Pasco, Amazonas y San Martín, Ucayali es quizá la más afectada y requiere una intervención urgente del Estado peruano.
Como destaca el informe de la Unidad de Investigación de La República, la creación de nuevas rutas de narcotráfico para transportar cocaína desde las zonas de producción, así como la construcción de pistas clandestinas para el recojo de la droga, son manifestaciones del violento proceso que se está desatando en esta parte del territorio peruano.
Al respecto, Marcelo Odio Angulo, presidente de la Federación Nativa de Comunidades Kakataibo, señala que el Estado podría contribuir de forma decisiva mediante una política efectiva de titulación de tierras. En este momento, frente a la presión ejercida por colonos vinculados al narcotráfico y a economías ilegales, existe un vacío total de seguridad jurídica sobre estas hectáreas ancestrales, lo cual las deja completamente vulnerables.
Frente a esta crisis, el silencio y la inacción del gobierno de Dina Boluarte y el Congreso solo podría significar complicidad. Es urgente que los líderes políticos, incluso quienes intentarán tener una curul en el Parlamento o tener un puesto en el Ejecutivo, asuman su responsabilidad histórica y ética de combatir y detener la invasión de los nuevos colonialismos no estatales y transnacionales que traen. La Amazonía no puede seguir siendo abandonada por el Estado peruano ni puede ser botín de mafias ni depredores de la ecología.

El 84% de los peruanos sabe que el país es gobernado para unos pocos y esa constatación es el primer paso para exigir mayores espacios de participación ciudadana en las decisiones públicas.

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