La situación del ejercicio del libre periodismo en el Perú ha sufrido un decaimiento notable en los últimos años. Es de tal magnitud la pérdida de la calidad de libertad de prensa que, solo en lo que va del 2025, suman dos los periodistas asesinados a sangre fría.

Ramiro Raúl Celis López, periodista iquiteño de radio Karibeña, fue acribillado en la mañana de ayer miércoles 7 de mayo por dos sicarios mientras se dirigía a su centro de labores en la capital de la región Loreto. Tan solo en enero del presente año, otro colega, el iqueño Gastón Medina, fue asesinado a quemarropa en circunstancias similares, camino al centro radial desde donde emitía sus programas.

Como sostiene la Asociación Nacional de Prensa (ANP), “este no es un hecho aislado, sino parte de una escalada de agresiones que buscan silenciar voces críticas y desalentar el ejercicio de un periodismo crítico”.

Y en esta voz de protesta, nos sumamos desde La República para exigir a las autoridades policiales y fiscales la agilización de las investigaciones correspondientes para determinar más pronto que tarde a los responsables de ambos homicidios y se les castigue con el peso que la ley prevé.

La ejecución de periodistas a manos de sicarios es parte de la escalada de la violencia originada por las actividades ilegales y la inacción de las autoridades que afecta a todos los peruanos, en diversas partes del país. Tras conocerse el vil crimen cometido contra Celis López, los ciudadanos de Iquitos salieron ayer a las calles de la ciudad amazónica a exigir un alto a la inseguridad campeante.

“En Iquitos nos están matando los sicarios y las autoridades no hacen nada”, manifestaban quienes protestaron para pedir acciones inmediatas por parte de los responsables en el poder.

Mientras el país pierde las garantías mínimas para vivir en condiciones seguras que no supongan el riesgo constante de morir a manos de sicarios, la presidenta Dina Boluarte premia al censurado extitular del Interior Juan José Santiváñez y lo reincorpora a la interna del Ministerio del Interior. Al mismo ministro que fingió capturar a un presunto sicario responsable de la muerte de Medina en enero pasado y que tuvieron que soltar por tratarse de una acusación sin pruebas.

Editorial

Sicariato y desgobierno han asesinado a 4.415 peruanos

En este trágico conteo de vidas arrebatadas, se suma el segundo hombre de prensa en lo que va del 2025.

Sicariato y desgobierno han asesinado a 4.415 peruanos | Editorial

La República

A comienzos del 2025, la Comisión Permanente del Congreso aprobó el retorno del financiamiento privado para organizaciones políticas. Con el respaldo mayoritario de la coalición autoritaria que hoy gobierna, elevaron arbitrariamente el tope de 120 a 200 UIT por donante, además de autorizar el uso de fondos públicos para financiar la defensa legal de líderes y representantes partidarios.

En un país donde las economías ilegales movilizan muchos recursos, sobre todo en regiones sin el rastreo del Estado, lamentablemente, una medida de este tipo abre las puertas a las mafias. El financiamiento privado puede ser bueno, siempre que sea transparente.

De acuerdo con el Instituto de Criminología y la Asociación Empresarios por la Integridad, con los más de 7.000 millones de dólares anuales que mueven los mercados ilegales en el Perú, el riesgo de financiamiento ilícito puede influir en hasta 100.000 campañas electorales en las elecciones de 2026.

Mientras los flujos ilícitos del oro, cocaína, contrabando y tala ilegales siguen penetrando las dinámicas económicas del país, este informe supone una alerta que las autoridades electorales deben observar.

Pero este riesgo tiene responsables. Han sido los congresistas de Fuerza Popular, Avanza País, Renovación Popular, Alianza para el Progreso, Bloque Magisterial y Somos Perú quienes, en lugar de proteger el proceso electoral frente al avance sostenido de las redes criminales, lo han expuesto a la criminalidad.

Esta correlación no es una coincidencia: buena parte de quienes votaron a favor de la norma pertenece a bancadas cuyos dirigentes están involucrados en investigaciones por presuntos delitos de financiamiento ilegal. Es el caso de Keiko Fujimori (FP) y Vladimir Cerrón (PL), por ejemplo.

Es lamentablemente conocido que las campañas locales, sobre todo en distritos con baja capacidad estatal para la fiscalización, constituyen hoy un canal óptimo para ​e​l ingreso de dineros ilícitos.

Es urgente que ​l​os propios partidos políticos, la Oficina Nacional de Procesos Electorales y el Jurado Nacional de Elecciones, junto con el Ministerio Público, preparen y den a conocer un plan de trazabilidad de los movimientos económicos partidarios para contrarrestar la infiltración criminal en las campañas electorales.

Es indispensable no claudicar en la publicación digital inmediata y obligatoria del financiamiento, mientras un próximo Parlamento encauce una reforma electoral estructural que corrija este despropósito.

La amenaza ilícita que se cierne sobre las elecciones

El Gobierno de la coalición autoritaria ha agilizado la puesta en marcha de una operación política premeditada, que acelera la posibilidad de un golpe contra la autonomía del Ministerio Público.

Al poner a disposición de la exfiscal Patricia Benavides los recursos policiales del Estado, la orden del comandante general de la Policía Nacional del Perú, Víctor Zanabria, configura un acto ilegal cómplice en la captura del sistema de justicia.

A pesar de lo resuelto constitucionalmente por la Junta de Fiscales Supremos, Zanabria ha decidido tratar a Benavides como fiscal de la Nación, amparándose en el falso dilema creado por la JNJ y los operadores políticos de la ilegalidad. Aun cuando la PNP niega reconocer a una fiscal de la Nación, su decisión materializa el apoyo a la usurpación de funciones que, de no corregirse, compromete al Gobierno en un acto golpista flagrante.

De la misma manera como actúa la Junta Nacional de Justicia, este tipo de acciones ilegales marcan la pauta de una narrativa que, ante los ojos de la comunidad internacional y el Estado de derecho, es una arbitrariedad.

Además, la institución de seguridad interna del país, con solo un comunicado, pretende maquillar la subordinación explícita al blindaje de una fiscal destituida y cuya restitución carece de absoluta legitimidad.

Vale la pena mencionar que es el propio comandante Zanabria quien tiene una carpeta fiscal abierta por presunta corrupción durante la gestión de Espinoza.

No obstante, este uso político de sumarse al falso dilema de dos fiscales abre la puerta a un escenario aún más preocupante: desconocer a la fiscal de la Nación, Espinoza, sin base legal ni respaldo fiscal efectivo.

No es menor el detalle: quien hoy se alinea con Benavides podría beneficiarse mañana de su eventual regreso. Se trataría de un trueque siniestro entre impunidad y poder.

Este hecho revela hasta qué punto los operadores del golpe están improvisando sobre el vacío legal. Lo que jamás tendrán por conducto regular lo pretenden imponer a través de la manipulación de la verdad y la coacción, como en las dictaduras.

La ciudadanía y los administradores de justicia deben mirar con máxima atención lo que ocurre, que no es una disputa entre fiscales. Lo que está en juego es si los peruanos permiten que, desde las instituciones encargadas de proteger el Estado de derecho, se construya un Estado paralelo.

No hay democracia sin respeto a la legalidad. El respaldo a la supuesta ambigüedad sobre el futuro del Ministerio Público es grave. Mirar de reojo y admitir el falso dilema fiscal es permitir que el golpe avance.

La maniobra golpista

La ofensiva contra el Ministerio Público del Perú no es producto de una pugna legítima entre facciones institucionales. Es, más bien, el síntoma de una estrategia autoritaria y proimpunidad que pretende capturar una de las pocas entidades autónomas que aún resisten el deterioro institucional.

En ese camino, se ha querido instalar una narrativa falaz de conflicto interno, cuando lo que en realidad existe es una arremetida antiderechos —cruda y calculada— con la clara intención de condicionar el rumbo electoral del país mientras blindan a quienes temen responder ante la justicia por sus delitos.

La frustrada restitución de Patricia Benavides en el cargo de fiscal de la Nación es un paso más en esta operación, que aún no termina. No importa que su destitución haya sido un acto administrativo cerrado ni que el propio Poder Judicial ya haya desestimado su demanda de amparo por carecer de sustento legal.

Tampoco parece importar que la Junta Nacional de Justicia actúe, sin disimulo, como un brazo político de la coalición autoritaria que busca consolidar un régimen de inestabilidad institucional afín a una dictadura.

Frente a esta maniobra, la comunidad jurídica internacional ha alzado la voz. La Federación Latinoamericana de Fiscales (FLF) ha sido enfática al rechazar la resolución que busca reponer a Benavides. Los destacados juristas de la región la califican como lo que en realidad es: una “nulidad de oficio”.

Además, denuncian públicamente un atentado contra la independencia del Ministerio Público. Según la FLF, la única instancia con competencia para elegir al titular de la Fiscalía de la Nación es el Pleno de la Junta de Fiscales Supremos, y esa elección —en este caso, la de Delia Espinoza— ya fue realizada conforme a ley.

La insistencia en desconocer esta realidad no solo es jurídicamente improcedente, sino también peligrosa. Pretende que el país normalice que decisiones disciplinarias sean torcidas a la fuerza no con la ley en mano. Peor aún, todo esto ocurre en un contexto preelectoral, en el que las garantías democráticas deberían ser reforzadas, no demolidas.

No se trata de un conflicto entre fiscales, sino de un ataque directo contra el Estado de derecho. De la misma manera, un autoritario puede desconocer contratos, imponer jueces y fiscales y destruir las posibilidades de acceso a la justicia, inversión y desarrollo en el Perú.

Ceder ante esta farsa de pugna solo facilitará la instauración de un peor régimen autoritario y violento. Los peruanos ya lo han vivido antes. Lo mismo ocurrió meses antes del golpe cometido por Alberto Fujimori el 5 de abril de 1992.&nbsp; Los peruanos no pueden permitirse repetirlo.

El falso dilema de los autoritarios

En tiempos en que la desconfianza hacia las instituciones ha alcanzado cifras récord, las palabras del Papa León XIV, líder mundial de la Iglesia católica, llegan al Perú como un eco de empatía y esperanza. Su reciente carta dirigida a los peruanos es mucho más que un gesto protocolar: es una toma de posición contundente.

El Sumo Pontífice se pronuncia públicamente sobre los casos de abuso ocurridos dentro de la Iglesia. Reconoce la traición sufrida por quienes buscaron consuelo en la fe y hallaron daño, en alusión al disuelto Sodalicio de Vida Cristiana.

Al mismo tiempo, agradece el rol activo del periodismo, como Paola Ugaz y Pedro Salinas, en la búsqueda de la verdad, a pesar de la persecución y hostigamiento sistemático de estructuras poderosas ajenas al corazón del Evangelio.

Es a partir de esa constatación que marca una continuidad clara del pontificado de Francisco en el que afirma, con énfasis, que “una Iglesia auténtica no puede tolerar ningún tipo de abuso —ni de poder, ni de conciencia, ni sexual”.

A poco más de un mes de haber iniciado su pontificado, el Papa demuestra una sensibilidad y cercanía ante lo que los peruanos vienen sufriendo por el desgobierno autoritario actual.

Además, el recientemente nombrado obispo de Roma no es ajeno a la violencia que escala contra los peruanos en condiciones más precarias. De la misma manera, demuestra preocupación por la escalada en las amenazas contra la prensa.

“Exhorto, pues, a las autoridades del Perú, a la sociedad civil y a cada ciudadano a proteger a quienes, desde las radios comunitarias hasta los grandes medios, desde las zonas rurales hasta la capital, informan con integridad y coraje. Donde se silencia a un periodista, se debilita el alma democrática de un país”, dice el Papa León.

En ese sentido, hacemos extensiva a los peruanos esta misiva papal que reconocemos como un llamado a la justicia. En un país que sigue acumulando muerte la inacción gubernamental, el Pontífice señala con claridad que defender el periodismo libre y ético no es solo un deber moral, sino una condición esencial para sostener la democracia.

A las autoridades peruanas que insisten en perseguir al que piensa distinto y, sobre todo, a quien amenaza sus acciones no éticas con la verdad, repetimos lo afirmado por León XIV:&nbsp; “los que ejercen esta vocación con conciencia no pueden ver apagada su voz por intereses mezquinos”.

En estos tiempos oscuros para el país, es alentador que el Papa, quien también es peruano, haya optado por estar del lado de las víctimas, de la justicia y de la memoria. Y eso, para los peruanos, es un gesto que no debería pasar desapercibido.

León XIV con los ojos puestos en el Perú

La ofensiva desatada contra la fiscal de la Nación, Delia Espinoza no debería verse como un evento cualquiera. Si bien la ilegalidad creada por la Junta Nacional de Justicia -hoy denunciada constitucionalmente- es evidentemente burda, se trata de una movida calculada.

La pregunta clave no es por qué Espinoza está siendo atacada, sino quiénes se benefician directamente de su debilitamiento. La respuesta conduce, sin rodeos, al corazón del poder político actual: la coalición autoritaria gobernante.

Como informa hoy La República, en pocos meses, Espinoza ha presentado al menos 24 denuncias constitucionales contra congresistas investigados por casos como los ‘mochasueldos’, ‘Los Niños’ o presunto tráfico de influencias. Los nombres no son menores y pertenecen a un amplio espectro de parlamentarios que hoy conforman la mayoría que garantiza la estabilidad política del régimen de Dina Boluarte.

Sin embargo, eso no es todo. Espinoza fue quien presentó una denuncia constitucional en contra la presidenta Dina Boluarte por los presuntos delitos de abandono de cargo en el caso de las cirugías clandestinas, enriquecimiento ilícito en el caso Rolex, colusión (Qali Warma) y, sobre todo, por las muertes durante las protestas sociales al inicio de su mandato. Denuncias que, por supuesto la subcomisión de asuntos constitucionales -dirigida por APP- se encargó de archivar arbitrariamente.

No obstante, vale decir que Boluarte no actúa sola. Su mayor respaldo se encuentra en el Congreso, cuyas bancadas han recibido también la atención de la fiscal Espinoza. Para ellos, Espinoza es una amenaza.

Lo que buscan quienes hoy impulsan la desestabilización del Ministerio Público es recuperar el control de una institución clave para evitar rendir cuentas, como en los tiempos de los Cuellos Blancos a la cabeza de dicha institución.

En ese sentido, existen los suficientes indicios para afirmar que la inestabilidad creada en la Fiscalía por los miembros de la JNJ firmantes de la resolución ilegal de reposición de Benavides, los congresistas y los abogados de políticos acusados por corrupción que vienen saliendo en medios a respaldar lo resuelto contra el Derecho por la Junta responden a un plan concertado.

Además, se le suma el silencio de los miembros de la JNJ. De ahí los incentivos perversos para crear las condiciones para un golpe antes de abril de 2026.

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