Esta semana el Congreso de la República ha tomado decisiones ensombrecen aún más el panorama. Primero, se aprobó la prohibición de brindar capacitaciones a las personas reportadas como agresores y que se encuentran en libertad. Estas capacitaciones pretenden educar y sensibilizar sobre el impacto nocivo de la violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar.Han sido eliminadas.

Además, en la Comisión de Cultura se aprobó un dictamen que asigna a los gobiernos locales la responsabilidad de decidir si las manifestaciones públicas (marchas, pasacalles, intervenciones en la vía pública en general) resultan perjudiciales para la niñez. Esto resulta discrecional, arbitrario, y tiene un claro ánimo de censura contra expresiones artísticas y políticas. Por si fuera poco, el miércoles se votó la inhabilitación de ex autoridades como Francisco Sagasti, Martín Vizcarra y Salvador del Solar. Al momento de enviar esta columna, se salvó de la inhabilitación Francisco Sagasti.

Consignará algunas cifras para reflexionar sobre la eliminación de los talleres contra la violencia que debían llevar los agresores. De acuerdo con el Programa Nacional Aurora, al 31 de marzo se habían atendido 42, 805 casos de violencia en los Centros de Emergencia Mujer (CEM). Además, se reportan 49 casos con características de feminicidio. Recordemos que el trabajo de los CEM no está limitado a casos de violencia contra la mujer sino que cubre a todo el entorno familiar, incluyendo niñas y niños, adultos mayores, personas con discapacidad, etc. Como vemos, la realidad exige una atención integral desde el Estado. Si bien las intervenciones son perfectibles y requieren evaluarse periódicamente, eliminar lo que existe no es una solución.

Existe evidencia sobre la eficiencia de iniciativas participativas, lideradas por miembros de las comunidades, así como de la relevancia de la participación de hombres aliados en la lucha contra la violencia. Ya que vemos la inacción desde el Estado - tanto desde el Ejecutivo como desde el Legislativo- , y el desmontaje de la poca institucionalidad existente, es importante un compromiso también desde el sector privado para que al menos en espacios laborales formales exista investigación seria sobre acoso y hostigamiento, microviolencias y abordaje de estas situaciones. ¿En tu centro laboral, qué se hace contra la violencia?

Eliana Carlín

Movidas desde la caverna, por Eliana Carlín

Movidas desde la caverna, por Eliana Carlín | hnews

La República

De un tiempo a esta parte, el Perú no está en crisis, sino que es la crisis. El episodio de la exfiscal de la Nación, destituida de su cargo, entrando a empujones a las oficinas del piso 9 del edificio del Ministerio Público, ha sido un intento de golpe contra la democracia que hemos visto en vivo.

La flagrancia del delito de usurpación de funciones cuestiona, además, el rol de la Policía Nacional acompañando la escena. ¿Qué sigue? Pues lo que está haciendo la facción “coalicionada” de la política local: plantear una equidistancia en el “enfrentamiento entre dos bandos”, que requiere una reforma total del MP-FN, y, por tanto, la salida de Delia Espinoza de su puesto. No es esa la situación: no hay equidistancia y lo que se requiere es firmeza contra un ataque flagrante al Estado de derecho.

La discusión sobre la calidad de la democracia en el país, o de la posibilidad de calificarnos como tal, tuvo un pico tras las masacres de diciembre de 2022 y enero de 2023. Sin embargo, desde entonces, solo se ha producido un franco deterioro. Sumemos a la situación descrita en el párrafo anterior el autoritarismo de coalición que se vive entre el Ejecutivo y la mayoría congresal. ¿Se puede hablar de separación real de poderes cuando el grueso del Congreso no representa, y el Ejecutivo se arrodilla a sus intereses, todos alejados del bien común?

Acá un listado rápido de normas que nacieron en el Congreso, sirven a intereses dudosos y que el Ejecutivo promulgó, debiendo significar un freno/contrapeso a la iniciativa de legislar al servicio de delincuentes. Comenzamos con la llamada “Ley Soto” (Ley 32104), que reduce a un año la suspensión del plazo de prescripción penal, lo cual permite liberar a investigados por delitos graves, incluyendo corrupción y crimen organizado.

En segundo lugar, la Ley 32130 permite a los acusados apelar la resolución que inicia el juicio oral, añadiendo pasos procesales que retrasan juicios complejos. Luego, la Ley 31990, que establece un plazo máximo de ocho meses (con posibles extensiones) para corroborar información proporcionada por colaboradores eficaces, quienes confiesan delitos a cambio de beneficios legales.

Y, finalmente, la Ley 32126 (Ley Anti-ONG), que restringe la capacidad de las ONG para brindar apoyo legal a víctimas de violaciones de derechos humanos, especialmente a poblaciones vulnerables como pueblos indígenas y víctimas de abusos policiales.

No hay espacio para hacer un listado exhaustivo, pero podemos sumar leyes que modifican la extinción de dominio y leyes que permiten a la PNP actuar sin intervención de la Fiscalía. Regresando al doctor Francisco Durand, esta es una forma de captura del Estado que tal vez no es nueva en el fondo, pero sí en la forma: en la alianza perversa que elimina los balances democráticos para servir a intereses privados y, esta vez, incluso criminales.

Autoritarismo de coalición y otros males, por Eliana Carlín

Las razones por las que Dina Boluarte debe ser vacada son muchas y de diversa índole. El motivo más humano son los 49 asesinados en manos de represión policial sobre la cual se implantó su régimen a sangre y fuego. Sin embargo, esto no fue motivo suficiente para una moción de vacancia para las fuerzas co-gobernantes que se encuentran desde dentro y fuera del Congreso. Esta semana, sin embargo, se alzaron múltiples voces que reclaman la necesidad de una vacancia, por nada menos que traición a la patria. ¿Y cómo de un momento a otro se volvió traidora a la patria la doña de los Rolex?

En un viaje a Niza (Francia) autorizado por los partidos políticos aliados de Boluarte, la presidenta firmó el llamado “Tratado de Altamar”, cuyo nombre oficial es” Tratado sobre la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad marina más allá de las jurisdicciones nacionales”.

Ciertos gremios empresariales, fuertemente ideologizados con una agenda en contra del desarrollo sostenible, se manifestaron furibundamente en contra de este tratado sosteniendo varias mentiras. En primer lugar, el dichoso Tratado no afecta la soberanía nacional en tanto las 200 millas se encuentran inafectas. En segundo lugar, tampoco genera obligación alguna al Perú en relación a la CONVEMAR.

Entonces, ¿por qué tanto griterío? ¿Han venido algunas empresas realizando actividades extractivas en altamar frente a nuestras cosas? Pues este compromiso internacional permitiría conservar los recursos naturales de dichas áreas. Recursos que, como sabemos, son finitos y la depredación sin límites no lleva a nada bueno a esta casa de todos que es el planeta tierra.

¿Cómo es que la firma de este instrumento internacional sí es motivo de vacancia presidencial y el asesinato de medio centenar de compatriotas no lo es? ¿Qué significa para los gremios que firman el “patriótico” comunicado traicionar a la patria?, ¿cuál es la patria que les genera dolor? Estas preguntas requerirían una reflexión de dimensiones enciclopédicas y la discusión quedaría inconclusa.

El recurso patriotero es risible a estas alturas. La discusión sobre la nación, las naciones y las fracturas que presenta nuestra sociedad deben ponerse sobre la mesa de cara al proceso electoral de 2026, por lo menos para asumir la deshumanización de tantos compatriotas desde los espacios de poder tradicional. Son discusiones sin las cuales no será posible avanzar.

Las élites empresariales y congresales toleraron la represión porque garantizaba la continuidad del modelo extractivista que les beneficia, pero rechazan un tratado que perciben como una amenaza a sus privilegios en los recursos marinos. La “traición” no está en la firma de Boluarte, sino en un sistema que mide la moralidad de sus líderes según su utilidad para el poder

¿Traición a cuál patria?, por Eliana Carlín

De acuerdo a la definición de CEPLAN (2024, p.8), el Índice de Capacidad Estatal (ICE) “es una medida que expresa el nivel de habilidades organizacionales y de gestión que tienen las organizaciones estatales para la entrega de servicios públicos dirigidos a la población que habita el territorio”. La última publicación sobre ICE de CEPLAN evalúa servicios entre los años 2015 y 2023. Esta evaluación se realiza por región y toma en cuenta indicadores de salud, de educación, vivienda, y seguridad. Como todo índice, es una evaluación informativa, pero que sin duda no captura la enorme complejidad de los servicios estatales en su totalidad.

Revisemos de forma gruesa las áreas consideradas en este índice. Si hablamos de salud, tanto el Ministerio de Salud como Essalud se encuentran fuertemente politizados, dejando de lado la meritocracia en el nombramiento de directivos de ambas instituciones copadas por Alianza para el Progreso (APP), parte de la coalición gobernante. En este marco, los pacientes de enfermedades raras y huérfanas claman por la compra de medicamentos para atender sus padecimientos, la espera para exámenes, citas y cirugía se estira cada vez más. En el caso del MINSA, el pésimo funcionamiento de DIGEMID ha tenido como consecuencia sueros contaminados que han cobrado 7 vidas, mientras hay denuncias de irregularidades en los exámenes del SERUMS.

Pasando a hablar de educación, las Direcciones del MINEDU fenecen sin presupuesto mientras el sindicato de la institución denunció que los ascensores no funcionan, generándose colas larguísimas para entrar, salir y retirarse a almorzar. Esto no es nada si consideramos la denuncia de Contraloría respecto a la existencia de 147 docentes con títulos falsos en la UGEL Ventanilla, los más de 500 casos de violencia sexual de docentes contra estudiantes en Condorcanqui y claro, como cereza del helado la denuncia constitucional contra el señor Morgan Quero por llamar ratas a las personas asesinadas durante las protestas contra el régimen que él ayudó a imponer y que ahora sirve tan indignamente.

Si hablamos de vivienda, el déficit habitacional del país no se ha movido en este gobierno. Pero si hablamos de transporte e infraestructura no hay solo estancamiento, sino supuestos avances que nos alejan del futuro. Estamos viviendo la mediocridad en la “entrega” del nuevo aeropuerto Jorge Chávez, que reporta retrasos, pasajeros atrapados, déficit de combustible para los aviones e inundación de oficinas.

Finalmente, si hablamos de seguridad, tenemos medidas que fracasaron estrepitosamente como los estados de emergencia. De acuerdo a un estudio de la Cámara de Comercio de Lima, el 85% de la población se siente insegura y el 27.5% de personas mayores de 15 años han sido víctimas de robo en la capital. Tomando en cuenta todo esto, es muy probable que cualquier evaluación concreta que se realice, incluyendo el ICE, presente una caída significativa durante este periodo presidencial. Consideremos, además, que la inseguridad detiene el crecimiento económico, y de acuerdo a la Cámara de Comercio de Lima esto podría tener como consecuencia la caída de 11 millones de personas debajo de la línea de pobreza, lo cual representa al 31,8% de la población.

¿Es acaso lo que ocurre responsabilidad exclusiva de Dina Boluarte y su mediocre gobierno?, ¿no es acaso esta situación causa de factores estructurales? De hecho, la responsabilidad recae principalmente en la mediocridad con la que se manejan las instituciones, a factores de agencia y al contexto político que afrontamos. Estos tres elementos son responsabilidad absoluta de los actuales gobernantes. Las instituciones se ven debilitadas al colocar cuadros anti-técnicos que priorizan las prebendas y las consultorías por encima del bienestar general, y tienen de la mano al Congreso de la República para movilizar las normas para debilitar la institucionalidad o directamente favorecer al crimen y la informalidad. Quienes encabezan las instituciones no tienen ningún peso específico y desde Palacio de Gobierno se les valora por su calidad de adulones. En cuanto al contexto político, una presidenta con virtualmente 0% de aprobación, que se asentó en la gestión sentada sobre 50 cadáveres, no representa precisamente un espacio de estabilidad política.

En un momento en que una mirada general del gobierno revela la debacle estatal, el gobierno de Dina Boluarte no solo fracasa en salud, educación, vivienda y seguridad, sino que perfecciona el arte de la mediocridad. Con instituciones copadas por leales sin mérito, un Congreso que legisla para el caos y una presidenta sin legitimidad, el Perú se hunde en un pantano de inseguridad y pobreza. ¿Responsabilidad estructural? Sí, pero la ineptitud y el oportunismo de este régimen son un ácido que carcome el Estado, y no era necesario esperar a las palabras del exministro Luis Miguel Castilla para saberlo, pero al parecer sí hacían falta para convencer a un grupo de tecnócratas particularmente pacientes con Boluarte y compañía.

Hoy, los profesionales y servidores públicos debemos garantizar elecciones transparentes, fortaleciendo instituciones con meritocracia y neutralidad. Su rol es clave para legitimar el proceso y así restaurar la confianza ciudadana. Un nuevo momento fraudista nos podría llevar a rutas intransitables.

Las fuerzas corrosivas, por Eliana Carlín

Una encuesta de Ipsos realizada en abril de 2025 revela un dato que no debería sorprender, pero que para algunos sacude el tablero político: el 37% de los peruanos votaría o podría votar por Pedro Castillo, el expresidente actualmente encarcelado tras un intento de disolver el Congreso en diciembre de 2022 después de un corto gobierno bajo hostigamientos legales y fácticos muy diversos. Este respaldo, que incluye un 15% que votaría "definitivamente" por él y un 22% que "podría" hacerlo, es claramente una muestra de resistencia de los espacios populares que le entregaron su voto. En especial, teniendo en cuenta las desaprobaciones de aproximadamente 90% del Ejecutivo y Legislativo.

El apoyo a Castillo debe entenderse como un voto identitario, más que programático, en un contexto de fragmentación partidaria donde el centro-periferia sigue gritando. En sistemas con partidos débiles, como el peruano, los liderazgos de outsiders emergen como canales de expresión para sectores marginados. El “voto de protesta” del sur andino, que llevó a Castillo al poder en 2021, responde al agotamiento de un modelo político centralista que desatiende las demandas regionales. Sin embargo, junto con este respaldo, se mantiene el rechazo de las élites tradicionales no solo a Castillo, sino a cualquier propuesta semejante.

¿Qué significa este 37%? Que el Perú de 2025 sigue fracturado, con un sur que reclama voz y un sistema político que no logra renovarse, dando espacio cómodo al antiestablishment. Mientras la campaña electoral de 2026 calienta motores, la figura de Castillo, desde prisión, nos recuerda que la política peruana no se transformará encerrando o proscribiendo la participación de figuras que la sociedad reclama, sino escuchando a quienes los sostienen.

Mientras tanto, el Ejecutivo no se desprende de la frivolidad de viajes, cirugías y relojes. La ciudadanía, harta, espera más que promesas: exige un cambio real que nadie parece representar.

Eliana Carlín 30-05

Pedro Castillo y el desafiante 37%, por Eliana Carlín

El impacto de la fragmentación política se discute actualmente en el marco de los 43 partidos inscritos actualmente de acuerdo al Jurado Nacional de Elecciones, los mismos que participarán en el proceso electoral de 2026. Esta situación refleja gran desconexión entre políticos y la ciudadanía. Sin una nueva forma de diálogo inclusivo, que reconozca a los sectores marginados, la fragmentación seguirá alimentando la crisis política y la captura del Estado por intereses tradicionales que nos han llevado la situación actual: adultos mayores sin pensión, sicariato y extorsión fuera de control, familias que consumen menos calorías diarias, violencia sexual desatendida en escuelas de la amazonía, entre muchos otros flagelos.

Distintos autores como Steven Levitsky (2003 y 2016) y Martín Tanaka (2005) han desarrollado en extenso que la debilidad de los partidos ha erosionado la representatividad. Si a eso le sumamos que se profundizó la desconfianza, cuestionando y hasta pretendiendo eliminar desde las élites la votación rural en 2021, es bastante obvio que el diálogo político es casi imposible mientras se continúe ignorando a las poblaciones históricamente marginadas. Esta desconfianza es un muro muy difícil de derribar.

Según el Latinobarómetro 2024 sólo el 9% se identifica con los partidos en el Perú. Un proceso electoral marcado por un debate más inclusivo podría transformar la crisis en una oportunidad para fortalecer la democracia peruana. Para ello toca mirar hacia las alternativas electorales que parten desde las regiones. El debate debe dejar de estar centrado en Lima, aunque parezca un imposible pedir esto a la gran prensa. Visibilizar a quienes no suelen tener voz es un desafío particularmente difícil si hablamos de 43 partidos. Queda hasta el 2 de agosto para ver cómo queda la conformación de las alianzas electorales. Es entonces que tendremos la foto final del partidor.

Movidas desde la caverna, por Eliana Carlín

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