Meu amigo, por Jaime Chincha

La sentencia infligida contra Ollanta Humala y Nadine Heredia es, ciertamente, histórica. Aunque, como toda historia, no está exenta de algunos borrones o imperfecciones; en este caso estríctamente jurídicos que verán los abogados; como el de condenarlos anticipadamente sin la lectura completa del veredicto.

Lo fundamental aquí es que se ha podido procesar y fallar respecto a millones oscuros y malhabidos destinados íntegramente a quienes fueron gobierno. Lo que catapulta esta trama corrupta a lenguajes cinematográficos es el asilo express que consiguió la señora Heredia. Pero de eso hablaremos después. Porque el severo castigo judicial impuesto a la gestión Humala –15 años de cárcel efectiva– vuelve a repiquetear el desenlace perverso y farragoso con el que terminan los regímenes en el Perú, o las meras aspiraciones políticas sin éxito en las urnas.

Tal como concluye el resumen de la resolución del juzgado, los Humala Heredia festinaron dineros no declarados tanto el 2006 como en el 2011. El Tribunal expuso con severidad que en ambas campañas hubo aportes fraudulentos; que los 57 aportantes del 2006 y los 55 aportantes del 2011 testificaron no haber contribuido con centavo alguno para las cruzadas presidenciales de los Humala. Casi todos esos aportantes, declarados ante la Oficina de Procesos Electorales como tales, vivían a las justas; como se dice en buen peruano, no tenían ni dónde caerse muertos.   

Es así que la perversión con la que se blanquearon esos dineros fue implacable y sistemática. Hubo plata de Hugo Chávez que sobró y que había que gastar, tras la contienda del 2006 en la que Alan García se hizo de la presidencia. La señora Heredia recibió sueldos ficticios de unos US$5,000 mensuales, desde empresas que a las justas declaraban la quinceava parte de esos montos al año ante la Superintendencia de Impuestos. Contratos amañados con empresas creadas para el mecanismo del lavado: Apoyo Total, Daily Journal o Palma Aceitera.

La defensa humalista sostiene que no se puede probar que el dinero les llegó desde el Palacio de Miraflores, aunque existen testimonios como el de Martín Belaunde que aseguran inequívocamente que el biyuyo vino pachuqueando a ritmo de joropo. Quien tiene memoria sabe que Belaunde bailoteó con los Humala un largo trecho en la pista de la corruptela, entre el Arauca vibrador hasta danzando la manivela. 

Ya en el 2011, los Humala hicieron todo por llegar a Palacio de Gobierno. La consigna fue ganar a cualquier precio. El partido con el que se inscribieron se llamaba Gana Perú, como para que no quedasen dudas. De acuerdo al Tribunal, Ollanta y Nadine recibieron US$3 millones en efectivo. Ese año, la empresa Odebrecht apoyaba a Keiko Fujimori; Humala les parecía un antisistema. Pero fue gracias a las gestiones de Luiz Inazio Lula da Silva, a través del Partido de los Trabajadores (PT), que Marcelo Odebrecht desembolsó ese dinero. Jorge Barata se resistió. Marcelo retrucó diciéndole que era un pedido expreso de Lula. Barata aceptó y pagó.

Muchos años después, frente al pelotón de graves acusaciones que enfrentó con cárcel efectiva incluso, el señor Lula gracias un juez próximo al PT, limpió de polvo y paja a los Odebrecht y de paso se expurgó él con un hielo tan prístino que le permitió volver a gobernar. Los abogados peruanos quisieron reescribir el mecanismo de impunidad brasileño. Pero la sentencia contra los Humala libró a la justicia peruana de ser un sambódromo anexo con vista al Pacífico. El juzgado consideró que la anulación de las sentencias allá, no borra la ilicitud del dinero que llegó acá. Esto último sienta precedente no solo para quienes, entre 2011 y 2016, fueron llamados popularmente como la pareja presidencial. «Aumentar Keiko para 500 e eu fazer visita», bien podría ser el título de la siguiente temporada en el Tribunal de las deshonestidades a las que la clase política peruana ya nos tiene acostumbrados.

Meu amigo, es como quizá Nadine Heredia inició el diálogo a distancia con Lula da Silva, cuando ella sintió que las papas quemaban, incluso días antes de conocerse el dictamen carcelario. Tal como se descolgaron los hechos que terminaron con Nadine y su pequeño Samín en el Brasil, no hay otra forma de concluir en que el diálogo se produjo a ese nivel y con una fina y milimétrica estrategia de coordinación. Nadine y Samín van a la mañana del 15 de abril a la Embajada brasileña, en la esquina de las avenidas Pardo y Espinar, en Miraflores. En ese mismo instante, en el centro de Lima, Ollanta Humala comparecía ante la Corte. Nadine consigue el asilo durante la misma noche del martes. Cualquier cristiano no consigue así nomás que el embajador Clemente Baena Soares te atienda con tal prontitud. Que envíe la solicitud de asilo a Brasilia. Que el canciller Mauro Vieira se lo informe al presidente Lula. Que Vieira le devuelva la respuesta positiva a Baena y que Baena se lo informe a nuestro canciller Elmer Schialer. Que Schialer disponga un comunicado público informando del pedido, mientras Lula va ordenando que un avión del gobierno brasileño cargue combustible y vuele con destino a Lima para recoger a la asilada en cuestión junto a su pequeño hijo. El plan fue perfecto, se concretó en cuestión de horas. A las 4 de la madrugada del miércoles 16, Nadine y Samín volaron hacia la costa atlántica.

Y si bien es cierto que, de acuerdo al Tratado de Asilo de 1954, el Estado territorial –o sea, el Perú– debía otorgar el asilo ante el Estado asilante –es decir, el Brasil– por decisión de este último, el gobierno de Dina Boluarte debió al menos enviar una nota de protesta al gobierno de Lula manifestando que en el Perú no se persigue a los políticos por medios judiciales. Dina le entregó el salvoconducto a Nadine sin chistar y con indiscutible prontitud. Y es que ese Tratado no concede asilos a condenados o procesados, salvo que existan motivaciones políticas. La corrupción al más alto nivel se ve favorecida con el asilo otorgado a Nadine ya que éste sienta precedentes. 

Sí, precedentes para futuros asilos de futuras presidentas envueltas en acusaciones de la justicia.

¿Por qué Dina Boluarte, o su canciller, no dejaron por escrito un reclamo diplomático, manifestando que en el Perú no se persigue judicialmente a los políticos?     

Esa temporada la veremos, quizá, el 28 de julio del 2026, pasado el mediodía, en el mismo Tribunal de las deshonestidades a las que la clase política peruana ya nos tiene acostumbrados.