Columnista invitado. Autor de contenidos y de las últimas noticias del diario La República. Experiencia como redactor en varias temáticas y secciones sobre noticias de hoy en Perú y el mundo.

(*) Por Cecilia Tovar, filósofa e investigadora del Instituto Bartolomé de las Casas.

Francisco es un Papa reformador. Por eso está impulsando la sinodalidad. Esta palabra rara significa algo sencillo: syn es juntos, odos es caminar. Es decir, caminar juntos. ¿Quiénes? Los laicos y laicas, las religiosas, los sacerdotes, los obispos, el Papa… y el Espíritu Santo que los impulsa. Y además tienen que caminar con la humanidad entera en la historia. Nada fácil.

Practicar la sinodalidad significa volver a la idea del Concilio Vaticano II de la Iglesia como Pueblo de Dios, donde todos los bautizados son participantes activos, y no solo los obispos, como algunos creen. Por eso, el Papa está llevando a cabo un largo sínodo sobre el tema de la sinodalidad.

Empezó en octubre del 2021, lanzando una consulta mundial sobre qué Iglesia quieren los católicos, aunque también pidió consultar a aquellos que no lo son.

Nunca se había hecho una consulta tan amplia y, por eso, todos los temas que preocupan a los fieles salieron en la primera sesión de la Asamblea del Sínodo Mundial en octubre de 2023: la marginación de la mujer; la participación de laicas y laicos; el sacerdocio; la acogida a las personas LGTBI; la opción por los pobres; los abusos sexuales, de conciencia y de poder de menores; el clericalismo; y muchos otros. Por primera vez participaron laicas y laicos con voz y voto. Toda una revolución. El Papa Francisco se había dado cuenta de que faltaba tiempo, por lo que prolongó los trabajos por un año más, hasta 2024.

Desde hoy, 2 de octubre, se da inicio a la segunda sesión del sínodo que durará hasta el 27 del presente mes. Francisco ha formado 10 comisiones de expertos para que trabajen los temas más difíciles, quienes continuarán trabajando hasta mediados del 2025. De esta manera, la Asamblea del Sínodo puede concentrarse en el tema central de cómo ser una Iglesia sinodal, que sea realmente de hermanos y hermanas que caminan juntos y provoque reformas concretas que muestren una Iglesia más comunitaria y participativa.

INVITADA

Un sínodo para cambiar la Iglesia, por Cecilia Tovar

Por primera vez participaron laicos y laicas con voz y voto. Toda una revolución en la Iglesia católica.

La República

La segunda Encuesta Nacional de Percepciones de Desigualdad - ENADES 2024, de OXFAM y el IEP, encontró que 6 de cada 10 peruanos creen que la desigualdad ha aumentado en los últimos dos años y que el 54% de los hogares declara no contar con ingresos suficientes para cubrir sus necesidades esenciales.

Esto sugiere que el mito optimista del “milagro económico” sostenido por el emprendedurismo de los individuos y sus familias parece haber alcanzado su límite. La creencia de que en el Perú una persona pobre que trabaja duro puede llegar a ser rica ha disminuido en 9 puntos respecto de hace dos años, mientras que ha aumentado en 7 puntos el desacuerdo con la idea de que las personas pobres lo son porque desaprovechan las oportunidades. La idea de que “el esfuerzo es suficiente” claramente se ha ido diluyendo en los últimos dos años.

La concentración de la riqueza y las oportunidades ha alcanzado niveles críticos para los peruanos: 8 de cada 10 consideran que la desigualdad entre ricos y pobres es muy grave o grave. Esta concentración no solo se manifiesta en el frente económico, sino también en la influencia y el poder que unos pocos tienen capacidad de ejercer y que influye y afecta las vidas de todos. De hecho, el 69% de los encuestados siente que los ricos tienen demasiada influencia en las decisiones nacionales, y un abrumador 90% piensa que el Perú está gobernado por unos pocos grupos poderosos en su propio beneficio.

Por otra parte, nacer y crecer fuera de Lima constituye una seria desventaja para muchos peruanos, reflejando la precariedad con la que el Estado y las oportunidades se han distribuido en el territorio nacional. Para 7 de cada 10 peruanos, la desigualdad entre Lima y el resto del país es grave o muy grave y casi el 60 % opina que Lima gobierna el país sin considerar a las otras regiones.

Esta desigualdad abusiva termina despojando a los peruanos de sus derechos: 9 de cada 10 personas perciben que el acceso a la justicia es desigual; 83% cree lo mismo del acceso a la salud y el 76% a la educación (76%). Un Estado que procura el beneficio de unos pocos, en la práctica restringe los derechos ciudadanos de quienes no tienen manera de incidir ni influir en las decisiones que, sobre la cosa pública, se toman desde el gobierno. Si a todo ello añadimos un sistema tributario injusto con una presión fiscal de apenas 17% y que 8 de cada 10 personas crean que los más ricos y las grandes empresas buscan evadir impuestos, no es ninguna sorpresa.

Al respecto, el 62% de los encuestados señala que quienes más tienen, deben pagar más. Esto cobra especial relevancia en un contexto de déficit fiscal en el que el Estado necesita urgentemente encontrar maneras de aumentar sus ingresos.

Finalmente, el 31% de los peruanos considera que un Estado más justo es el factor más importante para construir una sociedad más igualitaria. Esta cifra supera la importancia atribuida al crecimiento económico, la democracia, la reducción de la delincuencia o el apoyo a las minorías. Las voces de los peruanos a través de la ENADES 2024 son un recordatorio de que la redistribución de oportunidades en la lucha contra las desigualdades es fundamental para la viabilidad de nuestra democracia.

Encuesta IEP

La desigualdad abusiva despoja derechos, por Alejandra Alayza

El legado de Alberto Fujimori debe ser sin duda uno de los más grandes que una sola persona ha dejado en la historia de nuestro país. Fujimori lideró al Perú entre 1990 y el 2000, e introdujo en la alicaída y elitista política peruana, existente hasta la década de 1980, una nueva forma de hacer política; o en todo caso, como Carlos Iván Degregori explicó en el título de su libro, una forma de hacer antipolítica, o por lo menos lo que hasta 1990 nadie se hubiese imaginado que llegaría al mainstream electoral. Fujimori nos legó a los peruanos una forma de hacer política fuera de las estructuras de partidos tradicionales, donde no se necesita hacer carrera, sino basta con irrumpir. Así, subido en un tractor, Alberto Fujimori se volvió, en 1990, en el outsider original, en el disruptivo de disruptivos, y en el primer antisistema que, con cuyo éxito, creó una metodología que sostiene, hoy por hoy, la manera en la que distintos movimientos (llamarlos partidos sería mucho premio) atentan a lograr legitimidad ante potenciales electores en el Perú.

El desprecio de Alberto Fujimori, el Fujimori de inicios de los 90, por la política de partidos lo podemos ver hoy calcado casi a la perfección en varios de los partidos de nuestra escena electoral nacional. Los partidos en el Perú de hoy no son partidos de ideas. No se sostienen en tradiciones ideológicas ni mucho menos pueden ser clasificados dentro del espectro izquierda-derecha más común. Los partidos de hoy, así como lo fue Cambio 90, Nueva Mayoría, Perú 2000 y tantas otras microplataformas afiliadas al todavía muy gelatinoso fujimorismo, se definen dentro de un pragmatismo amplísimo, dispuestos a columpiarse entre posiciones políticas que se acomodan a las necesidades (o a veces, a la angurria) de los cacicazgos que los lideran. No por nada tenemos hoy entre las figuras políticas más importantes del país a personajes como Cesar Acuña o José Luna, quienes no tuvieron reparos en sentarse en las bancadas de la Izquierda Unida y el PPC respectivamente, para luego devenir en la creación de movimientos políticos masivos enormemente difíciles de categorizar, pero si por algo es seguro, se alejan diametralmente de las primeras incursiones políticas de sus dueños y fundadores. Incluso este modelo de política con columpio lo vemos hoy en el parlamento con partidos como Avanza País, el cual en las elecciones del 2021 se presentó a sí mismo como la opción “liberal” dentro de nuestro pobrísimo menú electoral, solo para que un año después lleve a Luis Otsuka, un conocidísimo empresario de la minería ilegal, a ser reelegido como presidente regional de Madre de Dios. La precarización de nuestra política, cada vez más un concurso de que hombre fuerte con bota de hierro puede imponerse sobre el resto, y cada vez menos un espacio donde se puedan escuchar ideas y luego transformarlas en gestión pública con resultados palpables, es obra y gracia de Alberto Fujimori, fundador de la política en la que en nada se cree, pero por todo se hace.

Fujimori también deja como legado a sus detractores, los antifujimoristas, un segmento de la población tan masivo como diverso e inmensamente desorganizado y al cual muchos han llamado como el “partido” más grande del Perú. El antifujimorismo es sin lugar a duda tan caótico como aquello a lo que se opone. A lo largo de la historia ha carecido de líderes (muchos ardientes antifujimoristas luego no han tenido reparos de apañarse al partido de la K, siendo quizá el ejemplo de Fernando Rospigliosi el más reciente y notorio) y ha carecido de capacidad organizativa. ¿Alguna vez hubo una candidatura unida antifujimorista? ¿Algo similar a lo que representa la Mesa de Unidad Democrática en Venezuela? Pues la respuesta es francamente no. De este modo, el antifujimorismo, la tendencia definitoria, para bien o para mal, de los últimos tres procesos electorales en nuestro país, parece ser una cosa que solo es capaz de acoplarse fuera de Twitter cada 5 de abril en las calles del centro de Lima para hacernos recordar, con franca justicia, los crímenes inexcusables del régimen de los 90, pero sin capacidad política de dar una alternativa viable propia al momento de los peruanos vayamos a las urnas.

La política peruana posterior a Fujimori es una de caos y desorden. Es una política de caciques y hombres fuertes, en la que se construyen redes de favores a cambio de padrinazgos políticos o, como no, alguna suma de dinero en maletines o por debajo de la mesa. Fujimori también creó una política de emociones ofuscadas y de una aparente incapacidad de hacer que los peruanos nos podamos mirar a los ojos y estar de acuerdo en algunos aspectos mínimos. No por nada hoy en el Perú un asunto tan básico como el respeto de los derechos humanos parece un asunto opcional para cierto sector, mientras vanaglorian, y con justa razón, el logro político más importante de la historia del Perú; la derrota del terrorismo (y sí fue un logro de Fujimori). ¿Por qué ambas cosas no pueden ir de la mano? Pues porque el legado del régimen de Fujimori, basado en favores y arreglos informales, apretones de manos sombríos y lealtades dudosas, terminó por romper la posibilidad de que la política en el Perú sea usada para decirnos las cosas a la cara, y que se transforme en un juego de mentiras y dinámicas de venderse al mejor postor.

Fujimori deja muchos legados, positivos algunos (las reformas liberales, algunas incompletas, pero que desembocaron en una economía próspera y en un estado que, a pesar de abandonar la ruta a la ruina total, nunca logró transformarse en un ente ejecutor eficiente) y otros imperdonables (las violaciones de derechos humanos y la inacabable lista de actos de corrupción), pero si hay un legado con el cual los peruanos convivimos absolutamente cada día, hasta inconscientemente, es el caos y el desorden, los paraderos informales y las combis fantasmas, la ley del más vivo y de la pendejada, y ese también es un legado de Alberto Fujimori.

INVITADO

Fujimori, el caótico, por Nicolás Vargas Varillas

<a href="https://larepublica.pe/politica/actualidad/2024/09/10/alertan-perdida-de-legitimidad-de-la-defensoria-con-gestion-de-josue-gutierrez-817960">La Defensoría del Pueblo no nació para hacerle la corte a los poderes públicos. </a>Jorge Santistevan, primer defensor del Pueblo, tuvo claro desde el primer día que la autonomía era el valor fundamental que habría de darle dignidad a la institución. Eran los noventa, tiempos recios, en los que la concentración del poder de Palacio de Gobierno y del Servicio de Inteligencia Nacional habían provocado en la mayoría de las instituciones, mansedumbre y complicidad. La Defensoría del Pueblo nunca estuvo en esa vergonzosa lista.

El diálogo y las buenas maneras fueron cultivadas siempre por esta institución, pero llegado el momento de pronunciarse sobre los temas cruciales del país, demostró honestidad intelectual y firmeza moral. Así dejó sentadas posiciones sobre temas como la abusiva destitución de los magistrados del Tribunal Constitucional, el retiro unilateral de la competencia jurisdiccional de la Corte Interamericana de Derechos Humanos o las elecciones del año 2000 que fueron calificadas sin ambages como “ni libres ni competitivas”.

Es que, a la par que el ombudsperson intercede por los ciudadanos cuyos derechos se ven menoscabados en la vida cotidiana, investiga problemáticas de fondo para producir cambios en las políticas públicas y procura el perfeccionamiento de las instituciones de la democracia. De ahí que haya sido la mayor parte de su historia un actor vigoroso que terció en el debate público, desde su propia e insobornable perspectiva, buscando que los problemas del país no quedaran reducidos a querellas políticas o prescripciones economicistas.

Justamente, sus informes defensoriales han sido el medio para entrar con seriedad en sus temas y acicatear el debate. Hay que estudiar los problemas y elaborar posiciones altamente calificadas que abunden en argumentos, en casos de referencia, en voces ciudadanas, en fórmulas de aplicación práctica. Sacar el cuerpo no es una opción, tampoco improvisar declaraciones en los medios.

El Defensor del Pueblo del Perú no fue pensado como un “comisionado parlamentario”, sino como el titular de un órgano constitucional autónomo. Si bien su nombramiento proviene del Congreso de la República y debe volver a él a presentar su informe anual, eso no significa contraer una deuda de gratitud, ni afanarse en reverencias. Un defensor del pueblo que se inclina ante cualquiera de los poderes, o que adelgaza su voz hasta desaparecerla, traiciona su esencia y su misión.

La defensa de derechos y, en particular, la supervisión de la administración pública es una forma de control del poder. En nombre del ciudadano, el defensor del Pueblo le pide explicaciones al policía que no recibió una denuncia, a la escuela pública que hizo un cobro indebido, al hospital que posterga atenciones de urgencia; pero también cuestiona leyes, decretos legislativos u ordenanzas cuando estas contravienen la Constitución y los tratados internacionales, y aporta un sólido punto de vista, libre de ataduras políticas. La superioridad de la democracia <a href="https://larepublica.pe/politica/2024/09/02/revelan-que-defensoria-del-pueblo-contrato-a-sobrino-de-cesar-acuna-pese-a-que-fue-investigado-por-corrupcion-22394">no proviene solo del origen del poder sino de su control. </a>

Es un error pensar que la denominación de “autoridad moral” convierte al defensor del Pueblo en un funcionario iluso que se prodiga en llamados a la consciencia. No. Nadie conoce mejor los padecimientos de las personas en su relación con el Estado, los abandonos históricos y las desigualdades humillantes. Por eso requiere de fortaleza moral y autonomía, porque lo suyo es vérselas con todo género de abusos cometidos desde los poderes estatales. Entonces, los persuadirá de enmendar su conducta, o los confrontará en tribunales, autoridades administrativas o en la opinión pública. El objetivo: no dejar sin defensa a nadie cuyo derecho haya sido amenazado o vulnerado; y no dejar a la democracia librada a su suerte. Se entiende entonces por qué en aquellos países con defensorías autónomas se les ha buscado neutralizar mediante recortes presupuestales, maniobras políticas o campañas infamantes en los medios.

Como lo señalan los Principios de París, una institución nacional de derechos humanos debe “examinar libremente todas las cuestiones comprendidas en el ámbito de su competencia”. ¿No tiene acaso consecuencias perniciosas facilitar la impunidad de los delitos de lesa humanidad, o arrebatarle inconstitucionalmente las facultades de investigación al Ministerio Público, o pulverizar la reforma educativa y la Sunedu, o anunciar la desaparición del Ministerio de la Mujer, o ser contemplativos con la minería ilegal? ¿Hay dudas de que los 49 muertos de hace más de un año y medio merecen justicia oportuna e imparcial y esto demanda supervisar el debido proceso? En materia de derechos y de democracia, no caben titubeos. Callar es una forma de omitir el cumplimiento del deber, callar es desproteger al ciudadano, es dejarlo a merced de los que abusan del poder.

Desde un punto de vista ético, la autonomía es la dignidad institucional. Es no subordinarse a los poderes Ejecutivo o Legislativo ni a ninguna entidad estatal; tampoco a los poderes económicos, castrenses, eclesiales, ni siquiera las organizaciones sociales le pueden marcar el paso a la Defensoría. Eso se llama independencia de juicio, auctóritas, conciencia cabal de que la defensa de derechos es indeclinable. Son las instituciones de la democracia las que garantizan el ejercicio de los derechos, y son los derechos los que le dan sentido y vigencia a las instituciones de la democracia.

Autonomía no significa insularidad, ni pretenciosa distancia frente a otros órganos del Estado, significa hacer valer los fueros, eso que en el lenguaje de esquina se resume en la frase “respetos guardan respetos”. Y, a propósito de respeto, va el mío a los cientos de trabajadores de la Defensoría, dueños de una verdad innegociable: <a href="https://larepublica.pe/sociedad/2024/08/28/defensoria-del-pueblo-mas-de-5000-denuncias-de-mujeres-desaparecidas-y-asi-pretenden-eliminar-el-mimp-1656423">a los ciudadanos se les defiende sin tregua contra todos los poderes.</a>

(*) Profesor de la Universidad de Lima y de la PUCP

invitado

El valor de la autonomía, por Rolando Luque Mogrovejo

Angie Higuchi, investigadora y profesora del departamento de Administración de la Universidad del Pacifico.

El futuro del cacao y las cooperativas se avizora agridulce. El precio del oro negro ha subido 136% entre julio del 2022 y febrero del 2024, superando por primera vez los 10.000 dólares por tonelada el presente 26 de marzo en el mercado de futuros (ONU Comercio y Desarrollo, 2024). Soriano, presidente de la Organización Internacional del cacao (ICCO), ha mencionado que los precios del cacao se han casi cuadriplicado, tras una estimación de una reducción del 11% en la producción mundial de cacao. A pesar de que tanto Ghana juntamente con Costa de Marfil son productores del 56% de cacao mundial –Perú aporta solo un 2% de la oferta– se espera una reducción tanto del 27% de la producción de cacao en Ghana como del 20% en Costa de Marfil durante la temporada 2023/2024, respectivamente.

Actualmente, la oferta mundial de cacao es inferior a la demanda mundial por tercer año consecutivo, existiendo un déficit de 374.000 toneladas de cacao los últimos dos años (Ameyaw, E., 2024). Y cada vez que la demanda supera la oferta global, al existir menos cantidad de producto en el mercado, causa un incremento en el precio. La mala noticia es que los precios del cacao seguirán elevados entre los próximos tres a cinco años. Esto significa que las empresas chocolateras ofrecerán chocolates con menos calidad. Es decir, chocolates con menos porcentaje de cacao, con más azúcar y más manteca de cacao y/o con menos gramaje para ¨intentar¨ de satisfacer las necesidades del consumidor chocolatero.

El alza de precios no solo se ha debido a la especulación financiera en el mercado de futuros. A pesar de que el aumento de precio podría entusiasmar a los cacaoteros, los altos costos de insumos para la siembra y mantenimiento de los árboles en medio de una crisis de fertilizantes; el cambio climático y las condiciones meteorológicas extremas mediante las olas de calor, las lluvias intensas y sequías que promueven la proliferación de enfermedades en los cultivos causan una grave merma en la producción (Bloomberg Línea, 2024). Si bien los avances tecnológicos han llevado a algunos productores a mejorar los rendimientos a través de la ampliación de la producción, los cacaotales nuevos tardan alrededor de dos a tres años en producir granos. Esto sumado a las regulaciones promulgadas recientemente en la Unión Europea sobre el no consumo de cacao de áreas deforestadas que entrarán en vigor a fines de este año (Bloomberg Línea, 2024) ponen en jaque a los cacaoteros que tendrán que invertir mucho más en mano de obra, financiamiento, etc. para acceder a una misma tonelada de hace un año.

Ghana y Costa de Marfil venden su cacao con antelación y realizan una entrega diferida. Sin embargo, ante esta escasez de grano en medio de altos precios, ambos países han incumplido parte de sus contratos pactados. Lo más complicado es que los precios no logran estabilizarse. Pamela Esquivel, gerenta comercial de la cooperativa Agraria Acopagro, menciona que el precio sigue variable y las fijaciones se toman contra periodo distinto al mercado. Las variaciones en bolsa pueden subir o bajar por más de 1.000 puntos en un solo día. Por otro lado, en el Perú las tasas de financiamiento actuales son altas y sujetas a alto riesgo por 1) las variaciones de precio de bolsa y porque 2) la agricultura es un rubro de alta inestabilidad. Las tasas van desde un 10% a un 18%, dependiendo de la entidad, cantidad solicitada y la evaluación crediticia de cada empresa.

Debido a las exigencias actuales, el proceso desde la cosecha de grano de cacao orgánico hasta la exportación del mismo es largo. Muchas veces el agricultor cacaotero no entiende el porqué no puede recibir un pago inmediato si el precio internacional es alto. Esquivel menciona que varias pequeñas cooperativas cacaoteras, que solo manejan entre 5 a 10 toneladas, debido a los altos costos, el nulo o poco acceso a financiamiento, así como la falta de liquidez, han dejado de exportar. Este proceso significa contar con un fuerte financiamiento y un periodo largo de espera por todo el proceso de comercialización que abarca desde la compra de cacao en baba (pulpa) hasta que la carga de cacao llegue a puerto de destino. Los clientes internacionales recién desembolsan el pago cuando se tiene el documento de la exportación que es el Bill of landing (conocimiento de embarque), que implica mínimo dos meses. Esta falta de liquidez en las cooperativas genera que el pago al pequeño agricultor no sea inmediato, e impulsa a que estos acudan a los intermediarios quienes se dirigen al mercado nacional pueden ofrecer pago a contra entrega. Las pequeñas cooperativas pierden el alto precio ofrecido por el mercado internacional, así como los beneficios de exportación que son los préstamos de bancos internacionales avalados con los contratos de exportación, además de otros beneficios como el drawback. Finalmente, hablando en términos de calidad, se sabe que el grado de calidad que manejan los intermediarios para el mercado doméstico es ínfimo respecto a la fermentación y secado del grano para un mercado local que produce golosinas.

Resulta importante determinar el financiamiento como capital de trabajo para las cooperativas ya que, mediante estas, se brinda organización y trabajo a nuestros pequeños cacaoteros. Las fuentes de financiamiento que ofrece el Gobierno son insuficientes para las organizaciones que deben realizar el proceso de compra, acopio y exportación del grano. Por tanto, es más que necesario que el Midagri y PROMPERÚ tengan un sistema de información que permita tomar decisiones para el apoyo de necesidades específicas que tienen los sectores de importancia como este. Asimismo, el Estado debería apoyar con tasas menores de financiamiento, pero con montos mayores. Esto con el objetivo de que estas instituciones puedan tener acceso a financiamiento con tasas manejables para sostenerse respecto a su liquidez, tanto con relación el pago de sus socios agricultores como también para el cumplimiento de pedidos a nivel de clientes. Asimismo, se debe apoyar los temas de educación financiera apoyados en la gestión empresarial no solo a los pequeños agricultores, sino también a las cooperativas exportadoras de cacao. El apoyo a las cooperativas que impulsan condiciones especiales como el fair trade y certificaciones orgánicas, es transcendental para que podamos aprovechar las oportunidades de alto precio y llegar al cumplimiento de las exigencias del cliente final con la calidad y volúmenes que se requieren. Esto se traduce en un mantenimiento sostenible de la cadena productiva y de exportación que permite que muchos agricultores puedan asegurar su seguridad alimentaria y educación para sus hijos.

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Por primera vez participaron laicos y laicas con voz y voto. Toda una revolución en la Iglesia católica.

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