Apapacha a tu extorsionador, por Maritza Espinoza

Después de la famosa política de “abrazos y no balazos” con la que el papanatas de Andrés Manuel López Obrador pretendía combatir la violencia del narcotráfico en México (que dicho sea de paso, no ha disminuido en absoluto ahora que ya se va de la presidencia), no habíamos escuchado nada más delirante que eso de que “la belleza ahuyenta a los choros”, frase pronunciada por el no menos esperpéntico alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, cuando presentaba su ‘Plan Maceta’ para derrotar a la delincuencia en lugares como el cerro San Cosme y El Pino.

No, no es broma. Y ya deje de reír, estimado lector, que no tiene ninguna gracia que un alcalde elegido por una mayoría ciudadana sea capaz de plantear una estrategia tan insultante para los habitantes de zonas que viven en la pobreza no porque no amen la belleza, sino simplemente porque los servicios que les brindan el Gobierno y la propia municipalidad no les permiten tener las condiciones mínimas para hacer crecer un mísero arbolito.

Ellos, como cualquiera de nosotros, pagan sus impuestos y saben que no es con unas cuantas macetitas —negociadas quién sabe en qué trucha licitación— y, menos, con medidas demagógicas y discursos baratos que se quitarán de encima la extorsión y el sicariato, esos terribles problemas que se han multiplicado hasta la náusea en las últimas semanas y que ya se han cobrado más de 1.300 víctimas en lo que va del año.

También saben que ese aumento de la violencia no es gratuito, que son las leyes paridas por un Congreso irresponsable y cómplice las que han provocado una sensación de impunidad e invulnerabilidad en el hampa, ahora capaz de las violaciones más atroces. ¿Qué leyes? La lista es infinita, pero, de lejos, la peor es aquella por la que ya no se podrá tipificar de crimen organizado el accionar de… los criminales organizados.

La situación es tan crítica que, solo en los últimos días, hemos visto converger la preocupación de sectores que, en otras circunstancias, suelen ir por vías contrapuestas. Primero, los transportistas de Lima organizaron una huelga la semana pasada con el único objeto de presionar al Gobierno para que tome medidas eficientes contra los extorsionadores, el peor flagelo que enfrentan y que asesina diariamente a choferes y dueños de medios de transporte público.

En ese mismo sentido, esta semana, los gremios empresariales más importantes lanzaron un comunicado señalando algo tan escalofriante como que el crimen organizado se ha constituido en un gobierno paralelo y, peor aún, que les está ganando la batalla a las autoridades. Bueno, si se puede llamar “autoridad” al estrafalario ministroll del Interior, Juan José Santiváñez, ocupado más en limpiar su gangrenada imagen que en atender la única función de su ministerio: combatir el delito.

Pero nada de eso parece interesar a la principal responsable política del país, doña Dina Boluarte, quien, en la misma línea del saliente presidente mexicano, soltó un indignante discurso resumible en una frase: que quienes delinquen “lo hacen porque no tienen ingresos”. Más o menos lo mismo que decir: “¡Pobechitos! Extorsionan y asesinan porque no tienen un pedazo de pan que llevar a sus hijitos…”.

De eso a proponer agarrar a besos y abrazos a los extorsionadores falta un paso, aunque, a decir verdad, el Congreso en pleno lo hace a cada rato (abrazarlos y besarlos de manera simbólica), como ayer, cuando la Junta de Portavoces rechazó poner a debate para el siguiente pleno la derogatoria de la ley que favorece al crimen organizado. Habrá que recordar, en las próximas elecciones, a los partidos que perpetraron tamaña aberración en medio de la mayor crisis de extorsión y sicariato en el país. Ahí van los nombres: Fuerza Popular, Alianza para el progreso, Avanza País, Renovación Popular, Perú Libre, Bloque Magisterial, Somos Perú, Acción Popular, Podemos y Honor y Democracia (sic).

Sin embargo, ante la presión ciudadana, los mismos partidos hacen como que proponen estrategias para resolver la situación. A las mencionadas macetitas “anticrimen” del alcalde de Renovación Popular, se suman quienes plantean un bukelismo “a la peruana”. También están los que “resuelven” todo con estados de emergencia y los que crean leyes para endurecer penas sin ningún estudio ni análisis.

Ese es el caso del partido de Keiko Fujimori, que se ha sacado de la manga el proyecto de ley “terrorismo urbano”, una aberración jurídica que se salta mil normas y que termina siendo, en su mayor parte, solo la sumatoria de delitos que ya existen en el Código Penal y que, en algunos casos, como el sicariato, tienen ya una pena de hasta cadena perpetua.

Ypodemos estar seguros de que el vendaval de “ideotas” seguirá aumentando, porque, en su afán populista y demagógico por buscar votos a futuro, pero cuidando de no confrontar mucho con los verdaderos poderes de la ilegalidad, son capaces de cualquier barbaridad. Menos, por supuesto, de plantear un verdadero trabajo de inteligencia policial que debilite desde adentro —con infiltraciones y delaciones, como hizo el GEIN contra el terrorismo en los 90— a las organizaciones que hoy se sienten con el poder de aterrorizar a la población y desafiar al país entero.