Un mensaje que no mueve la aguja, por Mónica Muñoz-Nájar

El reciente mensaje a la nación ha dejado a muchos peruanos indiferentes. Los anuncios generaron poca discusión y la opinión pública ya se ocupa de otros temas. Este resultado se debe a un mensaje innecesariamente largo. Cada anuncio debe ser examinado con lupa para diferenciar los relevantes de la lista de tareas usuales que ejecutan los ministerios.

Lamentablemente, ni siquiera con un análisis detallado se encuentran anuncios que demuestren que el Ejecutivo tiene un plan estratégico para abordar los problemas críticos que enfrenta el país. Por el contrario, se anuncian acciones insuficientes o contrarias a los intereses de la mayoría de los ciudadanos. A continuación, repasamos algunos anuncios vinculados a la economía para analizar qué se está planteando, más allá de la positiva retórica pro inversión privada.

Apuesta por infraestructura

La gran apuesta del Gobierno son las obras de infraestructura. En 2019, el Foro Económico Mundial ubicó nuestra infraestructura en el puesto 88 de 141, por debajo de países de la región como Colombia, Brasil, Argentina, México y Chile

En su mensaje, anunció la creación del Ministerio de Infraestructura (Minfra), en el que se fusionarán al menos 14 unidades ejecutoras de 8 sectores (la lista aún se estaría definiendo). Se estima que este megaministerio tendría un presupuesto de más de 16.000 millones de soles, pasando a ser el segundo con más presupuesto de todo el aparato estatal. Con esto se busca mejorar la gestión de grandes proyectos de infraestructura al centralizar y generar especialización. La idea de tener un gran Ministerio de Infraestructura podría resultar positiva si se plantea de forma adecuada y en otro contexto. Otros países tienen experiencias exitosas con estructuras similares. Sin embargo, es crucial revisar bien los factores de éxito de esas experiencias. Por ejemplo, el Ministerio de Obras Públicas de Chile tiene una estructura que prioriza los proyectos de agua (para agricultura y consumo humano, especialmente en zonas rurales) y de transporte (que incluye puertos y aeropuertos). No construye colegios, puestos de salud ni ejecuta pequeños proyectos productivos, que estarían todos incluidos en el nuevo Ministerio de Infraestructura peruano, según la propuesta del Gobierno.

Además, el año pasado se anunció la creación de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANIN), que sustituyó a la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios. Esta entidad tiene solo 7 meses de funcionamiento y ha enfrentado varios problemas para implementarse adecuadamente, generando retrasos en los proyectos a su cargo. No se le ha dado tiempo suficiente para evaluar su eficacia, por lo que lanzarse con una nueva estructura, y mucho más grande, resulta contraproducente.

Por último, nos encontramos en un momento en el cual se necesita la reactivación de obras de infraestructura de gran envergadura para empujar la golpeada economía nacional. Sin embargo, fusionar entidades implica inevitablemente retrasos, lo cual va en contra de la urgencia de ejecutar estos proyectos y en contra de los grandes proyectos que anunció la presidenta en el mismo mensaje, como Majes Siguas, Chavimochic III y el Tren Macho.

Veamos el caso de Majes Siguas, que después de estar años paralizado fue recientemente transferido del Gobierno Regional de Arequipa al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) para su ejecución. Ahora, este proyecto deberá transferirse al nuevo Ministerio de Infraestructura, generando aún más demoras y contradiciendo el objetivo inicial de acelerar su ejecución.

Así, los anuncios de grandes infraestructuras, que se encuentran entre los más importantes en economía, se desinflan por estar en incertidumbre, tanto por el financiamiento como por la creación de una nueva entidad que se encargaría de verlos. Esto sin considerar que no se anunció nada para atender problemas estructurales de gestión pública como las mejoras del servicio civil, pues con funcionarios poco capaces, no se puede avanzar; no importa cuántos ministerios se creen.

Indiferencia al hambre

Recientemente, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) informó que 17 millones de peruanos se encuentran en inseguridad alimentaria. Asimismo, el INEI publicó estadísticas que muestran un incremento en la pobreza y la anemia en las ciudades. El problema no es nuevo, y las alarmas suenan desde 2022, cuando los precios de los alimentos empezaron a dispararse. Sin embargo, el Estado ha implementado pocas y limitadas acciones.

¿Qué se dijo de este grave problema en el mensaje a la nación? Se anunció el desarrollo de una “Estrategia para la Reducción de la Pobreza Urbana”; es decir, 2 años después de que comenzó la crisis recién se plantearía una estrategia. Esta estrategia incluiría una transferencia monetaria a las familias en pobreza extrema en las ciudades, pero no se han indicado plazos ni montos, por lo que difícilmente podrá implementarse pronto.
Además, se anunció un aumento del presupuesto para el Programa de Complementación Alimentaria (PCA), que gestiona los recursos para ollas comunes y comedores populares. Sin embargo, la efectividad de esta medida depende de la capacidad de las municipalidades para gestionar los recursos, lo cual puede resultar en una acción limitada y con posibles filtraciones y pérdidas de recursos. Un anuncio positivo es el aumento de la subvención a los beneficiarios del programa Pensión 65, que pasarán de recibir 250 soles cada 2 meses a recibir 350 soles. Este es un alivio necesario para una población muy vulnerable.

En resumen, aunque los anuncios relacionados con la lucha contra la pobreza son bienvenidos, carecen de la profundidad, alcance y sentido de urgencia necesarios para producir un cambio significativo.

¿Y el futuro del país?

El mensaje reconoció el problema del empleo entre los jóvenes como uno a resaltar, dedicando una sección al tema, pero solo se anunciaron programas limitados con poca cantidad de beneficiarios jóvenes, sabiendo que en el país 1,5 millones de jóvenes son “ninis” (que ni estudian ni trabajan), por lo que estos programas solo beneficiarán a una pequeña fracción. La falta de oportunidades laborales y educativas sigue siendo una barrera importante que estas iniciativas no logran superar completamente.

Aunque el mensaje a la nación batió récords por su extensión, quedó claro que la gestión pública carece de una dirección clara y estratégica. Las medidas presentadas son insuficientes y muestran que seguimos sin rumbo definido. El progreso que logremos dependerá de los esfuerzos individuales y colectivos de los ciudadanos y empresas, más que de una visión y liderazgo efectivos desde el Gobierno.

*Mónica Muñoz-Nájar es economista de la Red de Estudios para el Desarrollo (REDES)