Los verdaderos “caviares”, por René Gastelumendi

Si una de las condiciones para ser denominado “caviar” es vivir de la “mamadera del Estado”, ¿quiénes serían los verdaderos “caviares” que, paradójicamente, caviarizan a medio mundo? El alcalde de Lima y afines se la pasan “caviarizando” a todo lo que se les cruce, oponga o cuestione, resaltando, por encima del tema ideológico, el hecho de depender laboral y económicamente del Estado para señalar a alguien de caviar. Esa es la frontera entre el bien y el mal. Simplificando: los caviares son caviares porque “parasitan” del presupuesto público en distintas funciones en donde son colocados por políticos, amigos que ostentan un cargo de poder en alguna dependencia pública desde el cual pueden gestionar vacantes para puestos de trabajo. Los acusadores, los fariseos, se supone que no lo hacen, que, más bien, despotrican de ello. ¿No? Repito, esa es la frontera entre los salvadores de la democracia y lo “caviar”. Juguemos, entonces, en sus términos, entremos en su esquema absolutista para sacar a la luz una de las incoherencias e hipocresías más grandes de la derecha extrema peruana y desmitificarla, confrontarla con la realidad por el puro deber (placer constructivo) de señalar sus contradicciones, bajarla del coche, bajarla al mismo llano en donde colocan, a viva voz, a sus adversarios políticos, es decir, a los caviares, es decir, a todo lo que no sea fujimorista, aliaguista o aprista, así uno también sea de derecha. Empecemos:

Ni bien arrancó su gestión, el exalcalde de Miraflores, Luis Molina, fue colocado como presidente de SERPAR por Rafael López Aliaga. Muchos exfuncionarios de Castañeda Lossio han encontrado en el alcalde de Lima la continuidad soñada de su dependencia salarial del Estado. Luego, el alcalde López Aliaga otorgó el puesto de asesor I en la Municipalidad de Lima a Humberto Guzmán, tras su renuncia a la jefatura de la Empresa Municipal de Apoyo a Proyectos Estratégicos (EMAPE). ¿Por qué renunció Guzmán? Por la revelación de gravísimas denuncias. Una de ellas fue por manejar borracho, atropellar a dos jóvenes y darse a la fuga. Según el registro de visitas al Palacio Municipal dado a conocer por el periodista Juan Pablo León, Guzmán figura como asesor desde agosto de 2023 hasta marzo de 2024. Premio: no le quitaron la teta estatal, “la mamadera del Estado”.

Sigamos: todos sabemos, porque lo vociferaba, que al inicio de su gestión el alcalde de Lima anunció que: “he tomado la decisión de prohibir la contratación del servicio de asesorías, consultorías y restringir la contratación de terceros y locadores”. Hipocresías de la vida, durante su periodo al mando de Lima, se gastaron más de 8.6 millones de soles solo en consultoras extranjeras que, según Hildebrandt en sus trece, fueron pagadas a cuatro empresas extranjeras como concepto de asesoría jurídica en el pleito del municipio con Brookfield, por los peajes de Puente Piedra. No obstante, esta costumbre de vivir de la “mamadera del Estado” o facilitar que sus partidarios vivan de la “mamadera del Estado”, como les encanta decir, viene de antes. En septiembre de 2022, un reportaje de Punto Final señaló que el partido Renovación Popular pagó al excongresista fujimorista Julio Gagó 226,650 soles por servicios de coaching. Punto Final reveló que el partido de López Aliaga habría utilizado medio millón de soles de fondos públicos destinados a partidos políticos para utilizarlos para beneficio propio. En el reportaje se pudo conocer que no solo se le pagó a Julio Gagó, sino también al productor Andrés 'Hurtado' Chibolín por servicios de asesoría ofrecidos a él y a sus candidatos a las elecciones municipales y regionales 2022.

Vayamos ahora al simpático caso del almirante Montoya, destapado por el programa Beto a Saber. En agosto de 2023, el hijo del congresista Jorge Montoya, el capitán de fragata José Carlo Montoya Ruibal, fue nombrado por el gobierno de la presidenta Dina Boluarte para que preste servicios como agregado naval en Estados Unidos. Miles de dólares al mes, el sueldo más alto de su carrera. Resulta muy tentador, entonces, tal cual ellos lo hacen, relacionar este hecho con la blandura del almirante respecto a la posibilidad de vacar a Boluarte o en sus críticas, otrora feroces, contra su gobierno, si es que acaso las tiene porque yo no las conozco.

Tampoco olvidemos una primicia de IDL, referida a que el Congreso de la República aprobó un proyecto de ley para permitir a los exmilitares y exmiembros de la PNP recibir doble sueldo. Los legisladores José Williams, Jorge Montoya, José Cueto, Roberto Chiabra y Alfredo Azurín fueron señalados como beneficiarios directos de esta medida que les permite recibir un salario como congresistas y también una pensión por sus servicios anteriores como militares en activo. El informe de IDL-Reporteros, de marzo de este año, revela que este ‘doble sueldo’ es resultado de un proyecto de ley inicialmente presentado por la congresista María del Carmen Alva el 29 de septiembre de 2021, poco después de asumir su cargo. El proyecto modificaba la Ley N° 19846, que limitaba la recepción simultánea de sueldos a servicios docentes en la enseñanza pública. La nueva propuesta amplió esta posibilidad a “todas las áreas del Gobierno”, beneficiando directamente a los legisladores, exmilitares y expolicías. Antes de estas modificaciones legislativas, los congresistas renunciaron a sus pensiones, cumpliendo con la norma vigente al asumir sus cargos.

Sin embargo, la propuesta de Alva pasó por varias modificaciones en la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas, donde todos los mencionados formaban parte. En esta comisión, se integraron precisiones clave: la aplicabilidad de la norma para cargos públicos de elección popular y la eliminación del tope salarial establecido por el Decreto de Urgencia N° 038-2006. A pesar de conocer los beneficios personales que implicaba la ley, los congresistas votaron a favor del dictamen modificado. Durante el pleno del 28 de abril de 2022, José Cueto solicitó priorizar la ley, aunque se abstuvo de votar; Alfredo Azurín también se abstuvo, pero instó a sus colegas a aprobar la medida; y José Williams actuó de igual forma. En sus términos, qué tales caviarazos, ¿no?

No me olvido de Fernando Rospigliosi y Úrsula Letona. En octubre del 2021, Punto Final informó que Fuerza Popular benefició al entonces integrante de su equipo técnico en las elecciones 2021, hoy congresista, y a la excongresista fujimorista con dinero público, “de todos los peruanos”, como les encanta vociferar. Se gastaron casi 300,000 soles. El 15 de septiembre del año pasado, con el concepto de “Investigación sobre la inseguridad en el Perú, situación actual, problemática y propuesta”, el partido de Keiko Fujimori requirió los servicios de FRC Consultores, empresa de Fernando Rospigliosi Capurro, por el monto de S/ 180,000, divididos en dos pagos de 138,000 y 42,000 respectivamente y luego, tras la muerte de Nano Guerra García, entró al parlamento como accesitario. Qué manera de vivir del Estado, ¿no?