Esta última semana hemos sido testigos, nuevamente, de todo de lo que es capaz una coalición autoritaria y mafiosa, por sostener su “pacto de facto”, en aras de conservar el poder casi absoluto del que se sienten poseedores y la impunidad que creen haber conseguido para sus crímenes.
A las “benevolentes” interpretaciones, absolutamente plagadas de cinismo, sobre el escándalo del caso Rolex y el vergonzoso silencio orquestado frente a la necesidad de asumir una postura política que represente a la ciudadanía y su total desconfianza por los dichos de la mandataria y la clara sospecha de corrupción que se cierne sobre ella, se suma su continua arremetida contra temas de trascendental importancia, como lo es la calidad educativa y el golpe que acaban de asestar contra ella al permitir el ingreso a la Carrera Pública Magisterial de docentes interinos que desaprobaron evaluaciones y se negaron a capacitaciones y nuevas evaluaciones que permitieran evidenciar sus competencias para el ejercicio docente. Esta medida, aprobada por el Legislativo por insistencia y, vale decir, sin mayor resistencia del Ejecutivo y en clara coordinación, se constituye en una nueva contrarreforma que impacta de manera definitiva en la calidad de la educación básica de las próximas generaciones y en el camino emprendido de cara a la revalorización de la carrera docente, ambas claras finalidades de la Ley de Reforma Magisterial, aprobada hace más de una década.
A todo esto, se suma su insistencia, también consentida por el Ejecutivo, de arremeter contra autoridades electorales, a través de la aprobación en la Comisión de Constitución del juicio político en su contra, en una clarísima intención de afectar la independencia de los órganos que presiden y de continuar en su torcido camino de captura del sistema electoral. En ese mismo sentido, se ha mantenido también su insistencia de atacar el sistema de justicia, mediante la presentación de una demanda competencial y medida cautelar ante el Tribunal Constitucional, cuya postura frente a los despropósitos del Legislativo ya conocemos, y con la intención, claramente, de desconocer la medida cautelar y reposición judicial de los magistrados Tello y Vásquez.
El retiro facultativo de hasta 4 UIT del fondo de AFP, que se han visto obligados a aprobar por ser de justicia para la ciudadanía, debe hacernos acordar de sus tropelías y el resultado actual en ciudadanos y ciudadanas, agobiados por la crisis y la recesión y que no encuentran sentido a sus aportes en un sistema que debe ser reestructurado totalmente para dar paso a un sistema previsional sólido que responda a sus necesidades reales, que, claramente, el actual no atiende.
La indignación sigue siendo la constante frente a un Legislativo que atropella todo a su paso, que desconoce a la ciudadanía, a quien representa, y desprecia sus urgencias y justas aspiraciones para premiar el vil funcionamiento de una maquinaria autoritaria, mafiosa y corrupta, capaz de capturar instituciones para someterlas, con total desparpajo, al poder de turno y sus más abyectas aspiraciones. La misma indignación frente a un Ejecutivo ilegítimo, incapaz e inviable, que gobierna en aras del mismo aparato autoritario y mafioso, y que desgobierna para la ciudadanía, sobre el que se ciernen graves, sólidas y constantes sospechas de corrupción.
Frente a esta constante, que nos acompaña desde hace buen tiempo, y la respuesta ciudadana que fue sólida al inicio de este régimen, y que fue golpeada por el “terruqueo”, la estigmatización y la criminalización; es el momento de la organización, de asumir el compromiso ciudadano en el momento actual, de compartir la responsabilidad, de articular para recomponer, de disputar espacios y de sumarnos a establecer alternativas. Eso quiere decir denunciar, tanto o más que ahora, buscar espacios para participar, dialogar, encontrar mecanismos de presión, movilizarnos y recuperar la ciudadanía para lograr entre todos refundar aquello que al día de hoy solo parece hundirse, y para esto es imprescindible que hoy la indignación deba organizarse.