Pasos preocupantes de involución-regresión democrática se han venido produciendo en el Perú desde hace más de dos años. Ante la vista y paciencia de una sociedad que, si bien harta, parece dar pocas señales de reacción frente al “pacto de los corruptos” que maneja el país. No es un desastre, pues, “natural”, sino 100% “obra humana”.
En estos días lo que ha movido el ambiente es lo de los relojes presidenciales, la irrupción fiscal en la residencia de la mandataria. Temas a atender, por cierto. Pero que no deben desviarnos del colapso institucional que “el pacto” viene agravando día a día. Y sin reacción apropiada de la sociedad y sus instituciones.
En medio del impune y sostenido proceso de demolición democrática e institucional está el precario y gris Poder Ejecutivo: completamente gris, sin iniciativas, agudamente calificado por Juan Carlos Tafur como: “… de derecha, mediocre, torpe y malo”.
Certero diagnóstico. Además, gobierno inerte y mudo ante el desmadre de demolición institucional que proviene del Congreso. Su cabeza, además, hoy concentrada en defenderse y sigue sin esclarecer sobre el origen y financiamiento de ciertos signos exteriores de riqueza.
Claro que lo de la presidenta tiene que ser investigado por la Justicia. Pero que el árbol no nos impida ver el bosque. Mientras algunos se desgañitan por los Rolex, sigue pendiente la investigación sobre los 49 muertos en las protestas de diciembre de 2022 y enero de 2023. Hechos gravísimos que no han sido debidamente investigados ni se han establecido responsabilidades. Poco -o nada- se está haciendo ni diciendo al respecto.
Mientras, la investigación fiscal que estaría en curso sobre el Rolexgate sí parece preocuparles mucho a algunos gremios empresariales. Por cierto que son hechos que deben ser investigados y en lo que la presidenta parecería no haberse mostrado presta a colaborar. Una “variante” de proceder de la Fiscalía, en este caso, ostensiblemente dirigida mucho a las cámaras (debidamente “notificadas”, eso sí, con anticipación), generó algunas reacciones.
Es jurídicamente sostenible, sin embargo, que la orden dispuesta en este caso tiene sustento legal. Y que al operar como se hizo no necesariamente se violó el Estado de derecho. El asunto de fondo, en cualquier caso, queda por esclarecer. En eso estamos en estos días.
Algunas supuestas “explicaciones” y análisis que están circulando van, muchas veces, por un curso sectario, simplista y lleno de simplificaciones -¿o falsedades?- alucinantes. Lo más alucinante viene desde la extrema derecha. Desde no ha faltado quien le echa la culpa del lío de los Rolex a un “eje maligno”. Invento integrado nada menos que por Irak, Cuba, Rusia, China y otros más que estarían dedicados a minar la institucionalidad democrática en el Perú. Lo dijo, sin ruborizarse, un congresista del partido RN (¿Restauración Medieval?) en TV.
Mientras, en días pasados, mirándose al ombligo, Unión de Gremios del Perú publicó, por su lado, un poco usual manifiesto. En él invocaron al Ejecutivo a “facilitar las investigaciones por el caso Rolex”. También criticaban la forma del allanamiento domiciliario. Coincido en estos puntos, por cierto.
Pero sí se puede preguntar, legítimamente, ¿dónde estuvo esa Unión en los últimos dos años de sistemática demolición institucional en el Perú? Período de groseros -y sostenidos- “pactos por la impunidad” entre congresistas y la entonces fiscal de la Nación. O de inconstitucional “rebeldía” del Congreso frente a sentencias judiciales. O el afán sistemático de intervenir políticamente a la Junta Nacional de Justicia y la composición independiente del Jurado Nacional de Elecciones.
Todo lo cual ha hecho -y sigue haciendo- un daño muy grave a la institucionalidad del país. Y ello, sin duda, tendría que haber impactado en las perspectivas de todos los negocios del Perú… ¿Y en algún “manifiesto” precio?
Pues el “telón de fondo” es el proceso de sistemática demolición institucional y de alteración del orden democrático en marcha que se viene produciendo sin que nadie en el poder político -Congreso o Ejecutivo- parezca responsable. O haga algo para cambiar el rumbo de las cosas. Como si no fuera evidente, por ejemplo, que la mayoría congresal es crucial para empujar la demolición institucional sostenida y, a la vez, sacar algún provecho en impunidades.
Situación hoy tan grave que nunca es tarde para recordar a Manuel González Prada y su magistral invocación: “Rompamos el pacto infame y tácito de hablar a media voz”.
Dentro de este contexto surreal es inevitable pensar en el “pacto de los corruptos” de Guatemala (hoy fenecido). Válido compararlo con el colapso institucional que manos oscuras están impulsando en el Perú. En ambos casos se ha tratado -o trata- de desarticular procesos institucionales y jurídicos para que algunos busquen impunidad.
En Guatemala la movilización popular y la acción de la comunidad internacional acabaron con un “pacto” del que sacaron provecho varios sectores políticos y empresariales. En el Perú está, aún, todo el “pan por rebanar”.
Harían muy bien los grupos empresariales peruanos en informarse mejor. Y, también, que, en ejercicio de su derecho, decidan pronunciarse o actuar en el futuro. En temas de interés común, como lo hace correctamente “capitalismo consciente”
Recordar, por ejemplo, a que la independencia judicial efectiva (y, por ende, la no interferencia política en la justicia) es un componente crucial para contar con una sociedad democrática. Y que si entre instituciones que sostienen la impunidad se hacen “acuerdos” o “pactos” de impunidad, eso tiene que ser identificado y denunciado. Siempre.
Mientras en la agenda de autoritarios y corruptos la independencia judicial es uno de los principales temas a eliminar, el otro “obstáculo” es actuar con su agenda retardataria sobre la libertad de expresión. Tema crucial en la agenda antidemocrática peruana de hoy y ante lo cual los silencios no son aceptables.
Así como en estos tiempos se difama o quiere acallar, usando la amenaza o la violencia a quienes bregan por la independencia judicial. Hay un canal de TV dedicado “full time” contra quienes ejercen la libertad de expresión.
Y son las mismas fuentes y enfoques oscurantistas en otros temas nacionales las que acosan, difaman y cometen actos de vandalismo. Contra periodistas destacados como Gustavo Gorriti y Rosa María Palacios, por ejemplo. A través de la violencia impune de la conocida “Pestilencia”. Curiosamente, las mismas ruidosas voces son las que quieren acabar con Rafael Vela y los procesos anticorrupción. Coherente intolerancia.
Con esperanza aguardaré el siguiente manifiesto de esta agrupación de gremios, que sí debería ver en la destrucción institucional reciente las consecuencias importantes que les conciernen.
Espero ver si ponen, en blanco y negro, la integridad de objetivos institucionales y democráticos a alcanzar para toda la sociedad peruana: independencia judicial, libertad de expresión irrestricta y efectivas, y eficientes políticas anticorrupción.
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