Los corruptos, ¿ganan siempre?, por Diego García-Sayán

Ya he comentado en estas páginas (16.3.2023) sobre el “pacto de los corruptos” que asoló Guatemala hasta hace pocos días. Y sobre las semejanzas con el colapso que se sufre en el Perú: corrupción, control autoritario de las instituciones del Estado, cerco a la independencia judicial y desinstitucionalización. En uno y otro caso, para el beneficio de unos pocos. Dentro del Estado y, acaso, de algún sector empresarial.

La ciudadanía guatemalteca y la comunidad internacional terminaron con ese oscuro pacto en Guatemala. Es historia aún por escribirse la del pacto en el Perú. Aún vivito y coleando, como es público y notorio, destrozando las instituciones y cercando la libertad de expresión -y a periodistas como Gorriti y Rosa María Palacios- en beneficio del oscurantismo y de grupúsculos también oscuros.

 “Pactos de corruptos” en la región

Para enfrentar procesos gangrenosos -como el que corroyó Guatemala y que hoy destroza al Perú-, la comunidad internacional es y será siempre fundamental. Y, en ello, dos componentes claves para contribuir a eso.

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De un lado, los estándares interamericanos de protección de los derechos humanos, de la democracia y sus mecanismos de protección.

Por el otro, el papel y comportamiento que pueda adoptar Estados Unidos, el “socio mayor” interamericano. Con su peso regional, legislación y responsabilidades. Y, crecientemente, con base en importantes leyes internas que le asignan responsabilidades a la Casa Blanca para actuar contra personas en América Latina sindicadas como corruptas o violadores de los derechos humanos.

Corrupción: cosas pendientes

Pese a todos los avances en la región, en el plano de la corrupción institucional, algunas estructuras criminales se siguieron construyendo y continuaron operando en la región. Vinculadas, usualmente, a espacios relevantes del poder político.

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En tiempos recientes ha destacado el llamado “pacto de los corruptos” en Guatemala, durante la presidencia del expresidente Alejandro Giammattei (hasta enero del 2024). Orientado, principalmente, a frenar investigaciones o acciones contra la corrupción que pudieran involucrar a políticos o empresarios. Pero como en el espacio “del mal” cunden los malos ejemplos, se producen imitaciones o “contagios”.

Una de las últimas “perlas” del peruvian pacto de los corruptos fue, como se sabe, la inconstitucional e ilegal intervención política por ese mismo Congreso a la Junta Nacional de Justicia. Desmanteló inconstitucionalmente ese crucial espacio independiente para designar y evaluar a jueces y fiscales. Decisión del Congreso que simultáneamente, en otra decisión, dejaba sin efecto disposiciones legales contra el crimen organizado de la minería ilegal.

“Big stick” contra la corrupción

La política del Big stick (o “Gran garrote”) marcó la diplomacia estadounidense hacia América Latina a principios del siglo XX; tiempos del controversial Teddy Roosevelt. Sin embargo, los tiempos han cambiado y hoy es diferente la articulación entre la región y Washington. Pues han entrado a tallar convergencias en principios democráticos. Como los interamericanos de derechos humanos democráticos, por ejemplo. Desde el Congreso de EEUU se empezaron a dictar, también, leyes más claras en prevención -o respuesta- frente a amenazas antidemocráticas o de corrupción.

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Son especialmente importantes, en ese sentido, leyes que pueden ser útiles herramientas disponibles contra la corrupción en acciones desde Washington. Por ejemplo, la lista Engel y la Ley Global Magnitsky, frente a regresiones autoritarias o estructuras de corrupción en países latinoamericanos.

La política exterior de Washington ha empezado ya a obrar en consecuencia (ejemplo, en Guatemala.) Ambas leyes son normas “marco” de políticas de reacción a la corrupción en altos niveles gubernamentales y empresariales latinoamericanos. Y dan atribuciones concretas al presidente de Estados Unidas para actuar en los casos pertinentes.

Engel y Magnitsky: funcionaron

Las elecciones del 2023 en Guatemala fueron infructuosas para el pacto de los corruptos. El vencedor en la segunda vuelta, contrario al pacto, el candidato del partido Movimiento Semilla, Bernardo Arévalo, hoy presidente de Guatemala.

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La movilización popular, así como el respaldo de la comunidad internacional, hicieron valer los resultados electorales. A ello se añadió otro “detalle” crucial: la aplicación por el Gobierno de los Estados Unidos de las dos herramientas legales claves para actuar contra personas corruptas o violadores de los derechos humanos en la región: la llamada lista Engel y la Ley Global Magnitsky.

La lista sirve de marco para actuar contra aquellos actores, aún extranjeros, que, con conocimiento de causa, socavan procesos democráticos y/o participan en actos de corrupción. Con base en esta ley, el Gobierno estadounidense ha sindicado, con nombre y apellido, a 60 guatemaltecos por socavar procesos de justicia y la democracia. Sanciones en aplicación: restricción de visas, congelamiento de activos y prohibición de realizar transacciones comerciales con individuos y entidades específicas.

Adicionalmente, la Ley Global Magnitsky, por la que el Departamento del Tesoro puede sancionar a personas sindicadas de actos de corrupción o violaciones a los derechos humanos. Se puede impedir que ingresen a los EEUU, el bloqueo de sus activos financieros y muy severas restricciones comerciales y financieras.

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Se vienen aplicando ya a sindicados como integrantes del “pacto” con base en la lista hecha por el Departamento del Tesoro. Incluye a la cuestionada fiscal general Consuelo Porras, así como a empresarios destacados, congresistas y abogados

Poderosas herramientas

Con la administración Biden se han generado, dentro de ese marco legal, respuestas más claras a las amenazas -y ataques- de la corrupción en la región. Ello, tomando en cuenta la ley de la llamada lista Engel y la Ley Global Magnitsky, que establece que se puede impedir que ingresen los sindicados a los EEUU, el bloqueo de sus activos financieros y severas restricciones comerciales y financieras.

En ese proceso, como se sabe, se dio la suspensión de más de 300 visados a guatemaltecos sindicados de promover el golpe de Estado en Guatemala y por “socavar la democracia”. Entre ellos: políticos y empresarios de la cúpula del principal gremio empresarial (Cacif), que ya no podrán pisar los EEUU.

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Estas herramientas, pues, se vienen aplicando. Lo que debería hacer pensar a quienes en el Perú siguen avasallando impunemente a la institucionalidad. O quienes en el sector privado puedan creer que valores como la independencia judicial pueden ser prescindibles.

El fin del pacto

Si, como la evidencia lo demuestra, hay señales de un “pacto de los corruptos” en el Perú, varios deberían ir poniendo ya sus barbas en remojo. Y empezar a informarse de las leyes que tienen que ver con el “tal Engel” o con el “tal Magnitsky, particularmente en el cuestionado y variopinto Congreso o en ciertos grupos empresariales.