El cerco a la justicia, por César Azabache

La justicia

En toda esta crisis, si contamos desde el 2021, el judicial, no sin bemoles, se ha mantenido fuera del alcance de la mayoría en el Congreso. No sorprende por eso que en su voracidad esa mayoría quiera romper la relativa autonomía que mantienen los tribunales. Importante notar, sin embargo, que los últimos anuncios hechos desde el Congreso sobre una supuesta nueva reforma judicial se limitan a convocar nuevas comisiones de estudio. Que las propuestas se limiten a esto sugiere que la mayoría, esta vez, atesora un deseo que no sabe cómo convertir en realidad.

Si los esfuerzos fueran serios, bastaría por retomar el Plan de Reforma del Sistema de Justicia, una compilación de políticas públicas costeadas que Eduardo Vega dejó escrita a medidos de 2021, cuando terminó su periodo en el Minjus. El plan quedó postergado por el gobierno de Castillo. Y la gestión de Boluarte, que en esto se diferencia poco de su antecesor, ha mantenido el texto en algún estante, fuera del alcance de cualquier debate público.

La justicia debe servir para proteger personas, reparar daños, confirmar la vigencia de la ley y castigar oportunamente a quienes la infringen. Para efectuar correcciones al sistema, deberíamos partir de indicadores claros sobre el modo en que están pasando las cosas en estas cuatro áreas. Pero temo que no los tenemos.

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Nuestro sistema ha venido arrastrando durante años un déficit visible de acceso que se hace evidente en la falta de espacios de relación entre los jueces de primera instancia y las comunidades en que actúan. Están además la demora en los procesos judiciales, la provisionalidad de los jueces y la falta de predictibilidad de sus decisiones, inexplicable en una sociedad predominantemente digital.

El resultado es una distancia demasiado grande entre jueces y ciudadanía. Un asunto que sin duda hay que resolver cuanto antes.

Necesitamos tribunales independientes. Aunque no sean perfectos, los tribunales son entre nosotros uno de los pocos espacios en que podemos encontrar decisiones no polarizadas como las que se promueven recurrentemente en el perverso cotidiano en que ahora vivimos.

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Los casos de Ana Estrada y María Benito, dos mujeres que decidieron defender su derecho a una muerte digna, muestran cuán importante es mantener esa independencia a salvo.

La polarización

El riesgo que enfrenta la justicia estriba precisamente en polarizarla, en someterla a esa guerra de posiciones antagónicas en que vivimos. La mayoría en el Congreso, que desde JUL21 ha hecho evidente su vocación por devorarlo todo, quizá preferiría un judicial hecho a su medida. Uno que como el TC no discuta proyectos regresivos institucionalmente como el que dio inicio a la desarticulación de la Sunedu o el que otorgó al Congreso iniciativa de gasto, para no hablar del desacato en el caso Fujimori. Pero el Congreso tiene un obstáculo que le impide romper la autonomía del judicial: no puede designar a sus miembros. Puede elegir y ha elegido en casi una sola mano a los magistrados del TC y al defensor del Pueblo. Pero a los magistrados del judicial los elige la JNJ, a la que la mayoría sigue intentado remover.

El caso de la JNJ pone al judicial en el centro de los límites que enfrenta una mayoría del Congreso que quiere controlarlo todo. El primer intento del Congreso por remover a la JNJ fue detenido por el judicial, que suspendió el proceso que la Comisión de Justicia había iniciado por faltas graves. Fracasó. El segundo intento proviene de una reciente decisión de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, que intenta eludir la suspensión ya impuesta cambiando el nombre de las cosas: el problema de la jubilación de la magistrada Inés Tello se convierte esta vez en una cuestión sobre infracciones a la Constitución.

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El intento por sortear el alcance de la orden de suspensión ya emitida es tan claro que no debe sorprender que el judicial emita una nueva.

Para la mayoría parece mejor hacer el amago de una intervención al judicial sin objetivos claros antes que exponerse a una nueva orden que ponga en evidencia la precariedad de sus procedimientos.

Los frentes de batalla

Impresiona repasar la cantidad de veces que la autonomía de nuestros tribunales ha sido puesta en riesgo. En nuestro sistema institucional, además del judicial y el TC, que se ha intervenido a sí mismo, son tribunales también el JNE y la JNJ. Si repasamos la historia reciente, podremos constatar que el JNE ha sufrido ataques continuos desde que desestimó el caso que la mayoría del Congreso, entonces en formación, propuso para anular las elecciones de JUL21. El presidente del JNE, precisamente elegido por el judicial y no por el Congreso, ha tenido que obtener protección de la comisión y la Corte IDH, porque no la encuentra en el país. La mayoría en el Congreso insiste cada vez que puede en que debe reconocerse su derecho a destituirle. Y ahora arremete con un nuevo proyecto que intenta arrebatarle la presidencia al judicial.

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El JNE, como cualquiera otro de los tribunales de nuestro medio, debe ser imparcial. Pero es el tribunal que resuelve las disputas sobre votos y elecciones. Apetitosa presa de caza ad portas de elecciones como las que se desarrollarán a más tardar en el 2026, que parecen llamadas a un nuevo proceso de canibalización de preferencias ciudadanas.  

Pero los frentes de batalla sobre el sistema rebasan estos territorios. Junto con la cuestión sobre el JNE, bajo permanente asedio, están ahora las fiscalías, indudablemente afectadas por la zaga de las declaraciones de Jaime Villanueva. Las fiscalías han sido puestas en cuestión por una iniciativa promovida con asistencia por Fernando Rospigliosi, que, contradiciendo la forma en que son las cosas en toda la región, pretende romper en lugar de mejorar las relaciones de los fiscales con los equipos de investigación de la policía. Además, está el caso Odebrecht, con el fiscal Vela suspendido y un reciente anuncio de la señora Fujimori, que pretende anular el extenso proceso que se ha seguido contra ella a consecuencia de las revelaciones de Jaime Villanueva.

Agreguemos a la lista una última propuesta de los congresistas Rospigliosi y Cueto, quienes quieren reimplantar la prescripción en materia de DDHH y tendremos el cerco completo.

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Colofón

Imposible negar que el judicial necesita cambios. Hay aún una serie de reclamos por atender en materia de acceso y relacionamiento de los jueces con las personas y colectividades que viven en sus jurisdicciones. Además sigue pendiente que los tribunales puedan mostrarnos de qué manera protegen personas, reparan daños y castigan de manera oportuna a quienes son responsables por delitos y faltas.

Pero debates imprescindibles como estos requieren interlocutores razonables y un mínimo de equilibrio que estamos lejos de estar construyendo.