Para regenerar las instituciones de la democracia, por Francisco Sagasti

(*) Expresidente constitucional de la República.

El inicio de un nuevo año es momento de reflexión y propósito. Invita a revisar lo que nos ha sucedido y a plantearnos nuevos objetivos. El 2023 no ha sido un buen año para el Perú, hagamos todo lo posible para que el 2024 sea mejor.

El año que termina empezó con las secuelas de un fallido golpe de Estado, con un cambio de gobierno, con protestas sociales y con un saldo de decenas de fallecidos. Concluye con una crisis económica que afecta a los más vulnerables, con una demolición de las instituciones democráticas y con una exhibición de incompetencia, corrupción y cinismo por parte de numerosas autoridades políticas en los diversos poderes del Estado.

Los dos partidos políticos que se disputaron la segunda vuelta de las elecciones generales del 2021 han ejercido el poder durante los últimos dos años y medio. Uno lo hizo a través de un presidente elegido por estrecho margen. Luego de que este fuera vacado y sustituido por su vicepresidenta, el partido que perdió las elecciones en segunda vuelta ejerce el poder desde el Congreso con la anuencia del Poder Ejecutivo. En ambos casos han contado con el apoyo de congresistas y políticos que se han unido en pactos de conveniencia para obtener beneficios personales y eludir a la justicia.

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Estos dos Gobiernos y sus aliados han demostrado su incapacidad y desinterés en gobernar al país con transparencia, honestidad y respeto por los derechos humanos. Han puesto en evidencia que anteponen sus intereses personales al bien común y al bienestar de la población. Exhiben sin pudor su prepotencia, autoritarismo e inclinaciones delictivas, y nos tienen a todos como rehenes de sus ambiciones personales.

Con honrosas excepciones, tenemos un Poder Ejecutivo que vive de espaldas al país, avasallado por un Poder Legislativo con congresistas que destruyen la educación, la salud, la economía, el medio ambiente, los derechos humanos y la seguridad pública, además de demoler nuestras instituciones democráticas. Tenemos autoridades políticas que se ufanan de su ignorancia, con cuestionados trabajos académicos y acusados de plagio; funcionarios en los poderes del Estado que usan su posición para enriquecerse ilegalmente, cometer fechorías y proteger a delincuentes.

Las elecciones generales del 2021, en las cuales se eligieron al actual congreso y la fórmula presidencial, fueron limpias, transparentes y legales. Las acusaciones de fraude fueron desmentidas por las autoridades electorales, el Poder Judicial y las misiones internacionales de observación electoral.

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Sin embargo, “legalidad” no es lo mismo que “legitimidad”. La legitimidad de las instituciones estatales demanda al menos dos condiciones adicionales. Primero, que los gobernantes y representantes elegidos actúen para avanzar hacia el bien común, hacia el progreso y el bienestar de toda la población. Segundo, requiere del consentimiento y el apoyo de la ciudadanía, que emerge del buen proceder de sus gobernantes y representantes, así como de la identificación de la ciudadanía con ellos.

Ninguna de estas dos condiciones se cumple en la actualidad. Nos encontramos frente a un Congreso y un Gobierno que son legales, pero no necesariamente legítimos. Solo uno de cada diez ciudadanos encuestados los aprueba. Se han ganado el repudio generalizado por su manera de actuar.

Pero no tenemos que resignarnos a ser mal gobernados y representados. Es posible hacerlo mejor. Lo sé por experiencia.

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El Perú cuenta con todo tipo de recursos para hacer frente a las amenazas y aprovechar las oportunidades de los cambios en que estamos inmersos.

Tenemos una capacidad de resistencia, una fuerza para recobrarnos después de las crisis vividas a lo largo de nuestra historia. Contamos con una diversidad de ecosistemas, climas y especies biológicas; de minerales, bosques, suelos y pesquerías; de fuentes de energía y agua. Tenemos, además, una riquísima variedad de culturas, etnias e idiomas. Nos hemos recuperado de dictaduras, terrorismo, hiperinflación, recesiones y corrupción. Lo haremos nuevamente.

¿Qué hacer para revertir la difícil situación que enfrentamos al iniciarse el 2024?

Empecemos por mantener la ecuanimidad y la calma al expresar nuestro rechazo a la manera de gobernar de los numerosos incompetentes, prepotentes y egoístas que detentan el poder político en la actualidad. Debemos hacerlo de acuerdo con nuestras posibilidades y preferencias, de manera pacífica, sin violencia, dentro del marco legal, respetando a nuestros compatriotas, y denunciando los actos que estén fuera de la ley.

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Debemos revertir la labor de demolición emprendida por una mayoría de congresistas empeñados en destruir el equilibrio de poderes, designar autoridades cuestionadas y modificar las normas electorales para perpetuarse en el poder. La comunidad internacional puede ser de gran ayuda en el proceso de restaurar la plena vigencia de la institucionalidad democrática y el respeto a los derechos humanos.

Asimismo, es necesario concertar acuerdos políticos entre personas honestas y de buena voluntad, evitar la dispersión de candidaturas y crear las condiciones que garanticen la participación exitosa de los abanderados de la regeneración democrática en las próximas elecciones. Esto implica concretar alianzas entre partidos políticos con vocación de servicio público y presentar listas unificadas de candidatos.

En 1824, la batalla de Ayacucho selló la liberación del Perú y de América Latina. Que su bicentenario en 2024 nos libere de los intereses mezquinos de quienes detentan, por ahora, el poder político.