En una carta a los lectores publicada en La República, el señor Augusto Pretel hacía una invocación con sentido común a la presidenta Boluarte: “Nadie le pide que haga las cosas bien. Todos, o casi todos, le exigimos que no haga las cosas mal”. Esa poderosa frase tuvo mucha repercusión porque sintetiza la falta de expectativas ante el Gobierno y, lo que es aún peor, el temor a que ahonde la fractura social, extralimite la represión y siga acumulando víctimas de su violencia.
A estos temores, el peligro también se cierne sobre la economía. Hasta hoy, los únicos anuncios del Gobierno son largas “listas de lavandería”: wishful thinking, es decir, ilusiones y buenos deseos. Ante la emergencia climática por el ciclón Yaku, se anunciaron transferencias millonarias a Gobiernos regionales y locales. Al ser criticados por la población por su inoperancia, los alcaldes y gobernadores pusieron el grito en el cielo porque el MEF hablaba del dinero como ya entregado cuando aún no había ni levantado el candado legal para el uso de los fondos.
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Lo mismo ha ocurrido con El Niño Costero y El Niño Global. Para colmo de males, es tan ineficiente la comunicación del Estado, que no se entienden las acciones a ejecutarse y cuál es el rol del ciudadano, que es el destinatario fundamental del Gobierno.
Como la inversión ha caído, se requieren medidas detalladas y que se cumplan para atraer los capitales, y evitar que fuguen, ya que estos buscan estabilidad política y licencia social, que no es la paz de los cementerios que quieren imponer Boluarte y Otárola.
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La presidenta Boluarte dará su alocución anual obligatoria a las 11 de la mañana. Al inicio de su gestión planteó el adelanto de elecciones y lo dejó en manos del Congreso. Tres intentos fallidos mostraron que los parlamentarios no quieren irse y el Ejecutivo tampoco. Ella ha dicho que es un tema cerrado y que gobernará hasta el 2026. No se esperan novedades, mucho menos que hable de una potencial renuncia.
Sin embargo, hay una necesidad indiscutible de cambio al que aspira una mayoría en el país. Consultado una y otra vez en estos últimos 7 meses, el ciudadano común pide la salida tanto de Boluarte como del Congreso. Es una aspiración legítima que requiere canalizarse vía las protestas pacíficas y/o el recojo de firmas. Con un Gobierno sordo y un Parlamento acaparador, hay pocas esperanzas de rectificación y reorientación en mejores rumbos. Poco que celebrar este 28.