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Opinión

Blindaje de Año Nuevo

Se archiva caso de congresistas que viajaron con fondos públicos.

Editorial
Editorial

En una reedición de los blindajes que se otorgan unos a otros en el Congreso, ayer se envió al archivo el caso de los cuatro congresistas que se fueron a actividades particulares con pasajes pagados con fondos del Estado durante las últimas fiestas de Año Nuevo. En ninguno de los casos coincidió el viaje con la semana de representación.

Se trata de los parlamentarios Rosangella Barbarán, de Fuerza Popular; Nieves Limachi, de Cambio Democrático; Flavio Cruz Mamani, de Perú Libre; y Segundo Quiroz, de Bloque Magisterial; quienes hicieron viajes familiares al interior del país usando pasajes del Congreso.

La Comisión de Ética, que tiene carácter multipartidario, tiene como fin promover la práctica de la ética interna entre los congresistas. Situaciones como las que han protagonizado los cuatro legisladores mencionados tendrían que ser objeto de sanciones o señalamientos. Sin embargo, en este caso —como en otros— se producen blindajes a personajes que son afines a la mayoría congresal.

En cuanto a los cuatro congresistas, el archivamiento de los casos obedeció a un entendimiento entre Fuerza Popular y Perú Libre, que actuaron de la mano con otros partidos políticos que intervinieron en complicidad.

Ética también tendrá que ver de oficio la denuncia contra los congresistas apodados ‘Los Niños’, sobre los cuales existen denuncias fiscales y se han desarrollado investigaciones y allanamientos domiciliarios. Estos parlamentarios están acusados de haber formado parte del grupo que apoyó desde el Congreso las actividades ilícitas que se llevaron a cabo en coordinación con el expresidente Castillo y algunos ministros de Estado para obtener obras de construcción y otras prebendas, a cambio de respaldo en las votaciones congresales.

En otras comisiones y subcomisiones del Parlamento, también se llevan a cabo este tipo de blindajes entre congresistas afines. Es el caso de Enrique Wong, legislador de Podemos Perú, cuya sanción de suspensión por 120 días en la Comisión de Ética está encarpetada por más de nueve meses.

El caso se remite a una recomendación hecha por el parlamentario para que un asesor suyo ocupe un alto cargo en el gobierno de Pedro Castillo sin que reuniera las condiciones para hacerlo.

Luego de lo sucedido con la excongresista Luciana León, a quien se le eliminó en el Congreso el delito más complicado, hay que mantener una severa vigilancia ciudadana para evitar que se siga promoviendo el clima de impunidad desde un Parlamento tan desprestigiado como el actual.