¿Y la vivienda popular?
“Si quiere solucionar el problema, señor alcalde, tiene que promover programas de vivienda popular desde el municipio y exigir subsidios adecuados al ministerio...”.
El alcalde de Lima, en medio de la tragedia generada por el ciclón Yaku, exigió al primer ministro que declare intangibles las quebradas del Perú y que le den herramientas para que nadie viva en las quebradas y pueda desalojar inmediatamente a quienes están asentados en una.
El pedido del alcalde se basa en varios supuestos falsos y en graves prejuicios, muy clásico de López Aliaga. Analicemos algunos de ellos.
Para empezar, las quebradas que son zonas de riesgo no mitigable ya tienen carácter de zonas intangibles e inhabitables desde el 2017, no es necesario que el señor Otárola haga nada más, falta que el señor López Aliaga se informe. Esta declaración se da con la modificación de la Ley de reasentamiento poblacional tras los sucesos vividos en El Niño Costero. En esa misma modificación normativa se incorpora la figura de zona de riesgo recurrente, para que incluso las zonas de alto riesgo mitigable, pero que estén expuestas a peligros por fenómenos climáticos de manera periódica, también sean objeto de reubicación.
Entonces, las herramientas para poder determinar a las quebradas como zonas de riesgo no mitigable o de riesgo recurrente existen. De hecho, una gran cantidad fueron declaradas ya el 2017 como zonas de alto riesgo. Lo que no tiene él, ni la gran mayoría de alcaldes del país, es la decisión política de culminar de identificar las áreas aún no declaradas de riesgo, pero sobre todo de iniciar los procesos de reubicación o reasentamiento poblacional.
Y ahí encontramos el segundo problema con el pedido del alcalde. Él los quiere “desalojar”, no “reubicar”. Ambos son conceptos muy diferentes y parten de valoraciones opuestas sobre las personas que viven en zonas de riesgo. Muchas de las viviendas ubicadas en quebradas de alto riesgo tienen constancias de posesión de años atrás, tienen servicios esenciales como luz o algún sistema de acceso a agua. Varias incluso tienen títulos de propiedad. Es decir, las autoridades a lo largo de los años han permitido su asentamiento. Se puede decir que lo han promovido, pues nunca hemos tenido en el país una verdadera política de vivienda popular, social, dirigida a los sectores de menos recursos.
Las continuas ampliaciones de la ley de formalización de la propiedad por Cofopri son justamente la negación de una política de vivienda. Se decide seguir ampliando la lógica de invasión, posesión, formalización de lotes. Condenando a miles de familias a depender de traficantes de tierras y a vivir en riesgo permanente.
Si quiere solucionar el problema, señor alcalde, tiene que promover programas de vivienda popular desde el municipio y exigir subsidios adecuados al Ministerio de Vivienda.
La vivienda ha quedado reducida a una mercancía, no se reconoce el derecho que tenemos a una vivienda digna, en un hábitat seguro, conectado a centros laborales, de servicios y culturales. Nos niegan lo que hoy en el mundo se llama el derecho a la ciudad.
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