Paren la masacre, por Patricia Paniagua

Asistimos a horas aciagas para nuestro país debido a la agudización de la crisis política, a causa de las dolorosas cifras de muertes y heridos, tras la decisión deliberada del Gobierno de imponer la fuerza y descartar una salida política.

Terribles imágenes, de distintos lugares del país, dan cuenta de la masacre desatada por la represión y el uso desproporcionado de la fuerza que dejan a su paso, además, de un desgarrador saldo de vidas, la afectación de derechos fundamentales, la espera de los deudos y víctimas por justicia y la inadmisible impunidad con la que convivimos.

La situación a la que hemos llegado lejos está de vincularse con una errada lectura o torpeza del Gobierno, por el contrario, es expresión clara de abuso del poder, del respaldo de sus aliados y del aval mediático mayoritario a las narrativas criminalizadoras de la ciudadanía movilizada.

La nueva ola de protestas, alrededor de la convocatoria al paro nacional de este 19 de enero, ha confirmado no solo la brutal fuerza represora dispuesta a desplegarse, sino también que la lectura que hace este Gobierno está intencionalmente dirigida a negar la complejidad de la crisis, a polarizar, a bloquear toda posibilidad de análisis crítico y reflexión que permita distinguir los actos vandálicos de la legítima protesta y a negar reales reivindicaciones, indignación por las víctimas y exigencia de respeto por los derechos fundamentales de la ciudadanía.

Esto ha quedado reconfirmado con la inaceptable intervención de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, casa de estudios en la que estudiantes alojaban a manifestantes llegados a Lima para las movilizaciones. Los registros de video, compartidos por quienes se encontraban al interior, dan cuenta del abuso cometido, la ausencia de fiscales y el impedimento de asistencia jurídica. La criminalización de estudiantes y ciudadanía y la vulneración de la autonomía universitaria marcan una nueva línea transgredida, que no tiene ningún punto de retorno posible, y que colocan a este régimen, ya carente de toda legitimidad, fuera del margen de lo democrático.

En estas horas difíciles, queda claro la inviabilidad de este Gobierno. La memoria de las víctimas, sus alianzas con sectores que hicieron de la indolencia su único lenguaje y su acción estigmatizadora y represora de la ciudadanía movilizada han hecho agraviante e insostenible su permanencia, en tanto, nos cuesta vidas, vulnera derechos y goza de impunidad.

La renuncia de la presidenta y la conformación de una nueva Mesa Directiva del Congreso para una nueva sucesión constitucional es el primer y urgente paso para salir de esta espiral de crisis en la que las vidas de nuestros compatriotas, su indignación y sus anhelos de justicia no han encontrado espacio.

Paren la masacre, de inmediato, den paso a salidas que desescalen la crisis, como ciudadanía es lo que nos corresponde exigir. Basta.