Por Santiago Dammert
A pesar de su gravedad y de los impactos negativos que tiene sobre la calidad de vida de todos, la crisis del transporte sigue sin ser atendida. El calamitoso estado de la movilidad en Lima y las ciudades del país necesita una transformación ágil con resultados concretos, no una prolongación del actual sistema. La reforma del transporte es un paso en la dirección correcta, pero avanza a paso glacial y corre el riesgo de ser suprimida.
Lima es la ciudad con la peor calidad del aire en Latinoamérica, según un estudio reciente de la Universidad de Chicago, con el transporte como la principal fuente de emisiones contaminantes. Esto trae resultados catastróficos en cuanto a salud pública; según el mismo estudio la esperanza de vida al nacer se ha reducido en 4,7 años debido a la contaminación.
Según datos de Lima Cómo Vamos, en la capital más del 60% de pasajeros pasa más de 2 horas diarias en el transporte público. Esto suma más de 500 horas al año perdidas por persona, lo cual afecta gravemente la economía nacional y la calidad de vida de la ciudadanía.
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Está demás hablar de los terroríficos prontuarios de las combis asesinas, que desde hace años son una amenaza mortal por su comportamiento temerario. Por otro lado, de acuerdo al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, 7 de cada 10 mujeres han sido víctimas de acoso sexual en el transporte público. Ninguna campaña de concientización va a resolver esto: la misma informalidad del sistema de transporte genera distintos tipos de violencia que solo se podrán resolver mediante una reforma integral.
El sistema entero está corrompido; la liberalización emprendida en los noventa ha fracasado escandalosamente, y prolongar la informalidad actual solo nos mantendrá en el caos, la inseguridad, ineficiencia y precariedad. Sin embargo, avanzamos en sentido contrario y ningún político parece dispuesto a comprarse el pleito para que podamos contar con el servicio digno y seguro que necesitamos con urgencia.
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