Esto pasará con los inmigrantes en Estados Unidos con leyes de Trump para acelerar las deportaciones

Donald Trump, presidente electo de Estados Unidos, ha anunciado su intención de utilizar leyes históricas para acelerar el proceso de las deportaciones. Entre las normativas que planea revivir se encuentra la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, una herramienta que permitiría acelerar deportaciones bajo la justificación de una "invasión migratoria". Además, Trump ha sugerido invocar la Ley de Insurrección de 1807 para desplegar militares en la frontera, medida que enfrenta restricciones legales.

El objetivo de estas leyes es reforzar la seguridad nacional y combatir lo que Trump denomina "el enemigo desde dentro". Sin embargo, expertos y juristas advierten que el uso de normativas tan antiguas plantea serios desafíos legales y podría desatar conflictos judiciales, incluso con la actual Corte Suprema de mayoría conservadora.

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¿De qué tratan estas leyes y cómo aceleran la deportación de inmigrantes?

Entre las principales normativas que Trump busca implementar destacan:

• Ley de Enemigos Extranjeros (1798): esta ley permite al Gobierno federal deportar rápidamente a ciudadanos de países considerados "naciones hostiles" en tiempos de guerra o ante una amenaza de invasión. Fue utilizada por última vez durante la Segunda Guerra Mundial para internar a ciudadanos japoneses y de otros países, y ha sido criticada por su historial de violaciones a derechos civiles.
• Ley de Insurrección (1807): esta normativa autoriza al presidente a desplegar fuerzas militares dentro del territorio estadounidense para hacer cumplir la ley, incluyendo políticas migratorias. Según el profesor William Banks, experto en derecho de la Universidad de Syracuse, esta ley otorga "amplia discreción" al mandatario, pero su uso en tiempos de paz sería altamente polémico.

Trump también ha planteado la posibilidad de eliminar la ciudadanía por nacimiento, establecida en la Enmienda 14 de la Constitución. Esto afectaría directamente a los hijos de inmigrantes indocumentados, privándolos de un derecho histórico en Estados Unidos.

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¿Por qué Trump quiere implementar estas leyes para acelerar las deportaciones?

El presidente electo ha justificado la aplicación de la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 y la Ley de Insurrección de 1807 como una medida para enfrentar lo que considera una crisis migratoria en Estados Unidos. Durante un mitin en noviembre, Trump declaró: "Tuvimos que retroceder hasta 1798, porque en aquellos tiempos no se jugaba". Su discurso se enfoca en fortalecer la seguridad nacional y desmantelar redes de inmigración irregular.

Además, Trump busca revivir estas leyes como un símbolo de lo que denomina una época de "políticas fuertes" en la historia de Estados Unidos. Argumenta que normativas como la Ley de Enemigos Extranjeros permitirán "apuntar y desmantelar cada red criminal migrante que opera en suelo estadounidense".

A pesar de estas declaraciones, expertos señalan que implementar estas medidas enfrentará numerosos desafíos legales y logísticos. Katherine Yon Ebright, del Centro Brennan, advierte que aplicar la Ley de Enemigos Extranjeros en tiempos de paz podría ser considerado un abuso de poder.

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¿Desde cuándo existen estas leyes?

La Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 y Ley de Insurrección de 1807 que Trump planea utilizar tienen orígenes en los siglos XVIII y XIX. Entre ellas destacan:

• Ley de Enemigos Extranjeros (1798): fue promulgada durante la presidencia de John Adams como parte de las Leyes de Extranjería y Sedición. Aunque rara vez se ha utilizado, su historia está vinculada a momentos de crisis, como la Segunda Guerra Mundial.
• Ley de Insurrección (1807): esta normativa fue aprobada tras la Rebelión del Whiskey, un evento que marcó la necesidad de controlar levantamientos internos. Desde entonces, ha sido invocada en casos excepcionales, como durante los disturbios raciales de los años 60.
• Ley Comstock (1873): Aunque no está directamente relacionada con la migración, algunos aliados de Trump han sugerido revivir esta normativa para restringir el acceso a medicamentos abortivos, prohibiendo su envío por correo. Esta ley refleja la intención de la administración entrante de imponer políticas conservadoras en otros frentes sociales.