Inmigración en EEUU: Noem y el DHS denuncian públicamente a las jurisdicciones 'santuario' que se niegan a cooperar con ICE
Bajo la dirección de Kristi Noem, el DHS publicó una relación de zonas 'santuario' dentro del territorio estadounidense.
- Ciudadanía americana 2025: inmigrantes podrán naturalizarse en EEUU si cumplen con estos requisitos
- Redadas de inmigración en EEUU: el estado con más acuerdos 287(g) firmados para colaborar con ICE en la detención de inmigrantes
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos ha dado a conocer una lista que identifica a ciudades, condados y estados considerados "jurisdicciones santuario". Esta acción, impulsada por la administración de Donald Trump y la Secretaria del DHS, Kristi Noem, subraya una postura firme contra las políticas que, según la entidad, obstaculizan la aplicación de las leyes federales de inmigración.
La publicación de estas jurisdicciones responde a una Orden Ejecutiva firmada por el presidente Donald Trump el 28 de abril de 2025. Dicha orden instruye a la Secretaria Kristi Noem y a la Fiscal General Pam Bondi a identificar y resaltar públicamente a aquellas jurisdicciones que se niegan a colaborar con las autoridades federales de inmigración.
¿Qué son las 'ciudades santuario' en Estados Unidos?
Las ciudades 'santuario' en Estados Unidos son jurisdicciones locales o estatales que han adoptado políticas para limitar su cooperación con las autoridades federales de inmigración, como el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). El término hace referencia a diversas prácticas que buscan proteger a los inmigrantes indocumentados de ser deportados, a menudo prohibiendo que las fuerzas del orden locales pregunten sobre el estatus migratorio de una persona o negándose a cumplir con las solicitudes de detención de ICE.
El propósito de estas políticas, desde la perspectiva de sus promotores, es fomentar la confianza entre las comunidades de inmigrantes y la policía local, animando a las personas a denunciar delitos sin temor a ser interrogadas sobre su estatus legal. Sin embargo, desde la óptica del DHS y la administración de Donald Trump, estas jurisdicciones socavan el estado de derecho y ponen en peligro la vida de los ciudadanos y los agentes del orden al, según argumentan, resguardar a "extranjeros criminales ilegales".
Declaraciones de Kristi Noem sobre las jurisdicciones 'santuario'
Kristi Noem, Secretaria del DHS, ha expresado públicamente una postura enérgica respecto a las jurisdicciones 'santuario'. Ha manifestado el compromiso del departamento de "exponer" a estas jurisdicciones que, a su parecer, "desafían la ley" y hacerlas "responsables por no respetar el estado de derecho". Según Noem, los "políticos de las ciudades santuario" ponen en riesgo la seguridad de los estadounidenses y de los agentes de la ley al proteger a "extranjeros criminales ilegales violentos".
La Secretaria reafirmó la prioridad de la administración del presidente Donald Trump y la suya propia de salvaguardar siempre la seguridad del pueblo estadounidense. Sus declaraciones transmiten un mensaje contundente: "Los políticos santuario están avisados: cumplan con la ley federal". Esta retórica subraya la determinación del DHS de confrontar las políticas locales que no se alinean con la aplicación federal de las leyes de inmigración.
Jurisdicciones 'santuario' de Estados Unidos recibirán una notificación formal
Cada una de las jurisdicciones identificadas y listadas por el DHS como "santuario" recibirá una notificación formal. Este documento especificará su estado de no cumplimiento con las leyes federales de inmigración y detallará las posibles violaciones de los estatutos penales federales en las que podrían haber incurrido. El DHS demanda que estas jurisdicciones realicen una revisión y modificación inmediata de sus políticas para que se ajusten a las leyes federales de inmigración.
Asimismo, la exigencia incluye que renueven su compromiso de proteger a los ciudadanos estadounidenses, priorizando su seguridad sobre la de los "extranjeros ilegales peligrosos". Esta medida busca presionar a las autoridades locales a cambiar sus directrices y a cooperar de manera más activa con las agencias federales, en línea con la visión de la administración de Donald Trump sobre la aplicación estricta de las leyes migratorias en todo el territorio de Estados Unidos.
