Cámara de Representantes aprueba la Ley SAVE en Estados Unidos: de qué trata y a quiénes afectaría

La Cámara de Representantes de Estados Unidos, dominada por los republicanos, aprobó la controvertida Ley SAVE, cuyo propósito es exigir prueba documental de ciudadanía americana al momento de registrarse para votar en elecciones federales. La iniciativa, respaldada por el presidente Donald Trump, se presenta como una estrategia para proteger la integridad del proceso electoral, aunque organizaciones civiles y legisladores demócratas consideran que representa una amenaza al derecho al voto.

Según los republicanos, esta medida pretende evitar que inmigrantes no autorizados emitan votos, pese a que ya es ilegal que personas sin ciudadanía voten en elecciones federales. Para los críticos, se trata de una solución para un problema inexistente que podría restringir el acceso al voto a millones de ciudadanos, especialmente a quienes no cuentan con documentos de ciudadanía de fácil acceso.

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Ley SAVE: ¿qué propone y cómo afectaría el registro para votar en Estados Unidos?

La Ley SAVE (Salvaguarda de la Elegibilidad del Votante Estadounidense) establece que cualquier persona que desee registrarse para votar mediante el formulario federal deberá presentar una prueba física de ciudadanía. Entre los documentos aceptados se incluyen:

• Pasaporte estadounidense válido.
• Identificación con foto emitida por el gobierno junto con un certificado de nacimiento.
• Certificados de naturalización o ciudadanía.

El representante Chip Roy, republicano por Texas y promotor de la ley, defendió la iniciativa señalando que busca “restaurar la confianza pública” en el sistema electoral. Sin embargo, organizaciones como el Centro Brennan para la Justicia advierten que cerca del 9% de los ciudadanos en edad de votar (unos 21,3 millones de personas) no tienen estos documentos a mano, lo cual podría excluirlos del proceso electoral.

Oposición demócrata: millones podrían perder su derecho al voto en EE.UU.

Los legisladores demócratas han manifestado una fuerte oposición a la Ley SAVE, argumentando que obstaculiza innecesariamente el derecho al voto, especialmente entre comunidades de bajos recursos, adultos mayores y mujeres que han cambiado su nombre por matrimonio o divorcio.

Joe Morelle, demócrata por Nueva York, criticó la norma asegurando que "obligaría a los ciudadanos estadounidenses a un caos de papeleo". Un ejemplo reciente se registró en New Hampshire, donde una mujer no pudo registrarse para votar debido a que no contaba con su antiguo certificado de matrimonio para probar su cambio de nombre.

Kendall Scudder, presidente del Partido Demócrata de Texas, también denunció la ley: "La llamada 'Ley SAVE' no es más que otro intento de reducir nuestras libertades. Millones podrían quedar fuera del sistema electoral si se aprueba".

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Voto de inmigrantes y ciudadanía: ¿una amenaza real o exagerada?

Pese al énfasis republicano en evitar el voto de inmigrantes indocumentados, la evidencia demuestra que esta práctica es extremadamente rara y ya penalizada con delitos graves y deportación. En palabras de Adrian Fontes, principal funcionario electoral de Arizona: “Esto es una solución en busca de un problema. Lo que están haciendo es capitalizar el miedo basado en una mentira”.

El antecedente más cercano ocurrió en Kansas, donde una ley similar aprobada en 2011 bloqueó la inscripción de más de 31.000 votantes elegibles. El tribunal federal declaró inconstitucional esa medida y fue desactivada en 2018, sirviendo ahora como advertencia de las consecuencias de políticas restrictivas.