Los hermanos Menéndez sin respaldo de la Fiscalía, presentarán este viernes su defensa en busca de una nueva sentencia

A más de treinta años del brutal asesinato de sus padres en su residencia de Beverly Hills, los hermanos Menéndez vuelven al centro del escenario judicial de Estados Unidos. Este viernes y sábado, una audiencia podría definir si su condena a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional se modifica, pero lo hacen sin el respaldo de la fiscalía, lo que reduce drásticamente sus probabilidades de éxito.

Erik y Lyle Menéndez, quienes desde 1996 purgan una pena máxima, buscan que se reconsidere su caso argumentando la existencia de pruebas nuevas que apuntan a un contexto de abuso sexual infantil perpetrado por su padre, José Menéndez. La defensa sostiene que este factor habría motivado el crimen y que no fue un asesinato premeditado, sino una reacción desesperada tras años de violencia familiar.

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¿Qué factores políticos han influido en la lucha de los hermanos Menéndez por una nueva sentencia?

Durante el año pasado, el caso judicial experimentó un giro significativo cuando George Gascón, exfiscal general del condado de Los Ángeles, decidió reabrir el expediente de los hermanos. Gascón, conocido por su visión progresista de la justicia penal, consideró relevante el testimonio de un extrabajador de la familia Menéndez que afirmó haber sido víctima de abuso sexual por parte de José Menéndez. Esta nueva versión fortalecía la posibilidad de otorgar clemencia o reconsiderar la condena impuesta hace casi treinta años.

Además, el apoyo institucional a una petición de indulto presentada al gobernador de California, Gavin Newsom, pareció abrir una vía alternativa para lograr la liberación inmediata de los hermanos. Newsom, quien tiene la potestad constitucional de otorgar perdones, recibió el documento que será resuelto el próximo 13 de junio. De aprobarse, los condenados quedarían en libertad sin pasar por más instancias judiciales.

Sin embargo, las elecciones de noviembre pasado trastocaron los planes de Erik Menéndez y Lyle Menéndez. Gascón no consiguió la reelección y su lugar fue ocupado por Nathan Hochman, quien asumió funciones con una postura mucho más severa frente a delitos graves. Hochman prometió endurecer las políticas de justicia penal y rápidamente dejó en claro que no apoyaría una revisión del caso Menéndez. Su llegada marcó el fin del impulso que la defensa había conseguido y reinstaló una visión conservadora sobre las decisiones judiciales en California.

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¿Por qué el nuevo fiscal general, Nathan Hochman, se opone a una revisión de la condena de los hermanos Menéndez?

Nathan Hochman ha sido categórico en su rechazo a reabrir el caso. Alega que, pese a las pruebas nuevas presentadas por la defensa, los hermanos Menéndez han construido su estrategia procesal sobre una base de falsedades. La fiscalía identificó 20 mentiras en sus testimonios originales, de las cuales solo cuatro han sido reconocidas públicamente. Las 16 restantes, según Hochman, siguen sin explicación, lo que demuestra la falta de rehabilitación real de los condenados.

Desde esta óptica, la nueva sentencia solicitada no tiene fundamento. Para el fiscal, los Menéndez no han mostrado arrepentimiento genuino ni han aclarado aspectos cruciales del asesinato. Esta postura debilita también la solicitud de clemencia ante Gavin Newsom, quien difícilmente otorgará el perdón si la fiscalía estatal no respalda la solicitud.

En caso de que la audiencia no falle a su favor, la única alternativa viable sería presentar un recurso de habeas corpus, basado en la aparición de evidencia inédita. No obstante, Hochman también cuestiona la validez de estas nuevas pruebas, reduciendo aún más las opciones de los hermanos.

La familia Menéndez, mientras tanto, continúa defendiendo la versión de un crimen motivado por el abuso sexual, y apela al impacto emocional que la serie de Netflix ha generado en una nueva generación de espectadores. La presión social es evidente, pero el sistema judicial estadounidense, especialmente en un estado como California donde las tensiones entre política judicial y derechos humanos son intensas, no se guía por la empatía mediática.