Gobierno retira la seguridad policial a la suspendida fiscal de la Nación, Delia Espinoza

El ministro de justicia, Juan José Santiváñez, la presidenta Dina Boluarte y la Policía Nacional no le perdonan a la suspendida fiscal suprema y fiscal de la Nación, Delia Espinoza las investigaciones iniciadas contra ellos y sus allegados. A pocas horas de que la Junta Nacional de Justicia decidiera suspenderla, el gobierno le notificó a Espinoza que a partir de este mismo momento queda sin ningún efectivo de resguardo policial, queda absolutamente desprotegida.

Le retiran el 100% de la seguridad, lo que no había sucedido con ningún otro fiscal supremo suspendido anteriormente. El resguardo policial como ex alta autoridad pública permanecía en su domicilio y sus desplazamientos durante un tiempo más. El viernes, por la mañana, en previsión de lo que decidiera la Junta Nacional de Justicia, la aun fiscal de la Nación le solicitó públicamente al ministro del Interior, Carlos Malaver Odias mantener la seguridad policial, teniendo en cuenta las investigaciones que había desarrollado su despacho.

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"En tal sentido, debo precisar que en el desarrollo de mis funciones como Fiscal de la Nación he tenido a mi cargo investigaciones sobre presuntas organizaciones criminales de alta complejidad, por lo cual, a fin de resguardar mi vida e integridad personal, le solicito que se mantenga el equipo de seguridad que tengo asignado para mi resguardo individual y de mi domicilio", reiteró Espinoza, en un oficio que dirigió a Malaver Odias, el mismo viernes, 19 de septiembre, por la tarde.

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La respuesta llegó esta mañana, confirmando los peores temores de la suspendida fiscal de la Nación. El comandante PNP Marco Antonio Romero Camarena, jefe del Departamento de Protección de Funcionarios del Estado y Personalidades de la Policía Nacional del Perú, le comunicó que por encargo del Director de Seguridad del Estado se procede a suspender el servicio de seguridad y protección.

"Por especial encargo del coronel (E), Director de Seguridad del Estado, es honroso dirigirme a usted, a fin de hacer de su conocimiento que de conformidad a lo establecido en el Decreto Supremo N° 004-2022-IN y Directiva N° 007-2022-IN-DIRSEEST-PNP se procederá a suspender el servicio de seguridad y protección que este Departamento de Protección de Funcionarios y Personalidades del Estado venía brindándole", indica el oficio N° 771-2020-DIRNOS-PNP-DIRSEEST-DICPRODIG-DEPPFEP.

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El oficio remitido por la PNP cita expresamente la disposición de la JNJ, que ordenó la suspensión de la fiscal de la Nación por un periodo de seis meses. Bajo este argumento, se determinó que Espinoza ya no contaba con las condiciones legales para recibir la protección policial destinada a funcionarios en ejercicio. Con esta decisión, la fiscal suspendida queda sin un resguardo que resulta clave frente a posibles amenazas contra su integridad física y la de su familia.

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Defensa legal de Delia Espinoza cuestionó suspensión y aseguró que la fiscal es "incómoda para el poder"

El abogado de Delia Espinoza, Luciano López, cuestionó la decisión de la Junta Nacional de Justicia y la calificó como una muestra de irregularidad dentro de dicho organismo. Sostuvo que la medida de suspensión por seis meses responde a que su defendida resulta incómoda para los grupos de poder.

"Es un contexto en el cual la señora Espinoza, al menos a la luz de las cifras y de los y de las carpetas fiscales, al parecer es muy incómoda para el poder. Porque estamos hablando de investigaciones contra la alta corrupción en el poder público y eso es bastante grave", declaró vía RPP.

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López precisó que Espinoza no pretende resistirse a la resolución y que respetará el proceso de sucesión que corresponda. Señaló que será la Junta de Fiscales Supremos la que defina quién asumirá temporalmente el cargo en el Ministerio Público.

Asimismo, advirtió que la medida se produce en un contexto en el que Espinoza encabezaba investigaciones sensibles sobre casos de corrupción. A su juicio, esto refuerza la percepción de que la suspensión tiene un trasfondo político más que legal.