Los políticos temerosos y socios facilitaron la fuga a Hinostroza.,La fuga del exvocal supremo César Hinostroza patentiza la impunidad, interminable drama de la república protagonizado por los poderosos que cometen delitos y son requeridos por la justicia y la evaden. En este caso, el acto ha sido perpetrado por un vocal de la Corte Suprema, la máxima instancia del sistema de justicia, hasta hace poco un magistrado al que el Estado le había confiado la delicada responsabilidad de decidir sobre la verdad de las controversias, con idoneidad y certeza. Este juez supremo traicionó el encargo y se convirtió en el cabecilla de una banda que incluye a otros poderosos, algunos todavía en sus cargos. Dirigió una red criminal que traficaba con sentencias, nombramientos y apoyo a políticos y empresarios en apuros judiciales. Al momento de ser desarticulada, la banda ‘Los Cuellos Blancos del Puerto’ había alcanzado, por lo menos, a seis instituciones: el Poder Judicial, el Congreso, el Consejo Nacional de la Magistratura, el Ministerio Público, el Jurado Nacional de Elecciones y la Oficina Nacional de Procesos Electorales. Pero este drama tiene otros protagonistas, los fiscales, jueces y policías que los descubrieron, y los periodistas que revelaron su existencia antes de que el sistema ahogue la investigación. En otra ubicación son también protagonistas los que tendieron sobre la banda, y especialmente sobre Hinostroza, una red de impunidad. La fuga del exvocal es una consecuencia de ese afán de impunidad. Es cierto que sobre el hecho específico de la fuga –su salida del país por la frontera norte con la complicidad de una empleada de Migraciones- existe una responsabilidad innegable del sector Interior y, en ese sentido, es correcto que el ministro del área haya renunciado. Sin embargo, no puede olvidarse el esquema de protección a Hinostroza ejecutado en el Congreso desde el primer momento de la revelación de los audios que lo comprometían. El Congreso demoró el procedimiento de acusación constitucional más de dos meses, y cuando votó su destitución suprimió la acusación referida al delito de crimen organizado, que solo lo incluyó luego de que la opinión pública reclamase indignada. No debe olvidarse que la vocera de Fuerza Popular, Úrsula Letona, adujo que era imposible acusar a Hinostroza por crimen organizado por deficiencias del texto acusatorio. Ella y su bancada tuvieron que volver sobre sus pasos y palabras. No se puede ignorar tampoco que el expediente del juez destituido fue retenido por la Mesa Directiva 12 días y que el fiscal de la Nación se olvidó de solicitarlo, una consecuencia de la abierta complicidad entre este funcionario y la bancada fujimorista. Hinostroza está en España y su retorno al Perú se complica, pero no olvidemos que son los políticos temerosos de sus revelaciones los que le abrieron las puertas para que huya. Podrán usarse millones de palabras y toneladas de papel para decir lo contrario, pero es claro que una vez más los poderosos han conseguido que uno de los suyos evada la justicia. Se llama impunidad.
