Terrorismo, por César Azabache Caracciolo

Terrorismo. La solicitud de facultades delegadas propone emplear esta construcción como eje de los nuevos componentes legales de la seguridad que el gobierno pretende ensayar. Pero el recurso, puramente nominal en su fundamento, parece bastante poco útil si no va acompañado de dispositivos prácticos reales que el gobierno o no encuentra o prefiere no encontrar.

La exposición de motivos de la solicitud muestra los límites de la propuesta: introducir la voz “terrorismo” en esta área tiene por único objeto “declarar y clasificar” organizaciones violentas. Etiquetarlas. Algo que aparentemente se quiere hacer porque, eso dice el documento, se ha hecho en El Salvador, en Argentina y en Ecuador. El gobierno agrega que el uso de esta construcción permitirá organizar la intervención de las Fuerzas Armadas contra organizaciones violentas. Pero no nos dice por qué. Ya hay elementos del Ejército destacados en Pataz y, para instalarlos allá, no ha sido necesario cambiarle el nombre a nada.

Tratar al crimen organizado violento como se trata “a terroristas” suena sugestivo, pero no tiene ningún contenido práctico concreto que justifique instalar este debate en medio de un pedido de facultades delegadas.

La solicitud pide al Congreso autorización para incrementar penas que ya han sido elevadas varias veces. Agrega que quiere simplificar los procedimientos para estos casos y mover las zonas en que se deben procesar organizaciones criminales violentas. Pero, en esta parte de la solicitud, el gobierno no parece haber notado que ambos mecanismos, la simplificación y la transferencia de competencias, ya existen. De hecho, lo que se requiere para activarlos es tener casos legales bien hechos. En esta parte, los problemas que arrastramos no son normativos, sino de gestión de procesos policiales y legales, de eficiencia en la coordinación entre policías y fiscalías, un área que el Congreso anterior dañó sensiblemente.

Pasa algo semejante con otra idea incluida en la solicitud: crear un régimen de vigilancia postpenitenciaria. El gobierno propone un registro para condenados de alta peligrosidad que se sostenga después de que sus condenas se cumplan. Esta última idea merece ser discutida. Pero ¿es una delegación de facultades el espacio para desarrollar ese debate? La cuestión es compleja. De hecho, supone capacidades administrativas que no tenemos. La vigilancia postpenitenciaria requiere dispositivos como las tobilleras electrónicas. Y el sector Justicia tiene un retraso de 16 años en la implementación de procedimientos de vigilancia que las incluyan. Si no podemos comprarlas, ¿cómo esperamos expandir su uso?

Cambiar los nombres de las cosas tiene sentido cuando intentamos representar el inicio de un ciclo nuevo claramente definido. Tengo objeciones técnicas al uso de la denominación terrorismo para este tipo específico de organizaciones violentas, porque en el lenguaje contemporáneo esa construcción se emplea para cosas distintas, para el terrorismo internacional especialmente. Usar la misma denominación para dos cosas distintas es siempre una pésima idea. Pero mis reservas tendrían que ceder si la propuesta tuviera un sentido claro. Evocar, de alguna manera, lo que la Policía hizo frente al terrorismo de los años ochenta y noventa, por ejemplo, sería darle a este debate un sentido.

Entre 1983 y 1991 se formó entre nosotros un cuerpo de inteligencia e investigación altamente especializado y profesional, libre de ataduras políticas, que no fue afectado por la corrupción. Me refiero a la DIRCOTE, que incorporó al GEIN y se convirtió en una Dirección Nacional. Todo antes del golpe de abril de 1992, por cierto. Ese es el proceso que condujo a la captura de Abimael Guzmán.

Naturalmente, para lograr un resultado que justifique la evocación, habría que introducir todas las diferencias que genera la distancia entre un ciclo y otro: hoy enfrentamos una malla desconcentrada de organizaciones violentas orientadas por la acumulación de dinero. Estas organizaciones no están articuladas ideológicamente y cuentan con una capacidad de corrupción que ni Sendero ni el MRTA tenían. Estas organizaciones se abastecen de armamento en mercados clandestinos y lavan el dinero que generan. Están vinculadas a los circuitos de economías ilegales que no estamos abordando y que podrían estar corrompiendo a las fuerzas de seguridad. Un cuerpo profesional aplicado a la lucha contra la actual criminalidad violenta tiene que ser capaz de hacer contrainteligencia sobre las propias fuerzas de seguridad: una tarea que parece difícil para un gobierno que promueve el velo que representa la justicia policial.

El cambio de aproximación frente a la criminalidad violenta organizada actual no es, contra lo que ha sostenido el primer ministro, el señor Galarreta, una cuestión que dependa de facultades delegadas. Es, antes que nada, una cuestión de decisión política, organización policial y liderazgo.

Aquí aparecen las herencias que traban la capacidad de maniobra del gobierno actual. El último intento registrado de construir un núcleo policial de investigación altamente especializado e independiente estuvo asociado a la DIVIAC y al Equipo Especial de fiscales contra la corrupción en el poder. La coalición de la que procede el gobierno actual terminó desactivando ambos equipos cuando pasaron a enfocarse en los casos de la fiscal Benavides y, después, en el entorno de la señora Boluarte.

El gobierno podría crear un cuerpo policial independiente que se articule a las fiscalías de criminalidad organizada, en un esquema instalado fuera de las leyes de autonomía policial que impuso el Congreso anterior y validó, en parte, el Tribunal Constitucional. Pero ¿quiere realmente el gobierno un cuerpo policial independiente en estos casos? Porque para instalarlo no necesita facultades delegadas.